Canal Gestión Lanzarote rechaza la resolución del contrato del ciclo integral del agua de la isla iniciada por el Consorcio del Agua, que acusa a la concesionaria de "graves incumplimientos" en inversiones y la responsabiliza de los cortes constantes en el suministro.
En 171 páginas de alegaciones a las que ha tenido acceso La Voz, la filial de Canal Isabel II de Madrid tacha el informe jurídico del Cabildo de "infundado y torticero" y cuestiona que sea su responsabilidad que se pierda más de un 51% de agua desalada en la red, como expuso el Consorcio.
En este sentido, señala como "desproporcionada" la decisión de rescindir el contrato y pregunta si el Consorcio trata de "esconder o superar los múltiples incumplimientos" en inversiones. "La parte que no ha cumplido lo que a ella le incumbe y le es exigible, no puede pretender que la otra cumpla la suya", resalta la mercantil.
Acusa al Consorcio de falta de ejecución de inversiones
Canal asegura que las acusaciones de "incumplimiento" en la prestación del servicio "carecen de fundamento" y defiende que los problemas en el suministro tienen su origen en la presunta "la falta de ejecución" de inversiones por parte del Consorcio.
Además, expone que "se ha mantenido en funcionamiento un sistema de infraestructuras obsoleto, ineficiente e insuficiente". La mercantil alega que el Consorcio usó el dinero de los cánones para pagar la deuda de Inalsa y que "en ningún caso se pudo o se quiso disponer de dicha cantidad para afrontar obras imprescindibles".
La filial añade que la empresa pública no recogió en los pliegos del contrato "de una manera pormenorizada e individualizada" las obras que debían ser ejecutadas. Además, acusa al organismo público de una "absoluta falta de inversiones" en sus infraestructuras hidráulicas.
En este sentido, mantiene que no ha incumplido los pliegos, porque el presidente del Consorcio del Agua de Lanzarote en 2013, Pedro San Ginés, acordó con la empresa que prevalecería la oferta de la mercantil por encima de lo exigido en los pliegos.
Asimismo, Canal Gestión añade que el Consorcio "no puede iniciar" el fin del contrato, porque, según su versión, "nunca ha comunicado formalmente" las faltas detectadas, ni le ha informado de la necesidad de subsanar algunas deficiencias. Además, acusa al organismo de "incumplir el propio procedimiento" para resolver el contrato. Mientras que, ante la posibilidad de iniciar un nuevo contrato de rescindirse el anterior, advierte que llevará a cabo "las acciones legales oportunas".
Al mismo tiempo, Pedro San Ginés, como presidente del Cabildo de Lanzarote, rechazó una propuesta de Podemos para realizar "una auditoría exhaustiva" a las obras realizadas por Canal desde 2013 hasta 2018. Así, aseguró que ya existía una comisión, dotada con 200.000 euros, para auditarla. "El presidente justificaba que ya existía la Comisión encargada de ese trabajo, sin embargo, como podemos ver, no era operativa, acumulándose expedientes de inversiones de lotes y lotes sin revisar", señala Canal.
En este sentido, Canal Gestión defiende que debió ser la institución pública la que debía supervisar estos trabajos y que no acudió nadie a recepcionarlos. Asimismo, asegura que ejecutó 209 inversiones, por valor de 61,3 millones de euros. A lo que añade que "el trabajo de verificación" de esas inversiones se realizó entre "siete/diez años después de que finalizara el grueso de las obras", es decir, durante el mandato socialista y que "dificulta enormemente realizar cualquier tipo de comprobación".
Cifra en más de 30 millones las pérdidas por la subida de tarifa
Canal Gestión ganó una batalla judicial contra el Consorcio del Agua por la subida de las tarifas del agua. La institución había rechazado la revisión, respaldándose en los continuos cortes de suministro. Sin embargo, un juzgado de lo Contencioso ratificó en sentencia firme el derecho de la concesionaria a subir los precios desde el cuarto año de contrato, es decir, a partir del año 2017. En total, Canal cifra las pérdidas por la no subida de las tarifas en más de 30 millones de euros.
Este proceso ha sido tachado por Canal como "un auténtico peregrinaje judicial" y defiende que aún mantiene los precios de 2011, a pesar del aumento del precio de la energía y de lo pactado por contrato. De modo que denuncia que el Consorcio desoye "sus compromisos contractuales" e incumple las resoluciones judiciales.
Finalmente, defiende que no se puede rescindir el contrato por los posibles incumplimientos de Canal porque el Consorcio no ha cumplido con la subida de las tarifas y habría incumplido "de forma sistemática, consciente y voluntaria" las inversiones necesarias.
