Las resoluciones proponiendo, acordando y ejecutando la polémica incautación de la desaladora de Montaña Roja se adoptaron en sólo 48 horas y sin informe del secretario de la Corporación. Así lo sostiene la querella presentada por Club Lanzarote, por la que este viernes tendrán que declarar ante el juez el presidente del Cabildo y del Consejo de Aguas, Pedro San Ginés, y los gerentes del Consejo y del Consorcio Insular de Aguas, José Juan Hernández Duchemín y Domingo Pérez Callero. La querella fue admitida a trámite por orden de la Audiencia Provincial, que vio indicios de delito en estos hechos. Además, en otro procedimiento, el TSJC ha anulado la incautación, ya que entre otras cosas se ejecutó sin orden judicial.
En su denuncia, la empresa desvela también que el mismo día en que firmó la resolución ordenando la incautación, Pedro San Ginés había asumido personalmente las competencias para ello, que estaban delegadas en otra consejera, que en ese momento ocupaba la Vicepresidencia del Consejo de Aguas. "No tiene explicación administrativa razonable que el presidente avocara ese mismo día las competencias", sostiene la querella, que también considera inexplicable "la premura y urgencia con la que se llevan a cabo todas y cada una de las resoluciones y actuaciones, como si existiese un peligro para el interés general, cuando la situación en esos días era la misma que ha venido dándose desde 1988", desde que Club Lanzarote puso en marcha la desaladora para abastecer a ese Plan Parcial de Montaña Roja.
"El trasfondo de este frenesí administrativo obedece a la patente voluntad o capricho del presidente y del gerente del Consejo de sustituir a mi representada por la entidad concesionaria de aguas de la isla de Lanzarote, Canal Gestión Lanzarote, cuando no hay causa para tal sustitución", sostiene la querella, que considera que se "infringieron las normas más elementales de respeto a la propiedad privada".
Del informe de Duchemín a la incautación
La propuesta de abrir un expediente sancionador a Club Lanzarote fue formulada por José Juan Hernández Duchemínen en un informe fechado el 16 de septiembre de 2014. Un día después, el 17 de septiembre, San Ginés dictó una resolución iniciando el expediente sancionador y ordenando además que se incautara la desaladora y el resto de instalaciones, propiedad de Club Lanzarote, como medida cautelar. En el expediente, se hablaba sólo de tres posibles faltas leves y una menos grave. En ese momento, Club Lanzarote estaba pendiente de una solicitud que había presentado pidiendo prorrogar la autorización que tenía para explotar la desaladora y la depuradora, pero el Consejo nunca respondió.
Tras la resolución de San Ginés, Hernández Duchemín dictó otra para ceder la infraestructura incautada a Canal Gestión, responsable del agua en Lanzarote tras la privatización de Inalsa bajo el mandato de San Ginés. Además, Duchemín acordaba "notificar la resolución" al Consorcio del Agua y a Canal Gestión, para que tomaran posesión de la desaladora y la depuradora de Club Lanzarote. Así, el 18 del septiembre, 48 horas después de que se emitiera la primera propuesta, el gerente del Consorcio, Domingo Pérez Callero, acudió a Montaña Roja junto a operarios y agentes de la Policía Local. Y sin autorización judicial, sin realizar una "inspección previa" para comprobar los "presuntos hechos" y sin haber notificado previamente ni obtenido autorización de la empresa, accedió a las instalaciones forzando la entrada y rompiendo los candados.
Por esa actuación, Club Lanzarote dirige su querella contra Domingo Pérez, además de contra San Ginés y Hernández Duchemín. En el caso de Duchemín, está acusado también en el caso Stratvs e investigado en otra causa por la presunta incompatibilidad de cargos que ocupa en el Cabildo (además de estar adscrito a la Secretaría General, era gerente del Consejo de Aguas –hasta que renunció al cargo poco después de abrirse esa investigación- y realizaba también funciones para el Consorcio de Seguridad y Emergencias y para los Centros Turísticos). Y todo ello pese a que, según declaró él mismo en los Juzgados, sólo tiene estudios de "Bachillerato y COU".
"Enmascarar una expropiación ilegal"
"Se apoderaron indebidamente de unos bienes privados, desoyendo todo el procedimiento previsto, con el fin último de cederlo a Canal Gestión", denuncia Club Lanzarote en su querella, en la que sostiene que "la única intención fue la de enmascarar una expropiación ilegal". Entre otras cosas, insiste en que ni siquiera se culminó el expediente sancionador ni se dio audiencia al interesado, tal como han confirmado también los tribunales, al dictar medidas cautelares anulando la incautación y ordenando devolver la planta a Club Lanzarote.
En las dos sentencias del TSJC que han anulado primero la incautación y luego la cesión de la infraestructura a Canal Gestión, el tribunal insiste especialmente en que la medida se adoptó sin que hubiera una orden judicial que la amparara. Pero además, también subraya que ninguna ley contempla una incautación como posible medida cautelar dentro de un procedimiento sancionador.
Por su parte, Club Lanzarote señala también que la incautación se autorizó y ejecutó "sin informes técnico-jurídicos que avalasen la grave medida adoptada". Al respecto, cabe recordar que San Ginés ha reiterado que esos informes existen, aunque hasta el momento no los ha hecho públicos ni los ha entregado a la oposición, pese a que formaciones como Podemos llevan semanas solicitándolos.
"Resulta significativo que no se pidiera informe al secretario"
A la espera de conocer esos informes, y si están elaborados realmente por funcionarios de la Corporación, lo que Club Lanzarote sostiene en su querella es que a quien no se pidió un dictamen fue al secretario general de la Corporación, que como funcionario de habilitación nacional "tiene atribuida la función de asesoramiento legal preceptivo". "Resulta muy significativo que la incautación cautelar de una empresa se adopte sin pedir informe jurídico previo al secretario", subraya la querella.
De hecho, además de pedir la citación de San Ginés y de los dos gerentes en calidad de imputados, Club Lanzarote también ha solicitado que declare como testigo el secretario, Pancho Perdomo, así como empleados de la empresa que estaban presentes cuando se ejecutó la incautación.
"Arrolla el presidente la propiedad privada de Club Lanzarote para que se mantenga la misma situación en cuanto al abastecimiento de aguas, que es lo esencial en todo lo que se está tratando, aunque cambien los actores", sostiene la querella, que insiste en que "la incautación no sirve más que para modificar la entidad mercantil que lleva a efecto el suministro". Por eso, considera que "el fin no es otro que apropiarse de las instalaciones privadas" de Club Lanzarote.
Al respecto, la querella defiende que si lo que se quería era "acabar con la distribución privada" de agua y asumir personalmente el servicio, la administración tenía "dos opciones". Una, "acometer una inversión en plantas potabilizadoras y red de distribución propias". La otra, "iniciar procedimiento de expropiación de las instalaciones de Club Lanzarote, previa declaración legal de la utilidad pública de su medida, con los trámites oportunos, incluida la audiencia al interesado y, desde luego, con pago de un justiprecio".
