La Operación "Unión" ha regresado con fuerza a Lanzarote, dejando hasta el momento ocho detenidos, que están a la espera de pasar a disposición judicial, y un gran número de registros en empresas y domicilios particulares. Entre ellos, el de la ex alcaldesa de Arrecife, María Isabel Déniz, que ha sido arrestada y estaría imputada por presuntos delitos de cohecho, relacionados con su etapa al frente del Ayuntamiento. Déniz, al igual que otros detenidos, está incomunicada, a la espera de la decisión del titular del Juzgado de Instrucción Número 5 de Arrecife, César Romero Pamparacuatro.
Además, ha sido detenido el ex consejero del Cabildo de Lanzarote y ex militante socialista, Miguel Ángel Leal, en el marco de una nueva fase de la investigación, que podría estar relacionada con el tratamiento de residuos y el complejo medioambiental de Zonzamas.
De hecho, también ha sido arrestado el ingeniero de Actividades Clasificadas del Cabildo, Manuel Spínola, y el gerente de la empresa de limpieza Urbaser, Jacinto Álvarez, así como otro trabajador de la misma empresa, Stephani Jean Valverde, que ha sido arrestado en Madrid. Entre otras cosas, Urbaser es la concesionaria del servicio de limpieza de calles, parques y jardines de la capital lanzaroteña y de la recogida de residuos sólidos.
Vínculos empresariales
A estas detenciones se suman las del jefe de la Oficina Técnica del Ayuntamiento de Arrecife, Rafael Arrocha, que también fue detenido en la primera fase de la Operación "Unión", y la de Julio Romero, militante histórico del Partido Popular en Lanzarote y director de una oficina de La Caja de Canarias en Arrecife. Tanto Romero como Arrocha y Manuel Spínola han estado vinculados profesionalmente, llegando a formar los tres juntos una empresa de ingeniería y asesoramiento.
El octavo detenido este lunes es el empresario Francisco Armas, que fue presidente de la patronal hotelera Asolan y, entre otras cosas, es presidente y consejero delegado de la empresa de construcción Horinsa.
Los ocho detenidos, que han sido trasladados a distintas dependencias y cuarteles hasta que pasen a disposición judicial, están imputados por delitos de cohecho, tráfico de influencias y actividades prohibidas a funcionarios públicos, según ha informado la Guardia Civil.
En la nota de prensa que ha hecho pública, señala que la investigación "continúa abierta", por lo que no se descarta que en los próximos días se produzcan nuevas detenciones o imputaciones por esta causa, que continúa bajo secreto de sumario.
Intereses comunes y comisiones
La nueva fase de la Operación "Unión", bautizada como Operación "Jable", habría destapado otra presunta red de corrupción centrada también en el cobro de comisiones ilegales a empresarios pero, además, también tiene otra nuevo frente: el de cargos públicos que tenían intereses en distintas sociedades y que, supuestamente, recibían beneficios económicos a través de las instituciones, con pagos de facturas por servicios y adjudicación de contratos.
Según la Guardia Civil, que ha llevado a cabo esta investigación a través de la Unidad Central Operativa (UCO) y conjuntamente con el Juzgado de Instrucción Número 5 de Arrecife y la Fiscalía de Medioambiente y Urbanismo, la trama ha sido "desarticulada" gracias al análisis de la documentación que se incautó en la primera fase de la Operación "Unión", tanto en el Ayuntamiento de Arrecife como en distintas empresas y domicilios.
La Operación "Unión" dio su primer paso público el 25 de mayo de 2009, y continuó tres días después, en una segunda fase en la que se extendió al Ayuntamiento de Yaiza. Hasta el momento había ya más de 40 personas imputadas en la causa, y la cifra superaría ahora el medio centenar.
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