Fernando Herrera Guillén, su hermano Roque y la hija menor de este último (12 años) fueron desalojados este viernes de su vivienda en la calle Palacio Valdés, en Argana Alta (Arrecife), por orden del Juzgado de Primera Instancia Nº1. La casa, cedida gratuitamente por la Diócesis de Canarias a sus padres en 1964, fue vendida en 2006 a la empresa Juan Antonio Rivera S.L. (Iveco), lo que desencadenó un largo conflicto legal. La familia, que llevaba décadas residiendo en el inmueble, se encuentra ahora en un garaje prestado por allegados en Argana Baja.
Un conflicto legal de más de una década
En 2011, Iveco demandó a la madre de los Herrera Guillén para recuperar la propiedad, pero en dos ocasiones la Justicia falló a favor de la familia, permitiéndoles permanecer en la vivienda bajo la figura del comodato, que les otorgaba el uso temporal del inmueble debido a su situación de pobreza. Sin embargo, tras el fallecimiento de la madre hace tres años, la empresa reclamó nuevamente la propiedad. Aunque la familia argumentó que Fernando, quien nació y vivió allí toda su vida, debería tener derecho a permanecer, el juez falló a favor de Iveco, considerando que el comodato no era transmisible.
Situación de vulnerabilidad y falta de alternativas
El Instituto Canario de la Vivienda (ICAVI) emitió un informe reconociendo la situación de vulnerabilidad de la familia y solicitó al juzgado la suspensión temporal del desahucio para buscar una solución habitacional. Sin embargo, la orden de desalojo se ejecutó este viernes. La familia, que depende de pensiones y carece de recursos para alquilar una vivienda, podría acceder a ayudas del Programa Canarias Pro-Hogar, pero hasta el momento no ha encontrado una alternativa. El caso ha generado indignación y pone de manifiesto las dificultades de muchas familias en riesgo de exclusión social.
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