Los dueños de las casas afectadas por el nuevo deslinde se reunirán con un abogado para decidir qué medidas tomar. Además, el Ayuntamiento de Yaiza asegura que ya ha recurrido ante la Audiencia Nacional

Los vecinos de El Golfo califican de "injusta" y "arbitraria" la decisión de Costas que hace peligrar casi la totalidad del pueblo

La zona de deslinde aprobada por la Dirección General de Costas afectará a 1.070 metros de longitud comprendidos entre el Charco de los Clicos y el final del núcleo de El Golfo. Esta demarcación abarca casi a la ...

19 de septiembre de 2006 (22:09 CET)
Los vecinos de El Golfo califican de injusta y arbitraria la decisión de Costas que hace peligrar casi la totalidad del pueblo
Los vecinos de El Golfo califican de injusta y arbitraria la decisión de Costas que hace peligrar casi la totalidad del pueblo

La zona de deslinde aprobada por la Dirección General de Costas afectará a 1.070 metros de longitud comprendidos entre el Charco de los Clicos y el final del núcleo de El Golfo. Esta demarcación abarca casi a la totalidad del emblemático pueblo ya que la franja pasaría a estar a 150 metros hacia el interior. Los vecinos ya han anunciado que no se quedarán de brazos cruzados y tienen previsto reunirse con un abogado el próximo sábado para determinar las actuaciones judiciales que impidan la pérdida de sus casas y locales.

Aunque no es la primera vez que El Golfo se enfrenta a un deslinde, la noticia ha sorprendido a los vecinos, que no comprenden la delimitación y denuncian que las cartas se hayan enviado de forma aleatoria. "Entenderíamos que el límite se pusiera en la carretera", reconoce el propietario de un restaurante que se encuentra en la zona afectada, "sin embargo hay vecinos que viven más cerca del volcán que de la costa y también han recibido la notificación. Sólo se salvan cuatro o cinco casas". Además denuncia que algunas edificaciones que se encuentran en la misma línea que sus locales no han recibido ninguna carta.

El pasado fin de semana se reunían más de 70 propietarios para tener una primera toma de contacto y acordar algunas de las actuaciones con el fin de impedir que sus propiedades se vean afectadas por una decisión que consideran "injusta", ya que el expediente de deslinde que ahora se hace efectivo comenzó en 1993 y muchas de las casas son anteriores.

A principios de la década de los 90, la Dirección General de Costas autorizó la incoación del expediente y ordenó la suspensión cautelar del otorgamiento de licencias de obra en toda la zona. En su momento, los organismos consultados no emitieron informe con lo que se entendió consentida su conformidad.

En la resolución, el Ministerio ordena a la Demarcación de Costas de Canarias que inicie las "actuaciones contundentes a rectificar las situaciones jurídicas contradictorias con el deslinde aprobado". Pero los vecinos no saben de momento qué es lo que va a ocurrir. Han contratado a un abogado especializado que viene expresamente de Valencia y que desde este martes se encuentra en la localidad recopilando información para decidir los pasos a seguir en el procedimiento. La intención es recopilar fotos antiguas o cartas de otros deslindes para determinar que casas quedan fuera de la demarcación.

Respuesta del Ayuntamiento de Yaiza

De momento, los vecinos se quejan por no haber recibido el apoyo de la Administración local. En la pasada reunión no asistió ningún representante de la Corporación. Para la que se celebrará el próximo sábado ya han sido invitados, pero sólo ha confirmado su asistencia la oposición. "Hemos oído que tiene intención de convocar una reunión con todos los afectados y que van a poner un gabinete jurídico a nuestra disposición pero nadie nos ha avisado oficialmente", explica otro propietario de un restaurante situado en el deslinde.

En cambio, el Ayuntamiento de Yaiza confirma que tiene recurrido ante la Audiencia Nacional la orden ministerial de la Dirección General de Costas. Además, el alcalde de Yaiza, José Francisco Reyes, asegura que ha ordenado a los servicios jurídicos municipales personarse en el proceso judicial que los vecinos afectados pretenden interponer ante los tribunales, pues el tramo que corresponde a un núcleo urbano con la entrada en vigor de la Ley 22/1988 conocida como Ley de Costas sería de 20 metros.

La Corporación también ha confirmado que se reunirá con los vecinos afectados esta semana para informarles y asesorarles sobre los trámites a seguir para evitar lo que han calificado como "atropello" por parte del Ministerio de Medio Ambiente y su Dirección General de Costas.

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