El ex alcalde de Haría, Juan Ramírez, ha vuelto a sentarse este miércoles en el banquillo de los acusados, para enfrentarse a un nuevo juicio, esta vez por delitos urbanísticos. En concreto, está acusado de un delito continuado contra la ordenación del territorio, en su modalidad de prevaricación urbanística, y otro delito continuado de falsificación de certificados.
Los hechos se remontan a la última etapa de Ramírez como alcalde de Haría, a finales de los años 90, cuando concedió una quincena de licencias en distintas localidades del municipio. El fiscal pide dos años de prisión, diez de inhabilitación y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de dos años.
Durante la vista oral, que continuará durante la jornada del jueves y el viernes, la defensa de Ramírez ha intentado que se declarara la nulidad del procedimiento y la prescripción del delito, aunque ambas solicitudes han sido rechazadas. Además, sus abogados también han alegado que el proceso atenta "contra derechos fundamentales del individuo", pero no han logrado impedir que el juicio siguiera su curso.
Durante el interrogatorio del fiscal, Ramírez ha tenido que responder por la concesión de esas licencias, y ha centrado su defensa en asegurar que todo responde a "una trama de persecución" contra él. Incluso, ha llegado a afirmar quesi no hay informes técnicos que avalen las licencias que otorgó es porque en el Ayuntamiento los han hecho "desaparecer".
La Fiscalía ha insistido entonces preguntado cómo es posible que respecto a otras de las licencias que concediósí que haya informes, pero contrarios a la concesión, y Ramírez ha continuado con la misma línea argumental, llegando a asegurar que habrán sido "falsificados" para "perjudiciarle".
A lo que se ha negado el ex alcalde de Haría es a responder a las preguntas del abogado del Ayuntamiento, que es parte en la causa. Y es que fue el propio Consistorio quien denunció en su día estos hechos, cuando Ramírez dejó la Alcaldía y se formó un nuevo grupo de gobierno en el municipio.
Escrito de acusación
En su escrito de acusación, el Ministerio Fiscal señala que en la recta final de su mandato, Ramírez concedió licencias ilegales de forma masiva en las localidades de El Charco del Palo, Arrieta, Mala, Tabayesco, Guinate y Haría, "a sabiendas de su manifiesta y flagrante ilegalidad", porque actuaba "ignorando deliberadamente informes", emitiendo él mismo certificados falsos "a sabiendas de que no entraba dentro sus funciones" o "inaplicando fraudulentamente" la normativa vigente.
Además, la Fiscalía hace referencia a licencias que pudieran haber beneficiado a Juan Ramírez. Una de ellas relativa a una concesión que se dio a sí mismo para ampliar una vivienda de su propiedad en la localidad de Arrieta, y otra para la segregación de varias fincas, que fue solicitada por la empresa de la que era administradora la que fuera su esposa. Según el fiscal, la licencia fue otorgada sin los informes pertinentes y en parcelas reservadas para "zona verde o uso deportivo". Al día siguiente, Juan Ramírez adquirió, según la Fiscalía, varias de las fincas segregadas.
En la acusación también aparece una concesión de licencia, supuestamente ilegal, para la construcción de dos bungalows, solicitada por Pedro Perdomo Reyes, propietario de la finca Villa Dolores, que fue condenado junto a Juan Ramírez por ese caso.
Además, otras cinco licencias fueron otorgadas sólo unos días antes de tener que abandonar la Alcaldía, en abril de 1999, por una moción de censura. Cuando el nuevo Grupo de Gobierno tomó las riendas del Ayuntamiento, denunció los hechos, abriéndose así una investigación judicial que ha dejado 10.000 folios de diligencias previas.
Antecedentes penales
El ex alcalde de Haría ya tiene dos condenas a sus espaldas. La primera fue por el caso Villa Dolores, en la que se le impuso una pena de tres años y medio de cárcel y cuatro de inhabilitación política. Esta sentencia ya es firme y está en fase de ejecución, por lo que hace un año, Ramírez tuvo que abandonar su acta de edil por el CCN en el Consistorio. Sin embargo, de momento ha logrado retrasar su ingreso en prisión, ya que solicitó un indulto y está pendiente de la respuesta del Ministerio de Justicia.
En el caso Villa Dolores, el ex alcalde de Haría fue condenado por un delito de falsedad documental. Los hechos se remontan a 1995, cuando el Pleno del Ayuntamiento de Haría acordó firmar un contrato con Pedro Perdomo Reyes (que también fue condenado por el Tribunal Supremo) con el fin de arrendar por 150.000 pesetas mensuales la finca Villa Dolores durante cinco años para crear una escuela taller de rehabilitación del patrimonio de Haría.
Al contrato inicial se le añadió una cláusula adicional "por la cual si el Ayuntamiento optaba por la prórroga del contrato por 20 años más, el arrendador percibiría la cantidad de 500.000 pesetas mensuales", cláusula adicional que no figuraba en el contrato cuando éste fue aprobado en el pleno del Ayuntamiento. Además, posteriormente firmaron un nuevo contrato de cesión de uso, que era incompatible con el contrato ya establecido, para poder acogerse a una subvención de fondos europeos.
A esta primera condena, hay que sumar otra de dos años de cárcel que le impuso después el Juzgado de lo Penal Número 3 de Arrecife, por un delito de estafa. En la sentencia, se considera probado que Ramírez vendió una vivienda ocultando a los compradores que pesaba una hipoteca sobre la propiedad.
