La Fiscalía no cree en los testimonios de los cinco acusados, a pesar de que el abogado de la principal procesada asegurara que había confundido "marginalidad con criminalidad"
La deuda que las mujeres captadas adquirían con la organización ascendía a 55.000 euros, que debían saldar prostituyéndose en Puerto del Carmen, Madrid o Vitoria