El administrador único de Hormiconsa, Miguel Morales, ha sido condenado por el Juzgado de lo Penal Número 3 de Arrecife a un año y ocho meses de cárcel por un delito contra la ordenación del territorio y otro de desobediencia grave a la autoridad. En concreto un año por un delito contra de la ordenación del territorio y ocho meses por desobediencia. Además, la magistrada le condena a pagar una multa de 15 meses a razón de 150 euros diarios, es decir 67.500 euros, 22.500 euros menos de lo que pedía la Fiscalía.
La sentencia también obliga al promotor a derribar las tres naves de Hormiconsa, así como una planta de hormigón y una machacadora. "Ha de demoler lo ilícitamente construido y reponer la finca a su estado inicial", se señala en el documento, donde se explica que deberá dar el visto bueno a este requerimiento el Ayuntamiento de Arrecife. Además, la magistrada también condena a Morales a un año de inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión u oficio relacionado con la construcción.
El juicio contra Miguel Morales se celebró este lunes y martes en los Juzgados Arrecife. La Fiscalía pedía tres años y siete meses de prisión para este promotor al considerar que las obras se habían realizado "sin licencia" y en suelo protegido, al estar en una zona de paso de jable.
En la sentencia, resulta probado que "sin haber obtenido previa calificación territorial y licencia municipal de obras", Miguel Morales construyó tres naves "con sus anejas plantas de fabricación de hormigón y machacadora para materiales de construcción". "El Plan Insular de Ordenación Territorial de Lanzarote prohíbe estas edificaciones. Es una hecho no controvertido que la construcción se realiza en suelo especialmente protegido sin la preceptiva autorización", se recoge en el documento, donde también se señala que la Oficina Técnica del Ayuntamiento de Arrecife certificó que "no consta ni solicitud ni concesión de licencia" en dicho departamento municipal.
La magistrada considera que "se aprecia con absoluta claridad la transformación de la parcela" en la que se construyeron estas instalaciones. Además, indica que en los años 2004-2005 se levantó la machacadora y entre esa fecha y diciembre de 2006 las tres naves y la planta de hormigón.
Además, en la sentencia también se hace hincapié en que el condenado es de Lanzarote, propietario de "varias fincas" desde la década de los 80, se dedica a la rama de la construcción e inmobiliaria, con lo que resulta "más que evidente, que debía saber en qué registro estaba su finca, que era el de bienes rústicos".
Precinto
La sentencia también recoge el momento en el que el Ayuntamiento de Arrecife impuso el precinto de las instalaciones, que fue el 3 de octubre de 2005. Pese a lo cual, Miguel Morales aseguró "sin rubor alguno" durante el juicio que cuando se precintaron las obras "sólo restaba realizar el acerado y parte del pavimento exterior". "Digo lo de rubor porque pese a sus manifestaciones constala declaración de un técnico del Ayuntamiento que afirma que, después del precinto, junto a las naves ya finalizadas hay al menos una que sólo tiene los cimientos, de hierro, que no pueden confundirse en absoluto con los que son parte de la actividad de la empresa", afirma la magistrada.
"Sería una curiosa forma de apilamiento si no fuera porque la perito dijo en el juicio que cuando fue a las obras estaban construyendo todavía una de las naves", se señala. Por lo tanto, según la juez "no puede si no afirmarse" que Miguel Morales "conocía el sentido de la resolución y las consecuencias del precinto". "Todo evidencia, sin el menor género de dudas que conocía su obligación de suspender inmediatamente las obras y que, sin embargo, continuó con las mismas, no limitándose éstas a la realización de las aceras", considera la magistrada que, además, señala que Morales "desatendió el precinto de las obras".
En este sentido, la juez señala que el administrador único de Hormiconsa "desobedeció el decreto de Alcaldía, que le ordenaba la inmediata suspensión provisional de las obras". "Estuvo vulnerando la orden debidamente dada desde el mes de octubre de 2005 hasta su completa finalización. Optó por una actitud contumaz y las continuó hasta su terminación, haciendo unas obras ilegales mientras desoía los requerimientos de la autoridad para detenerlas", se insiste en la sentencia.
La magistrada también deja claro en este documento que "se ha puesto de manifiesto un comportamiento de reiterada y clara oposición, grave actitud de rebeldía y persistencia en la negativa a cumplir la orden o mandato" por parte del promotor ahora condenado.
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