"Que inicien el proceso de autodeterminación y a partir de ahí que decidan lo que van a respetar y lo que no". Con esta irónica invitación explicó este martes el consejero de Política Territorial y Medio Ambiente del Cabildo, Carlos Espino, las sensaciones que ha tenido al tener conocimiento del escrito remitido por el Ayuntamiento de Yaiza atacando a la Primera Corporación insular después de que ésta denegara la licencia de apertura y funcionamiento al hotel Rubicón Palace, un escrito que a su juicio es "increíble" si se tiene en cuenta que la denegación de la licencia turística nada tiene que ver con el Consistorio que preside José Francisco Reyes.
El consejero de Política Territorial comenzó su intervención en el programa Buenos Días de Radio Lanzarote desarmando punto por punto el comunicado que envió el día anterior el Ayuntamiento sureño, afirmando en primer lugar que no se puede hablar nunca de "resoluciones filtradas" como lo han hecho con ánimo de insinuar trato de favor a los medios cuando éstas, las resoluciones, son públicas y todo el mundo tiene libre acceso a ellas. "Hay un enorme error, porque el Cabildo de Lanzarote no filtra las resoluciones, las comunica, porque son resoluciones de carácter público y la actividad que desarrollamos nos obliga a que los ciudadanos conozcan las decisiones que tomamos y por qué las tomamos", comentó, agregando que le gustaría que en el caso de Yaiza las cosas se hicieran igual, "que nos enteráramos cuándo da licencias, cómo da licencias, por qué da licencias, a qué precio se valoran las obras que se licitan". De hecho, coincidiendo con la información que adelantaba este diario en su sección de El Alpargatazo, dijo que ya han tenido conocimiento de la existencia de hoteles que cuestan en torno a los diez o doce mil millones de las desaparecidas pesetas y a los que se les ha liquidado derechos por novecientos, o "licencias que se han dado en la misma mañana en la que también se ha presentado el informe técnico, el informe jurídico, la resolución del alcalde y la comunicación al propietario". "Debemos felicitar al Ayuntamiento por ser capaz de hacer todos esos trabajos en una mañana", ironizó nuevamente.
Por otro lado, Espino dijo que la nota de prensa enviada por el Consistorio sureño no es más que "un cúmulo de medias verdades cuando no de despropósitos". Así, recordó que la sentencia de Montaña Roja a la que hace alusión tuvo consecuencias "prácticamente nulas" para los intereses del Cabildo y de la Isla al existir otros instrumentos como la moratoria turística o las Directrices Generales de Ordenación del Territorio y del Turismo de Canarias. "Ahora parece que les interesa sacar la sentencia de Montaña Roja como un espantajo con el que quieren dar a entender a la sociedad que el Cabildo no tiene capacidad. Me gustaría que recordaran en plan de igualdad las sentencias en las que el Cabildo sí ha ganado", subrayó.
El consejero, bastante enojado, recomendó por ello a Yaiza que tenga en cuenta que existe la posibilidad de solicitar la autodeterminación "para cumplir luego las normas y las leyes que quieran cumplir". "Ahora, mientras estén unidos al resto del territorio español, no les va a quedar más remedio que tragar con los informes del Cabildo", advirtió.
De otro lado, hizo rebotar la acusación sobre el supuesto "desvío del poder" del Cabildo al Consistorio sureño, afirmando que "lo que ha hecho hasta el momento el Ayuntamiento de Yaiza es un auténtico desvío de poder, al utilizar las facultad de la administración a dar licencias y obligarnos a los demás a correr detrás de él recurriéndolas cuando esas licencias las ha dado despreciando absolutamente la ley, utilizando planes parciales que no tenían vigencia ninguna porque no habían sido publicados, utilizando licencias viejas que a poco que removamos procedían de la época de cuando Jean de Bethencourth pasaba por el Rubicón".
Nada que ver con política territorial
Coincidiendo plenamente con los servicios jurídicos del Cabildo, Espino recordó que nada tiene que ver lo que ha hecho ahora el grupo de gobierno, una actuación meramente turística, con las actuaciones vinculadas con la política territorial. "Hay que pensar que el principal portavoz de determinadas situaciones de ilegalidad que se producen en Yaiza no son las empresas, que tendrían el derecho a decir que no estamos actuando bien, es el Ayuntamiento, que sorprendentemente es el que más está hablando", subrayó, mostrando su perplejidad por que una institución pública dedique tanto tiempo y tantos recursos a defender a unos promotores privados. "Esta confusión interesada que están tratando de hacer con la licencia de apertura no es cierta. Aquí de lo que estamos hablando es de la licencia turística, que es competencia exclusiva del Cabildo", matizó.
Por último, respondiendo a la gran duda que tiene casi todo el mundo sobre la razón que ha llevado a todos estos establecimientos, a los que ya se les ha denegado la licencia y a los que se les piensa denegar, a estar en funcionamiento, dijo que justo en este terreno había que ser comprensivos con los establecimientos y con las administraciones implicadas, puesto que los procesos de legalización son muy lentos. "Mientras había una autorización previa, se puede entender el grado de tolerancia. La licencia previa la daba el Gobierno de Canarias con una serie de problemas derivados porque no examinaban la situación urbanística de la zona, de ahí que se dieran sin perjuicio de la actuación municipal o insular", expuso, afirmando que "el problema surge cuando se quieren convertir esas licencias en definitivas y llegan al Cabildo". "El Cabildo, como no puede ser de otra manera, en el momento de convertirlas en definitivas tiene que examinar si la obra que se pretende legalizar está realizada de acuerdo con la autorización que se le dio", insistió.
