La modificación del Plan Especial de la Geria ha vuelto a quedar sobre la mesa en el pleno que el Cabildo ha celebrado este jueves. Únicamente el grupo de gobierno de Coalición Canaria se ha mostrado partidario de aprobarla. Todos los grupos de la oposición, sin embargo, se han pronunciado en sentido contrario, a causa de una duda jurídica.
El primero en poner sobre la mesa esa duda ha sido el Partido Socialista, que se ha preguntado al inicio del debate por qué motivo no existían informes del departamento de Medio Ambiente sobre esta modificación, pero sí del director insular de Política Territorial. Los socialistas dudaban acerca de las competencias del director insular para emitir informes, dado que se trata de un cargo designado y no de un funcionario público, y han abogado por dejar la modificación sobre la mesa.
Todos los grupos de la oposición han ido adhiriéndose a esta duda jurídica y trasladando la cuestión al secretario. Éste, por su parte, se ha referido a un informe de la oficina del PIOT que exponía que la modificación debía aprobarse por mayoría absoluta (duda que surgió cuando se votó por última vez, obteniendo sólo mayoría simple). La oposición continuaba, sin embargo, albergando la misma duda acerca del informe del director insular. "No queremos incurrir en responsabilidad penal. No hay ningún informe de ningún técnico funcionario, ¿es necesario?", ha preguntado Astrid Pérez al secretario.
Él ha replicado entonces que no podía contestar "in voce" al respecto, acogiéndose a que la ley le otorga un plazo para el "estudio" de ciertas cuestiones. "No me aventuro a emitir un informe in voce de algo que no tengo muy claro", ha apostillado. Tampoco lo ha hecho en referencia a otra duda del presidente, que tras la intervención de Pérez le ha preguntado si se incurriría en "algún delito penal" con la aprobación. Ante estas respuestas, la oposición en bloque ha decidido dejar la modificación sobre la mesa y los consejeros de Coalición Canaria se han quedado solos en el sentido de su voto.
"La incompetencia del director insular de Política Territorial para informar el expediente, toda vez que se trata de un cargo político de libre designación y no de un funcionario de la Corporación, es razón suficiente para la retirada del Pleno del documento", ha agregado más tarde la portavoz socialista a través de un comunicado.
"A marchas forzadas"
En el transcurso del debate han aflorado, además, otras críticas de la oposición. La portavoz socialista, Rocío Arredondo, ha hecho un "llamamiento a la calma y la mesura", mostrándose en contra de que la modificación se aprobase "deprisa y corriendo en el último pleno" de la legislatura y por una Corporación "prácticamente en funciones". Arredondo asegura que la actitud del presidente, "genera dudas razonables sobre cuáles son los intereses que defiende".
En la misma línea se ha pronunciado la consejera de Alternativa Ciudadana, Mary Paz Cabrera, que se cuestionaba el "por qué" de "tanto empeño en aprobarlo sobre la marcha". Cabrera ha mostrado especial dureza en sus intervenciones, apuntando que con ese cambio en el Plan se pretende "dar cobertura legal a una bodega que está en proceso judicial", en referencia a la bodega Stratvs. "Eso es prevaricación", ha sentenciado la consejera de AC. "Los ojos del Juzgado están puestos en esta modificación", ha advertido.
San Ginés, por su parte, se ha aprestado en replicarle que es "su obligación que denuncie si cree que se está incurriendo en un delito". "Está muy bien decirlo de cara a la galería, pero sea consecuente y denuncie", ha añadido. "No se preocupe que vamos a ir al juzgado, no nos tiene que invitar", ha contestado ella.
"Apoyaremos al sector primario"
La consejera del PP ha incidido en que su partido "apoyará al sector primario" y, por tanto, se ha mostrado partidaria de la modificación, aunque ha reiterado que no la aprobará sin esa aclaración del secretario. Astrid Pérez también se ha pronunciado sobre la legalidad de las bodegas. La portavoz del PP ha afirmado que "con la ley en la mano, podría aprobarse el cierre cautelar no de una o de dos bodegas, sino de varias". "¿A quién van a vender la uva esas bodegas?", se ha preguntado después, llegando a afirmar que no quiere irse "a dormir pensando que podrían cerrarse cinco o seis bodegas y de qué van a vivir los 1.700 viticultores y sus familias".
Para Pérez, esas bodegas "ya están construidas y hay que darles cobertura jurídica". "No les pongamos trabas en el camino", le ha dicho a la consejera de Alternativa. La consejera del PP ha opinado incluso que habría que "pedir responsabilidades a los políticos que permitieron construirlas".
El PIL, por su lado, ha intervenido en una línea similar a la del PP, asegurando que quieren "ayudar, pero con todas las garantías de la ley". Fabián Martín ha reiterado en varias ocasiones que su intención es "apoyar" la modificación, "pero apoyados por informes técnicos".
