José Francisco Reyes, alcalde de Yaiza, acompañado del abogado Felipe Fernández Camero, se presentó ayer al juzgado Número 4 de Arrecife para declarar tras la denuncia de una vecina de Uga que le acusa de paralizar indebidamente las obras de cerramiento que se levantaban en una parcela de su propiedad.
Después de casi tres horas en el Juzgado, el alcalde prefirió mantener en reserva los detalles de su comparecencia, sin embargo, visiblemente tranquilo dijo a La Voz que pensaba que su actuación en el caso ha sido la correcta. "Yo creo que he actuado como tenía que actuar y nada más", comentó Reyes. "Sólo puedo decir que hay una ciudadana en el pueblo que se ha sentido molestada por las actuaciones del alcalde en este caso, y me ha traído al Juzgado. En el Juzgado se verá quien tiene la razón y quien no la tiene", agregó sin decir una palabra más.
La vecina de Uga, que denunció al alcalde por un presunto delito de prevaricación, desobediencia y coacciones, asegura en el escrito acusatorio que desde el día 7 de junio de 2005 no ha podido continuar las obras de cerramiento de su parcela de 1.894 metros cuadrados a pesar de contar con una licencia urbanística y con una sentencia favorable que la habilita para hacerlo.
Líos desde 1999
Según el escrito presentado por la denunciante a la Guardia Civil, el caso se remonta al 17 de noviembre de 1999 cuando el Ayuntamiento de Yaiza le concedió la licencia municipal de obras para "amullaramiento de parcela", situada en la calle Montaña Guardilama Número 12, debiendo realizarse con muro de piedra del lugar y un metro de altura. Sin embargo, el 19 de noviembre del mismo año, "día en que retiro la mencionada licencia del Ayuntamiento", el proyecto del nuevo Plan General de Ordenación Urbanístico de Yaiza recogía una nueva calle por el lindero sur de la finca en mención.
La vecina de Uga presentó denuncia ante la Policía Local de Yaiza, el 10 de marzo de 2000, porque un vecino suyo tiró al suelo los bloques que tenía colocados en la zona norte de la finca y porque además rompió unos bordillos que habían puesto operarios del Ayuntamiento, que marcaban la futura acera.
Dice la denunciante, que 10 días después se personaron el alcalde y otros funcionarios del Ayuntamiento en su finca para marcar con cal una nueva calle por el lindero norte, de una anchura aproximada de 7 metros, "diciéndome el señor alcalde que no se me ocurriera construir el muro".
Lo más curioso para la vecina es que en ese momento el proyecto del Plan General de Yaiza no contemplaba dicha vial, "siendo reflejada en el Plan con posterioridad a ser trazada personalmente por los señores del Ayuntamiento". El 28 de marzo de 2000 la denunciante presentó un nuevo escrito manifestando los hechos y advirtiendo de que el trazado de esa calle se hacía con la intención de favorecer a un allegado de un concejal del grupo de gobierno municipal.
Reinicio de las obras y sentencia a favor
La denunciante continuó las obras de cerramiento el 25 de junio de 2002, pero la Policía Local le entregó una resolución en la que se ordenaba la suspensión inmediata de la actuación por invadir una de las calles proyectadas en el Plan General de Yaiza, instándola a legalizar las obras. "Lo que parece sorprendente puesto que dicha obra estaba amparada en la licencia correspondiente para su realización, sin que se hubiera declarado, por parte del Ayuntamiento, la caducidad del título habilitante". La vecina interpone un contencioso administrativo el 21 de octubre de 2002 solicitando la nulidad del decreto por el que se paralizan las obras y pidiendo además que se le permitiese seguir con el cerramiento de la parcela. Así, la notificación de la sentencia, con fecha 26 de mayo de 2005, dio cuenta de la nulidad del decreto recurrido, lo cual, según expone la vecina, "me facultaba a continuar las obras de cerramiento de la parcela".
Precinto del muro
El 31 de mayo del mismo año comenzaron una vez más las obras, no obstante, ese mismo día por la anoche la Policía Local de Yaiza notifica a la afectada de un decreto dictado por el alcalde en el que se le advierte que la resolución que suspendió las obras "fue objeto de recurso contencioso administrativo, cuya sentencia inicial no ha adquirido firmeza". Entonces, el Ayuntamiento resuelve reiterar la suspensión de las obras: "debiendo procederse a su precinto para el caso de que el interesado, no proceda de inmediato a suspender los actos de edificación cuya orden de paralización se reitera".
Decreto de caducidad
Un día después, el 1 de junio de 2005, llega a manos de la vecina otro decreto del alcalde por el que incoa expediente de declaración de caducidad de la licencia urbanística con número de expediente 280/99, referente a la licencia que le amparaba a realizar las obras de cerramiento de la parcela. Sin embargo, el 6 de junio se le notifica a la denunciante la providencia dictada por el Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 1, en la que dice: "Siendo firme la sentencia dictada, procedase al archivo provisional del presente recurso dándosele de baja en el libro de registro...".
Ante la providencia, que declaraba la firmeza de la sentencia, la vecina se dispuso a continuar otra vez con las obras porque , entre otras cosas, explica que temía que le declararan la caducidad de la licencia de un momento a otro.
La Policía de Yaiza volvió el mismo día por la tarde para averiguar por qué continuaban las obras si las mismas habían sido paralizadas, a lo que el compañero sentimental de la denunciante respondió que había una sentencia firme del Juzgado y que el Ayuntamiento no podía paralizarlas. Al día siguiente, el 7 de junio de 2005, la Policía precintó las obras notificando el acta de precinto.
Desde entonces, el cerramiento de la parcela está parado. La denunciante dice sentirse perseguida por el alcalde. "Todo mi relato lo tengo justificado documentalmente y los mismos serán aportados por mi tan pronto me lo soliciten". Mientras el juez llama a testigos y demás, el juicio, si no se cierra antes el caso, pudiera tardar seis meses.
