La Consejería de Transición Ecológica, Lucha contra el Cambio Climático y Planificación Territorial del Gobierno de Canarias ha reafirmado en comisión parlamentaria su “compromiso” con la finalización de las obras de depuración y saneamiento de la isla de La Graciosa, explicando que el retraso se debe a que el expediente iniciado en 2016 por Coalición Canaria incumplía la Ley de Contratos del Sector Público, por lo que han tenido que sacarlo nuevamente a licitación pública con un nuevo expediente.
Así ha respondido el viceconsejero del área, Leopoldo Díaz, a una pregunta formulada por el partalmentario nacionalista y alcalde de Teguise, Oswaldo Betancort, que ha culpado al actual Ejecutivo del retraso, señalando incluso que estas obras “han dejado de ser una cuestión prioritaria y urgente” y criticando que “después de dos años no hayan podido desbloquear una inversión multimillonaria para solucionar un problema medioambiental en la isla, por la cual ni se han rozado ni para echarse un caldo de pescado”.
Al respecto, lo que ha explicado Leopoldo Díaz es que el proceso administrativo de la redacción de proyecto se encuentra actualmente en fase de adjudicación y pendiente de la formalización del contrato. “Al tener que convertir en normal lo que es excepcional, se producen estos problemas”, ha respondido el viceconsejero, que ha explicado que “la licitación se ha otorgado a una UTE formada por tres empresas, por lo que en octubre o noviembre podríamos tener la redacción del proyecto y posteriormente iríamos al trámite de aprobación administrativa y el procedimiento de licitación de las obras se iniciaría en 2022“.
“Nuestro interés es finalizar cuanto antes unos trabajos que se declararon de emergencia en 2016 y debieron ser suspendidos por un defecto de forma en su tramitación”, ha explicado Díaz, que ha detallado los problemas a los que han tenido que hacer frente.
El tortuoso recorrido de este expediente
Según ha recordado en su intervención, en 2016 se declaró la tramitación de emergencia para la obra de la depuradora y el sistema de saneamiento de la isla de La Graciosa, por un expediente de responsabilidad medioambiental en relación con la existencia de una amenaza inminente de daño medioambiental sobre la zona especial de conservación de la Red Natura 2000.
Ese mismo año, se adjudicaron a Canaragua Concesiones tanto la obra, por 2.560.200 euros, como la explotación del sistema durante un año desde la puesta en servicio del mismo, por 190.000 euros. Además, se adjudicó a Cristóbal Florido Molina la realización de los estudios y asistencias técnicas correspondientes por un importe de 250.000 euros.
El viceconsejero ha añadido que en octubre de 2017 se declaró la ampliación de la tramitación de emergencia para la contratación de la ejecución de la obra y al mes siguiente se adjudicó la contratación, por tramitación de emergencia, de las actuaciones que suponía la ampliación de las obras y asistencia técnica iniciales, a las mismas empresas para paliar la situación persistente de grave peligro que supone la amenaza inminente de daño ambiental sobre el hábitat de interés comunitario. Las adjudicaciones se hicieron por un importe de 2.274.648,44 euros a la empresa Canaragua Concesiones y por 155.481,40 euros a Cristóbal Florido Molina.
“En los actos seguidos para la tramitación de este expediente, el órgano de fiscalización detectó la existencia de vicios de nulidad por no haberse seguido el procedimiento legalmente establecido en el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público. Por este motivo, desde el 16 de febrero de 2018, las citadas obras y las actuaciones relativas a la asistencia técnica se encuentran paralizadas y con fecha 13 de abril de 2018 se formalizó el acta de recepción de las obras realizadas”, señalan desde el actual Gobierno, que tomó posesión hace menos de dos años.
“El problema que surgió es que según la normativa vigente este proyecto no podía realizarse por tramitación de emergencia, ya que este tipo de tramitación se reservaba a situaciones catastróficas”, explicó el viceconsejero. “Tanto para continuar los trabajos como para su dirección debíamos acudir de nuevo a un procedimiento abierto de tramitación de contratación ordinaria mediante una licitación pública”, explicó Leopoldo Díaz.
En este punto, la Dirección General de Aguas del Gobierno de Canarias encargó a la mercantil Alter Ingenieros SLU la redacción del proyecto de ejecución de terminación de las obras de saneamiento, depuración y vertido de las aguas residuales en la isla de La Graciosa, en mayo de 2019.
En agosto de 2020 se autorizó la redacción del proyecto constructivo de finalización de las obras que, según ha explicado, “actualmente se encuentra en fase de adjudicación y está pendiente de la formalización del contrato para su inicio en las próximas semanas”.
