La polémica por la cancelación del Sunset Arrecife, tras la que Miguel Ángel Leal fue destituido como técnico de Turismo del Ayuntamiento, podría terminar en los tribunales. En un duro escrito dirigido a la alcaldesa, Leal exige recuperar su puesto y advierte con interponer una denuncia por “amenazas” y por “inducción a la comisión delictiva”.
Según el técnico, en los días previos a la celebración de ese evento fue “coaccionado y amenazado por no acceder a las espurias pretensiones de miembros del órgano de Gobierno”, entre los que incluye a la alcaldesa, Ástrid Pérez, al concejal de Turismo y Comercio, Armando Santana, y a la concejal de Recursos Humanos, María Jesús Tovar.
En su carta, el técnico explica que fue a mediados del pasado mes de agosto cuando tuvo conocimiento de que se pretendía organizar el Sunset Arrecife, a través del área de Turismo y Comercio. No obstante, Leal señala que se trataba de un evento privado, “sin que constase el correspondiente expediente de colaboración establecido legalmente”.
Por eso, el 27 de septiembre contactó telefónicamente con el representante del festival y le trasladó que el Ayuntamiento no podía “hacerse cargo de las necesidades de los servicios de luz, sonido e infraestructuras”, ya que para “asumir todos o parte de los costes de un acto organizado por una empresa privada” era necesario contar con un convenio de colaboración de patrocinio, abriendo el oportuno expediente.
Trece días después, el 10 de octubre, Leal afirma un asesor de Alcaldía, Quico Aparicio, y el concejal Armando Santana se reunieron con él y le dieron “orden verbal de tramitar y asumir la responsabilidad de las necesidades de luz y sonido de los dos eventos” que se iban a desarrollar en Arrecife dentro de ese festival, “tal como solicitaba el promotor”.
Ante esto, sostiene que les trasladó que al no estar previsto, no existía partida presupuestada, y que no había “tiempo material” para tramitar un expediente de aprobación del gasto. La respuesta de Santana, según Leal, fue ordenar que se tramitara desde el otro área que ostenta, la de Comercio.
Sin autorización de Costas
Paralelamente, el 11 de octubre se presentó la solicitud de autorización para espectáculo público, recibiéndose un informe urbanístico que advertía que era necesario tramitar también la autorización de la Demarcación de Costas. Tras contactar con los promotores y requerirles documentación, Actividades Clasificadas no autorizó el espectáculo, según Leal, “a pesar de lo cual comienza el montaje de luz, sonido e infraestructura para el desarrollo del mismo”.
Siempre según sostiene el técnico en esa carta, el día en el que debía celebrarse el primer concierto, el 15 de octubre, trasladó a la alcaldesa y al concejal que carecía de autorización, solicitando que se pronunciaran “sobre la continuidad o no del mismo”.
Finalmente, afirma que esa tarde Armando Santana le “ordenó” que no continuara la organización, mientras que de la alcaldesa no recibió “comunicado alguno”.
Eso llevó a cancelar el concierto previsto para ese día, aunque se mantuvo en la agenda el de la siguiente semana, que también se terminó suspendiendo a última hora. En la víspera, Leal desvela que sí recibió un duro mensaje de la alcaldesa, a través de un audio de Whatsapp: “Anulaste tú y una cosa… ¿si no se monta aquí, qué hay que pagar? Si no se monta no se paga, ¡chico! La has cagado, ¡soluciónalo!”
Ese segundo también se terminó cancelando ‘in extremis’, tras emitirse hasta dos decretos en sentido contrario en esa misma jornada. En uno de ellos, de Actividades Clasificadas, se autorizaba el evento, pero Leal subraya que carecía de la autorización preceptiva de Costas, por lo que “adolece de autorizaciones fundamentales” y “debe ser revocado, so pena de incurrir en la prevaricación proscrita por el Código Penal”.
Recuerda que el propio Ayuntamiento le acusa de prevaricación en dos causas
Miguel Ángel Leal recuerda en su escrito que él mismo ha estado acusado en dos procedimientos por delitos de defraudación, prevaricación y malversación. En uno de ellos, dentro del caso Montecarlo, ya fue recientemente absuelto, pero aún espera otro juicio que se celebrará los próximos meses de enero y febrero.
“En ambos casos este Ayuntamiento consta como acusación particular, acusándome de delitos de defraudación, prevaricación y malversación, por haber firmado, dice, documentos carentes del correspondiente expediente y autorización del gasto con mi firma; y pretenden coaccionarme y amedrentarme obligándome a la autorización de un evento que carece total y absolutamente de los requisitos necesarios para su celebración”, denuncia.
De hecho, añade que llegaron a “ejecutar” esa “amenaza”, tanto con su destitución como técnico de Turismo como con declaraciones públicas “menospreciando” su labor en los medios de comunicación.
El decreto apartándole de ese cargo fue firmado por la concejal de Recursos Humanos el 24 de octubre, tres días después de cancelarse el segundo concierto. En la resolución, se le devolvía al puesto en el que tiene su plaza en el Consistorio, como animador sociocultural, dependiente del área de Cultura.
Ahora, en su carta a la alcaldesa, exige que “de forma inmediata repare el daño causado” y deje sin efecto ese decreto, devolviéndole el puesto de técnico.
“Para el supuesto de no hacerlo, y sin perjuicio de las acciones laborales que en derecho me corresponden, procederé a interponer denuncia por, no ya solo las amenazas, sino por la inducción a la comisión delictiva, pretendiendo que, como técnico, autorice un evento carente de lo administrativamente más elemental para su celebración”, advierte.
