El tesorero de Arrecife, Antonio Cabrera Panasco, vuelve a estar pendiente de la decisión del juez del caso Montecarlo. El magistrado acordó el pasado 12 de enero sobreseer su imputación al no ver "ningún ánimo delictivo" en su actuación, pero ahora el abogado del Ayuntamiento ha recurrido esa decisión. "No es ajustada a derecho y además es perjudicial y lesiva para los intereses de mi patrocinado", sostiene el escrito presentado por el abogado del Consistorio, que pide que se anule el sobreseimiento libre y se acuerde un sobreseimiento provisional (que dejaría la puerta abierta a volver a imputarle).
El Ayuntamiento está personado como acusación particular tanto en el caso Unión como en el caso Montecarlo, aunque hasta ahora no habían trascendido acciones concretas recurriendo autos o decisiones judiciales dentro de esos procedimientos. De hecho, en los juicios de Unión celebrados hasta ahora, el Consistorio se ha adherido a los escritos de acusación la Fiscalía y ha centrado su intervención en reclamar la devolución del dinero malversado.
En este caso, sin embargo, ha decidido recurrir el archivo de una imputación. Su recurso es el único que se ha presentado contra ese auto, ya que el Ministerio Fiscal informó a favor del sobreseimiento. De hecho, el criterio de la Fiscalía siempre ha sido contrario a la imputación del tesorero de Arrecife, que fue planteada por primera vez por la defensa del alcalde, José Montelongo. En concreto, según recordaba el último auto del juez, la defensa de Montelongo hizo "recomendaciones" para que Cabrera Panasco declarara como imputado y no como testigo.
No se opuso al archivo
Cuando hace unos meses el tesorero pidió que se sobreseyera la causa con respecto a él, la defensa del Ayuntamiento no se opuso ni se pronunció. Ahora, el Consistorio sí ha presentado un recurso de apelación al conocer el auto. En concreto, pide que se anule el sobreseimiento libre acordado por el juez y se reemplace por un sobreseimiento provisional. La diferencia entre ambas figuras está en que la primera supone un archivo definitivo y la segunda no.
En el caso del sobreseimiento libre, se dicta cuando decaen los indicios que en su momento justificaron la imputación y se acredita que no hay delito. En cuanto a la segunda, implica que esos indicios persisten, pero la investigación no ha aportado elementos suficientes para mantener la imputación, y se deja la puerta abierta a reabrirla si surgieran nuevos indicios.
Al respecto, cabe recordar que el auto del juez era contundente. "Ningún ánimo delictivo puede desprenderse si el ejecutor de pagos únicamente conoce la orden de pago y no el resto de documentación", señalaba el magistrado. Además, añadía que "cuando ha tenido datos", Cabrera Panasco "ha manifestado su desacuerdo", tanto al que era concejal de Hacienda cuando se abonaron las facturas que se investigan, José Montelongo, como al entonces alcalde, Cándido Reguera. Incluso, llegó a plasmar "por escrito su negativa" a efectuar determinados pagos que entendía que vulneraban la ley. Por su parte, la Fiscalía subrayaba que en su declaración, Cabrera Panasco aportó documentación "muy ilustrativa" sobre el modo en el que se autorizaron algunos de los pagos investigados en esta causa.
Piden que declare antes un perito
El escrito presentado por el abogado del Ayuntamiento hace referencia a un informe pericial incorporado a la causa, de la Intervención General del Estado, que detectó irregularidades en 124 facturas de Inelcon, que sumaban en total más de 2,2 millones de euros. En ese informe, además de apuntar al interventor, se hacían también "afirmaciones incriminatorias hacia los tesoreros del Ayuntamiento de Arrecife".
Sin embargo, fueron hasta tres funcionarios los que ejercieron de tesoreros en ese periodo y solo se pidió la imputación de Cabrera Panasco, que según la Fiscalía y el juez instructor, fue precisamente quien sí hizo advertencias cuando tuvo conocimiento de posibles irregularidades. Y también las hizo Carmen Villaverde, según su declaración en los Juzgados. Villaverde es otra de las funcionarias que ejerció de interventora, aunque en su caso declaró en esta causa como testigo.
Según el abogado del Ayuntamiento, "resulta del todo incomprensible" que se haya acordado el sobreseimiento libre para Cabrera Panasco sin llamar antes a declarar el perito. Al respecto, cabe recordar que el juez ya valoró esa petición cuando la planteó Montelongo, que fue el único que presentó un escrito con "consideraciones" tras la solicitud de sobreseimiento del tesorero. Sin embargo, al dictar su auto, el magistrado consideró que no era necesario que declarara el perito, dado que éste ya había plasmado sus conclusiones en su informe. "No es dicho tesorero, de los tres que actuaron con respecto a Inelcon y Señalcon, el que pudiera ser sospechoso de facilitar pagos irregulares a tales empresas", advertía el magistrado.
Un auto "precipitado", según el Ayuntamiento
El escrito del Ayuntamiento hace referencia a lo sucedido con una de las piezas del caso Unión, donde inicialmente el tesorero también estuvo imputado. El propio Cabrera Panasco presentó en el caso Montecarlo el auto en el que se acordó el sobreseimiento de las actuaciones contra él en esa pieza, donde se investigaban "unos hechos similares, por no decir idénticos". Al respecto, el Ayuntamiento subraya que en ese caso se dictó el sobreseimiento provisional y no el sobreseimiento libre, que es lo mismo que pide que suceda ahora, porque lo contrario "imposibilitaría" que el Consistorio pudiera más adelante "ejercitar acción penal alguna contra el señor Cabrera Panasco".
Cabe destacar que la pieza de Unión a la que se refiere es la que se juzgó el pasado mes de noviembre y en la que se acaba de dictar sentencia, condenando al interventor, Carlos Sáenz, al que era jefe de la Oficina Técnica, Rafael Arrocha, al entonces concejal de Hacienda, José Miguel Rodríguez, y al dueño de Proselan, José Daniel Hernández. En ese caso, el Consistorio también estaba personado, pero no formuló acusación contra el tesorero. De hecho, en el juicio Cabrera Panasco declaró como testigo de la Fiscalía
Durante la vista, el tesorero de Arrecife explicó que en el caso de las facturas de Proselan, como en muchos otros, a él solo le entregaron "la última hoja, la de la orden de pago, porque se quitaron todas las demás". Según explicó, hasta 2008 las órdenes de pago le llegaban "más completas", pero en ese año no le remitían los expedientes, solo ese último documento, que es el que le obliga a él a realizar el pago. Uno de los acusados (ahora condenados) en ese juicio era el interventor, Carlos Sáenz, que a su vez es el principal acusado en el caso Montecarlo. "Yo creo que nuestro tesorero discute continuamente", afirmó Sáenz durante ese juicio, cuando el fiscal Ignacio Stampa le preguntó expresamente por el papel del tesorero del Ayuntamiento de Arrecife y si había "discutido" el abono de esas facturas.
