La Fiscalía Anticorrupción, que acaba de presentar su escrito de calificación en una de las piezas centrales del caso Unión, ha incluido la asociación ilícita entre los delitos por los que acusa a la ex alcaldesa de Arrecife, María Isabel Déniz, al líder histórico del PIL, Dimas Martín, al ex secretario del Ayuntamiento, Felipe Fernández Camero, y al ex jefe de la Oficina Técnica, Rafael Arrocha.
Una asociación ilícita, según recoge el Código Penal, es aquella que tiene por objeto "cometer algún delito o que, después de constituida, promueve su comisión". En el caso de Dimas y María Isabel Déniz, el fiscal Luis del Río les aplica el artículo 517.1, que castiga a los "fundadores, directores o presidentes" de esas asociaciones, por lo que pide para ellos 3 años de prisión, 9 años de inhabilitación y multa de 13.500 euros solo por este delito.
En cuanto a Fernández Camero y Arrocha, considera que eran "miembros activos" de la asociación, por lo que reclama que sean condenados a 2 años de prisión y al pago de una multa de 13.500 euros. Estas penas se suman a las que pide para ellos por otros delitos de cohecho, falsedad en documento público, prevaricación, revelación de secretos, fraude y actividades prohibidas a funcionarios públicos, entre otros, vinculados a la adjudicación de contratos a Urbaser y FCC. En total, la Fiscalía solicita 19 años y medio de cárcel para Rafael Arrocha, 13 años para María Isabel Déniz, 13 para Dimas Martín y 11 años y medio para Felipe Fernández Camero en esta pieza del caso Unión.
"Adjudicación amañada antes de iniciarse el expediente"
En su escrito de acusación, Luis del Río sostiene que entre finales de 2001 y principios de 2002, Dimas Martín, "como máximo líder" del PIL, y María Isabel Déniz, como alcaldesa de Arrecife, se pusieron "de acuerdo" para "obtener fondos de forma ilícita procedentes de diversas empresas privadas a través del Ayuntamiento". Y para ello, señala que "era preciso contar con la importante colaboración de dos funcionarios de la Corporación", es decir, del secretario y el jefe de la Oficina Técnica.
Gracias a la intervención de estos dos funcionarios claves en el Consistorio, según el fiscal, Déniz y Dimas "podían conseguir que la tramitación de los correspondientes expedientes de contratación fuera formalmente correcta, de manera que no trascendiera a otros funcionarios, ajenos a la trama, que la adjudicación ya estaba amañada antes de iniciarse tal expediente, que no era sino un mero artificio".
El escrito de acusación sostiene que los acusados "seleccionaban a las empresas a las que se les iban a adjudicar los contratos", y que "el criterio decisivo era que abonasen las dádivas solicitadas, y no que ofreciesen las mejores condiciones para la Corporación municipal". Para ello, "se simulaba una aparente concurrencia de empresas en el correspondiente expediente, que en realidad era ficticia", y "alteraban los precios y el resto de condiciones en que se iban a prestar los servicios municipales".
Más de 800.000 euros en sobornos
Entre las "conductas ilícitas" por parte de los acusados, el fiscal señala que la primera era "llegar a acuerdos con empresas que pretendían ser adjudicatarias de contratos de obras o servicios con el Ayuntamiento de Arrecife, exigiéndoles el cobro de comisiones ilícitas en dinero en efectivo y a través de diversos regalos u obsequios a cambio de ser favorecidas en la adjudicación de dichos contratos, en detrimento de otras". Después, añade que "para que las empresas pudieran seguir como adjudicatarias y cobrar por los servicios u obras realizadas, debían seguir abonando diversas cantidades y realizando obsequios periódicamente a diversos cargos públicos". Según el Ministerio Fiscal, solo estos cuatro acusados recibieron al menos 757.000 en sobornos en metálico y en regalos de Urbaser, y 46.674 de FCC.
Una vez adjudicado el contrato, la Fiscalía considera acreditado que los acusados "aumentaban las cantidades que el Ayuntamiento debía abonar a estas empresas por los servicios prestados, mediante el ejercicio del ius variandi o a través de la revisión de precios de los contratos, a cambio de la correspondiente comisión ilícita, bien mediante el pago de dinero en efectivo o a través del pago de viajes u otros obsequios".
En el caso del pabellón de Argana, se adjudicó por 8,7 millones de euros a FCC, que se presentó al concurso ofreciendo una rebaja del 7,7 por ciento con respecto al presupuesto base de licitación. Sin embargo, justo después de firmar el contrato, el Ayuntamiento aprobó un modificado del proyecto, aumentando el importe en un 7,2 por ciento. Además, dos meses más tarde le adjudicaron a esta empresa, sin concurso público, unas "obras complementarias" en el pabellón por valor de 1,3 millones de euros.
Los contratos con Urbaser aumentaron su precio hasta un 500 por ciento
En cuanto a Urbaser, llegó a tener tres contratos con el Ayuntamiento (por recogida de residuos, por limpieza viaria y por el mantenimiento de parques y jardines) y el importe que pagaba el Consistorio terminó aumentado desde un 200 y hasta un 500 por ciento. Es decir, el Ayuntamiento acabó pagando hasta cinco veces más del precio inicial por el que se había adjudicado el servicio.
Además, en el caso del contrato de recogida de basura, en la adjudicación se tuvo en cuenta como supuesta mejora la construcción de dos naves, que en realidad fueron adjudicadas sin concurso y de forma fraudulenta a Urbaser. Así, al precio anual del contrato, que era de 2.194.699 euros, sumaron la ejecución de una obra de 3.937.733 euros y otra de 2.334.077.
En su informe previo a la adjudicación del concurso, Rafael Arrocha señalaba que esas ofertas "opcionales" que planteó Urbaser "se consideran muy necesarias". Y lo hizo, según el fiscal, "escondiendo que la cláusula 20 del pliego exigía que la empresa licitadora contara con, al menos, una nave industrial adecuada para las necesidades" del servicio. Es decir, que "las instalaciones deberían haber corrido a cargo de la empresa adjudicataria", y sin embargo fueron facturadas al Consistorio, con un cargo extra de más de 6 millones de euros.
