Ha sido condenado a casi 40 años de inhabilitación en cuatro causas distintas pero el ex secretario del Ayuntamiento de Yaiza, Vicente Bartolomé Fuentes, ha empezado a trabajar ahora en el Cabildo de Gran Canaria. Aunque su contratación se produjo a finales de 2017, ha sido ahora cuando se ha hecho pública y ha desatado una polémica en esa isla, por la que se han exigido explicaciones al grupo de gobierno.
Al igual que en otros casos similares que se han dado ya en Lanzarote, la clave está en que la condena no le inhabilitaba para ejercer cualquier cargo público, sino solo el que ocupaba cuando cometió los delitos, es decir, el de secretario con habilitación nacional. Así, Bartolomé Fuentes se ha incorporado al Cabildo grancanario como técnico de gestión, tras quedar en el primer puesto en la convocatoria pública que abrió la institución para crear una lista de reserva de plazas.
"Las sentencias de 2017 y de 2013 le inhabilitan para ejercer el cargo público de secretario de ayuntamientos, por lo tanto se puede presentar a esta plaza de técnico de gestión. Es más, no podríamos excluirlo porque él podría demandar al Cabildo porque está en su derecho", ha alegado la consejera de Recursos Humanos del Cabildo de Gran Canaria, María Isabel Santana, en declaraciones recogidas por el diario La Provincia. De esta forma ha respondido a las críticas que había lanzado el Partido Popular, después de que el diario digital nacional merca2.es se hiciera eco de esta situación.
Apartado como secretario desde 2013
El concurso al que se presentó Vicente Bartolomé Fuentes, que fue apartado del Ayuntamiento de Yaiza tras su primera condena firme, se convocó hace más de un año, y el ex secretario quedó en el puesto número uno. Según ha desvelado la consejera, en julio de 2017 ya detectaron que podía existir una incompatibilidad, pero realizaron una consulta a los Servicios Jurídicos y concluyeron que las sentencias firmes que pesaban sobre él no afectaban a su posibilidad de participar en esa convocatoria pública. Así, en septiembre de 2017 se incorporó al Cabildo de Gran Canaria, pese a las condenas que tiene a sus espaldas por delitos de prevaricación urbanística y malversación de caudales públicos.
La primera condena de Vicente Bartolomé Fuentes fue por emitir informes favorables a la construcción de nueve chalés ubicados entre Las Breñas y Femés, pese a que era consciente de que se trataba de suelo rústico donde no se podía edificar. Los hechos ocurrieron en 1999 pero la condena firme no llegó hasta el año 2013, que fue cuando finalmente fue apartado del Ayuntamiento para cumplir una pena de 5 años de inhabilitación. Además, ese mismo año se le había impuesto otra condena por unos hechos similares con otras licencias residenciales, pero el fallo fue anulado por un defecto formal en la primera sentencia.
En diciembre de 2016 el ex secretario volvió a ser condenado a un año y 7 meses de cárcel y a 9 años y 3 meses de inhabilitación por las licencias concedidas para 66 villas en el Plan Parcial Playa Blanca. El beneficiario de esas licencias fue Pedro de Armas, compañero de partido del entonces alcalde, José Francisco Reyes, que también fue condenado en esta causa.
Confesó en el caso Yate
A esta condena se sumó en abril de 2017 la del caso Yate, en la que el ex secretario confesó además los delitos por los que estaba acusado y aceptó un acuerdo de conformidad con la Fiscalía, por el que se le impusieron un año de prisión y 10 años más de inhabilitación. En esta causa, Vicente Bartolomé Fuentes reconoció haber emitido informes favorables al puerto deportivo Marina Rubicón y al Plan Parcial Playa Blanca a sabiendas de que eran ilegales, y también reconoció haber contribuido a malversar dinero público del Ayuntamiento.
Por último, el ex secretario volvió a ser condenado el pasado mes de enero dentro del caso Stratvs, en el que se le impusieron 14 años de inhabilitación por un delito de prevaricación y otro contra la ordenación del territorio, al contribuir a que se le otorgara una licencia de actividad ilegal a la bodega de Juan Francisco Rosa.
Además, aún tiene otros juicios pendientes de causas que ya están cerradas, así como nuevos procedimientos que han comenzado a instruirse y en los que también aparece su nombre. El último se acaba de iniciar a raíz de una querella del grupo de Podemos en el Cabildo por la ocupación de zonas verdes públicas en Playa Blanca, por parte de hoteles como el Princesa Yaiza, propiedad también del empresario Juan Francisco Rosa.
