La secretaria general del PSOE de Lanzarote y diputada en el Congreso, María Dolores Corujo, ha denunciado las "graves consecuencias" que tendrá para la isla la pérdida definitiva de la concesión administrativa del espacio pesquero del Puerto de Arrecife, después de que la Autoridad Portuaria de Las Palmas haya desestimado las alegaciones presentadas por el Cabildo de Lanzarote.
Corujo ha sido tajante al señalar que esta situación "es consecuencia directa de la negligencia del presidente del Cabildo, Oswaldo Betancort, que dejó caducar el plazo legal para la renovación de la concesión al presentar la documentación fuera de tiempo". “No estamos ante un trámite menor ni ante un error administrativo sin consecuencias. Lanzarote ha perdido un título concesional estratégico por una falta de diligencia inaceptable”, afirmó.
La caducidad de la concesión obliga ahora a la isla a iniciar todo el procedimiento desde cero: una nueva solicitud, una nueva valoración económica conforme a los parámetros actuales y unas condiciones de tramitación más exigentes. “Eso se traduce en más tiempo, más incertidumbre y, sobre todo, más coste para Lanzarote”, advirtió Corujo.
La dirigente socialista explicó que, además, se pierden las ventajas económicas asociadas a la concesión anterior, como las bonificaciones vinculadas a inversiones, obras o mejoras realizadas durante su vigencia. “Todo lo avanzado desaparece. Volvemos al punto de partida, pero en un contexto más caro y con menos margen de maniobra para defender los intereses de la isla”, subrayó.
Mientras se tramita una nueva concesión, será la Autoridad Portuaria quien gestione directamente el espacio, incluyendo el cobro de tasas, lo que introduce un escenario de mayor inseguridad para los usos y actividades vinculadas al ámbito pesquero. “Se añade incertidumbre a un sector que ya necesita estabilidad y planificación, no improvisación ni errores”, señaló.
Para Corujo, este episodio "es una muestra más de la falta de rigor en la gestión del actual gobierno insular". “La pérdida de la concesión pesquera no es un accidente ni una anécdota administrativa. Es una irresponsabilidad institucional con consecuencias económicas claras que retrasa el desarrollo de un espacio clave para Lanzarote”, concluyó.
