El Juzgado de lo Penal Número 1 de Arrecife ha dictado este jueves la primera sentencia condenatoria del caso Unión, y lo ha hecho sin que la causa llegara siquiera a juicio. Y es que el único imputado en esta pieza, el ex alcalde de Yaiza José Francisco Reyes, ha reconocido los hechos y ha mostrado su conformidad con la pena solicitada por la Fiscalía.
Tal como adelantó en su momento La Voz, Reyes firmó el pasado 11 de noviembre su conformidad con el escrito de acusación del fiscal Javier Ródenas, que estaba pendiente de ser ratificado ante el Juzgado. Para ello se ha convocado una vista este jueves en el Juzgado de lo Penal que debía haber celebrado el juicio. Y según han confirmado a La Voz desde la Fiscalía de Medio Ambiente de Las Palmas, en esa vista Reyes se ha ratificado en su confesión y ha aceptado la condena, por lo que en ese mismo momento se ha dictado la sentencia "in voce".
El fallo, que ya es firme, impone al ex alcalde una pena de seis meses de prisión y 12 años de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito de prevaricación, al conceder licencias ilegales para la construcción del chalet de Carlos Morales y Alexia de Grecia. La sentencia, además, declara nulos esos permisos que Reyes concedió al primo político del Rey de España.
Al aceptar el acuerdo con la Fiscalía, Reyes ha evitado el juicio y ha logrado rebajar la pena que inicialmente se solicitaba, y que era de dos años de prisión. Para José Francisco Reyes ésta es ya la segunda condena por prevaricación, y además aún tiene a sus espaldas otras causas penales. En la de mayor envergadura, el caso Yate, por la concesión masiva de licencias ilegales en Playa Blanca, la Fiscalía le pide 25 años de cárcel.
El giro de la defensa
La conformidad de Reyes y de su defensa, representada por Juana Fernández de las Heras, contrasta con la estrategia seguida hasta ahora en el caso Unión por esta misma letrada y por su padre, Felipe Fernández Camero, que también está imputado en la causa. Hasta ahora, en otras piezas, tanto Juana Fernández como Camero han centrado su defensa en solicitar la nulidad de la causa, alegando supuestas irregularidades en la instrucción.
En el primer juicio que el pasado viernes quedó visto para sentencia, por los pagos presuntamente fraudulentos a Francisco Rodríguez Batllori, Fernández de las Heras representaba a una de las acusadas (la ex concejal de Arrecife Luisa Blanco) y solicitó que se declararan nulas las pruebas y la causa entera, basándose en esas supuestas irregularidades que denuncian varios acusados, incluyendo a Fernández Camero. Sin embargo, en esta otra pieza contra Reyes, que surge de la misma causa, la abogada firmó junto a su cliente el escrito de conformidad, y lo ha ratificado este jueves ante el Juzgado.
Además de Reyes, en la vista ha estado también presente el fiscal de Arrecife asignado al área de Medio Ambiente de Las Palmas, Ignacio Stampa, que estuvo en el inicio del caso Unión y sigue llevando la instrucción de dos piezas. En ésta, se ha encargado de representar durante la vista a Ródenas, que es quien ha llevado esta pieza durante toda la instrucción y quien firma el escrito de acusación. En cuanto a la defensa de Reyes, en esta ocasión no ha acudido a la vista Juana Fernández sino su hermano, Felipe Fernández de las Heras.
"Plenamente consciente de la ilegalidad"
Los hechos por los que ha sido condenado Reyes se remontan al año 2005, cuando Carlos Morales pidió al Ayuntamiento de Yaiza una licencia municipal de obra mayor sobre proyecto básico, para la construcción de una vivienda unifamiliar en la calle Barranco del Agua, ubicada entre los planes parciales de Puerto Calero y Cortijo Viejo.
El 5 de diciembre de 2006, según el escrito de Fiscalía que ha sido aceptado por Reyes, el entonces alcalde firmó un decreto concediendo esa licencia, pese a que era "plenamente consciente de la ilegalidad de su concesión" e incluso contaba con informes contrarios, tanto del secretario como del aparejador de la Oficina Técnica, que se lo advertían.
Lo mismo sucedió después con una segunda licencia concedida por Reyes, ya para la ejecución del proyecto definitivo, que también se otorgó con informes técnicos negativos, "obviando las más elementales normas procedimentales administrativas, vulnerando las más básicas reglas de obligada observancia impuesta por la normativa urbanística aplicable, prescindiendo de los trámites esenciales en el otorgamiento de las licencia" y "sin contar con el informe preceptivo y vinculante de compatibilidad con el PIOT a emitir por el Cabildo de Lanzarote", según sostiene el escrito de acusación de la Fiscalía, con el que el ex alcalde ha mostrado su conformidad.
La vivienda ilegal y el nuevo Plan General
Durante la instrucción, el propio Morales llegó a estar imputado por un delito contra la Ordenación del Territorio y otro de inducción a la prevaricación urbanística. El segundo se terminó archivando, al no tener pruebas que acreditaran esa supuesta influencia sobre Reyes para que le otorgara licencias ilegales. En cuanto al primero, la juez que entonces instruía la causa, María Jesús Hernández Elvira, también decidió archivarlo, al entender que Carlos Morales podría haber incurrido en una infracción administrativa, pero no en un delito.
Lo que sí ha hecho la sentencia es declarar ilegales las licencias de su chalet. Sin embargo, cabe recordar que el nuevo Plan General de Yaiza recalifica ese suelo, por lo que Carlos Morales podría iniciar ahora el procedimiento para regularizar la vivienda, solicitando una nueva licencia en virtud del Plan General en vigor.
