El Consejo Insular de Aguas, dependiente del Cabildo de Lanzarote, ha iniciado el trámite para autorizar la instalación de una depuradora en el complejo ilegal Stratvs. De hecho, este miércoles ya ha publicado un anuncio en el Boletín Oficial de Canarias, sometiendo a exposición pública esta solicitud. Y lo ha hecho basándose en el auto del juez Salvador Alba, que aún no es firme, y que levantó la medida cautelar de cierre de las instalaciones.
El dueño de la bodega, Juan Francisco Rosa, pidió autorización para instalar una depuradora el pasado 18 de octubre, cuando aún no había sido anulada esa medida cautelar. En ese momento, lo que acababa de hacer el empresario era presentar su último recurso ante la Audiencia Provincial, pidiendo que se levantara la orden de cierre, basándose en informes privados y en el Plan Especial de La Geria, que poco después fue anulado por los Tribunales.
Lo que hizo entonces el Consejo Insular de Aguas fue solicitar un informe jurídico externo, al abogado Antonio Medina Gutiérrez. El pasado 16 de diciembre, este letrado propuso que se solicitara al Juzgado Instructor el testimonio del auto que ordenó el cierre de la bodega en diciembre de 2013, señalando que no constaba en el expediente. Sin embargo, dos semanas después, Juan Francisco Rosa presentó un nuevo escrito ante el Consejo, aportando el nuevo auto de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial que estimó su recurso, y cuyo ponente fue Salvador Alba.
Informe favorable del nuevo gerente del Consejo
Rosa presentó ese escrito en el Cabildo el 3 de enero y justo al día siguiente, el 4 de enero, el gerente del Consejo Insular de Aguas, Erik Martín, emitió un informe de seis folios aceptando su solicitud de dar trámite al expediente. "La documentación presentada por BTL Lanzarote es conforme con los mínimos previstos por la legislación vigente", señala ese dictamen, que propone "continuar la tramitación" de la "autorización/legalización de estación depuradora de aguas" en Stratvs.
Ahora, el anuncio ya ha sido publicado en el Boletín Oficial y la solicitud estará sometida a exposición pública durante 30 días. Después, en caso de que no se presentaran alegaciones, el Consejo deberá solicitar "informes a las consejerías competentes en materia de política territorial y medio ambiente" antes de adoptar una decisión.
No obstante, cabe recordar que el auto levantando la medida cautelar de cierre no es firme. Días después de dictarlo, el juez Salvador Alba emitió una nueva providencia, a petición de Juan Francisco Rosa, ordenando al Seprona que acudiera de forma "inmediata" a retirar el precinto. Sin embargo, el presidente de la Sección y de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Emilio Moya, intervino para anular esa providencia. Así, señaló que no se decidirá sobre si procede o no retirar el precinto hasta que se resuelvan los recursos presentados por la Fiscalía y la acusación popular contra el levantamiento de la medida cautelar.
El Consejo conocía los vertidos contaminantes cuando abrió Stratvs
La ausencia de depuradora en Stratvs y la emisión de presuntos vertidos contaminantes es uno de los delitos que se investigaron en la causa penal en la que está acusado Juan Francisco Rosa. En el procedimiento está también acusado el anterior gerente de Consejo Insular de Aguas, José Juan Hernández Duchemín, ya que en su día informó favorablemente a la concesión de un permiso provisional a Stratvs, pese a que había informes que advertían de la contaminación. De hecho, al iniciarse el expediente se realizó una inspección por parte del Vigilante de Cauces, que tomó muestras que arrojaron "parámetros contaminantes".
Inicialmente, Hernández Duchemín trasladó a BTL Lanzarote que el sistema de depuración de la bodega no cumplía con la normativa y le informó de que para conceder la legalización de los vertidos, debería instalar un sistema de depuración. Sin embargo, cuando Rosa pidió justo después una autorización provisional, Duchemín informó favorablemente.
Aunque aquel permiso era provisional y sin posibilidad de prórroga, tampoco se actuó cuando caducó y la bodega siguió funcionando durante años sin tener una autorización en vigor. Además, el permiso que se le dio establecía que se realizarían analíticas periódicas de carácter mensual para "garantizar la calidad de las aguas", pero esas muestras nunca se tomaron. Hasta el cierre de la bodega por orden judicial, según señalaba la juez instructora en el auto que puso fin a la instrucción de la causa, "únicamente se presentaron por el interesado dos analíticas de dudosa procedencia (cuando la resolución establecía analíticas mensuales), y no consta la instalación de depuradora alguna".
Al margen de ese presunto delito contra el medio ambiente, en la causa se investigan muchos otros, relacionados con la construcción y explotación de ese complejo. En su recurso contra el levantamiento de la medida cautelar de cierre, la Fiscalía subraya que Stratvs sigue siendo "ilegal e ilegalizable", ya que carece de títulos habilitantes y licencias que den cobertura a lo que se construyó. En su día, Rosa recibió licencia para rehabilitar una vivienda protegida preexistente y para construir un almacén subterráneo de 900 metros, y lo que hizo según la instrucción de esta causa fue una obra de más de 12.000 metros cuadrados, incluyendo la bodega, un restaurante, una tienda y otros anexos. Además, la casa que supuestamente iba a restaurar habría sido derribada para construir una edificación nueva de mayor superficie.
