La consejera de Vivienda del Gobierno de Canarias, Inés Rojas, ha confiado en que la nueva Ley Canaria de Vivienda entre en vigor en "cuatro o cinco meses" y sirva para paralizar "casi 9.000 expedientes de desahucios" y para evitar que una familia en emergencia social sea dealojada de su casa. "Estamos pensando incluso en habilitar en verano el Parlamento para que la Ley pueda entrar cuanto antes y esté operativa en breve", ha defendido la consejera en una entrevista en Radio Lanzarote-Onda Cero.
Canarias no puede legislar por medio de un decreto ley, como sí hizo Andalucía, y tendrá que modificar la Ley Canaria de Vivienda para que le permita al Gobierno autónomo expropiar el uso por tres años a los bancos de las viviendas de los desahuciados. El Ejecutivo canario modificará esta Ley para que le permita tener también competencia en vivienda libre, porque "dada la situación que hay actualmente, se hace absolutamente necesario", ha señalado Rojas.
Con esta medida, Rojas ha explicado que "se evitará no que el banco se quede con la casa, pero sí que una familia que esté en emergencia social no pueda ser desalojada". En este sentido, ha explicado que el Gobierno "expropiará el uso de la vivienda por un justiprecio, que hará que las familias puedan quedarse en la vivienda pagando una cantidad simbólica al mes".
"Imaginemos una vivienda con una hipoteca de 100.000 euros. Hablaríamos de un justiprecio de un dos por ciento, de 2.000 euros al año lo que le costaría la vivienda a esas personas. Queremos que las familias no paguen nunca más del 25 por ciento de sus ingresos por una vivienda. El resto sería abonado por la Comunidad Autónoma", ha indicado la consejera.
Dinamización de viviendas vacías
Aunque quizá la medida de la expropiación del uso de la vivienda haya llamado más la atención, la consejera de Vivienda ha señalado que "la dinamización de viviendas vacías" es una iniciativa "muy importante y estructural". "Hay inmobiliarias, entidades financieras y empresas que tienen un número ingente de viviendas vacías con las puertas cerradas. Vamos a provocar la creación de herramientas para que quienes tengan las viviendas vacías las pongan en el mercado de alquiler a unos precios sociales", ha explicado Rojas, que ha querido dejar claro que esta Ley no afectará "a las personas físicas" que tengan casas vacías.
Para crear estas herramientas, el Gobierno de Canarias realizará "una medida incentivadora por la vía de la fiscalidad" y una medida "sancionadora", es decir, "una multa a aquellas empresas que no pongan a disposición del mercado sus viviendas vacías". Además, el Ejecutivo canario aprovechará para realizar un registro de viviendas vacías, puesto que "no existen datos fiables".
Inés Rojas ha defendido esta medida del Gobierno de Canarias porque "las leyes no pueden quedarse atrás y, en este caso, se han quedado atrás de lo que demandaba la sociedad".
