La juez del caso Stratvs ha exigido a Juan Francisco Rosa una fianza de casi 900.000 euros, que deberá depositar antes de que se celebre el juicio. De esa suma, 267.000 euros son para cubrir las multas a las que puede ser condenado, y 405.426 por la suma que se le podría imponer en concepto de responsabilidad civil. A ambas cifras, se les suma un tercio más, tal como establece la Ley de Enjuiciamento Criminal.
Además, la juez reclama también una elevada fianza al arquitecto de la bodega, Miguel Ángel Armas Matallana. En total, Armas deberá depositar 636.568 euros (72.000 en concepto de multas y 405.426 en concepto de responsabilidad civil, más un tercio añadido de cada cantidad). "Todo ello", aclara la juez, "sin perjuicio de los incrementos que procedan ulteriormente sobre las cantidades en concepto de intereses de demora, intereses legales y procesales y moratorios".
En su auto, en el que ordena la apertura de juicio oral, la juez da cinco días hábiles a Rosa y a Armas Matallana para depositar esta fianza. Si transcurrido ese plazo no cumplen con el requerimiento, la juez ordena que se embarguen bienes de su propiedad "en cantidad suficiente para cubrir dicha suma".
Buena parte de esa cifra responde a la suma que tendrían que abonar a la familia Negrín, personada como acusación particular, en caso de ser condenados. Entre otras cosas, los Negrín denuncian que Rosa usurpó terrenos de su propiedad para levantar el macrocomplejo Stratvs, que el empresario realizó careciendo de licencia para ello y en un suelo del que ni siquiera era titular.
Entre 15 y 21 años de prisión
Junto a Juan Francisco Rosa y Miguel Ángel Armas, en el banquillo se sentarán otras 15 personas, incluyendo cargos públicos y funcionarios del Ayuntamiento de Yaiza, del Cabildo de Lanzarote y del Gobierno de Canarias. Las mayores penas se solicitan para Rosa y Armas. Para el empresario, la Fiscalía pide 15 años de prisión, además de las multas y la responsabilidad civil, mientras que la acusación popular reclama 21 años de cárcel.
En cuanto a Armas, tanto la Fiscalía como el resto de acusaciones le piden 10 años de cárcel por presuntos delitos de falsedad documental, delitos contra la ordenación del territorio y el medio ambiente, un delito contra el patrimonio histórico y otro de usurpación.
Además de ser el arquitecto de la bodega y dueño de una parte de los terrenos donde se levantó Stratvs, el sumario de la causa apunta a Miguel Ángel Armas como una pieza clave en el "permanente engaño" que según la Fiscalía rodeó a la construcción de la bodega. Un "engaño" que va desde la titularidad de los terrenos, que no pertenecían a Rosa, hasta la "ocultación del promotor real" en las primeras solicitudes de permisos (que se tramitaron a nombre de la mujer de Armas), e incluye también presuntos delitos de falsedad documental, con supuestas alteraciones incluso en el Catastro.
