El secretario de Organización de Coalición Canaria, José Miguel Barragán, ha considerado que el marco más adecuado para el debate parlamentario y la búsqueda de soluciones a la inmigración irregular son las Cortes Generales, ya que "el Gobierno del Estado es el que posee casi todas las competencias en la materia".
Sin embargo, CC apoya la celebración de una sesión de carácter extraordinario en el Parlamento de Canarias para analizar las consecuencias de la llegada de cayucos y pateras a las Islas, ya que "contribuirá a ahondar en el debate de un asunto que requiere el apoyo y la unidad de todas las fuerzas políticas canarias", ha explicado Barragán.
El secretario ha recordado a socialistas y populares que "fue el propio presidente del Gobierno de Canarias, Adán Martín, "el que presentó un escrito el pasado lunes en el registro de la cámara autonómica solicitando intervenir en dicha sesión".
En todo caso, los nacionalistas canarios insisten en que el escenario más apropiado para reflexionar sobre esta materia son las Cortes Generales ya que el Gobierno del Estado posee las competencias relativas al control de fronteras, los cuerpos y las fuerzas de seguridad del Estado, las relaciones exteriores y la gestión de los centros de internamiento. Además, sostiene que es en Madrid donde se debe buscar un acuerdo con el resto de las Comunidades Autónomas para el traslado de los inmigrantes y la distribución solidaria de menores en el seno del Consejo Superior de Política de Inmigración.
Con este objetivo, los senadores de CC han solicitado la comparecencia de tres ministros en la Cámara Alta y esta semana harán lo propio en el Congreso de los Diputados. En este sentido, el secretario de Organización de CC lamenta que los socialistas se hayan negado en el seno de la Diputación Permanente del Congreso a celebrar una sesión extraordinaria en agosto sobre esta materia, a pesar de las reiteradas peticiones de los nacionalistas canarios y del PP.
"El Parlamento de Canarias", ha indicado Barragán, "ha aprobado más de un centenar de resoluciones durante el Gobierno de Aznar y Zapatero, exigiendo al Estado que se implique en un asunto que, desgraciadamente, ha ido adquiriendo con el paso de los años mayor dramatismo. A estas resoluciones hay que unir las incontables iniciativas presentadas en el mismo sentido tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado".
