Igual que el vaso se puede ver medio lleno o medio vacío, según quien lo mire, un informe también puede tener múltiples lecturas. Sin embargo, a juzgar por los comentarios que han realizado en los últimos días determinados ...
Igual que el vaso se puede ver medio lleno o medio vacío, según quien lo mire, un informe también puede tener múltiples lecturas. Sin embargo, a juzgar por los comentarios que han realizado en los últimos días determinados políticos, y especialmente el presidente del Cabildo, da la sensación de que han leído un dictamen distinto. Que realmente no están hablando del informe de Luciano Parejo, presentado el pasado lunes en el Consejo de la Reserva de la Biosfera.
Tras analizar el documento, por ejemplo, es inevitable preguntarse: ¿dónde ha visto Pedro San Ginés la palabra "compensaciones" a lo largo de los 37 folios de este dictamen? (sólo aparece una referencia expresa al "Plan Parcial Playa Blanca", que no se explica en ninguna parte). Y es que por más que el catedrático planteara esta opción cuando habló ante el Consejo de la Biosfera, lo cierto es que no está contemplada en su dictamen.
En esencia, lo que viene a decir el informe es que en lugar de la iniciativa legislativa que proponía el anterior grupo de gobierno, sería mejor abordar la legalización de los hoteles a través de la aprobación de unas normas de planeamiento provisionales, que entrarían en vigor suspendiendo temporalmente parte del Plan insular y de los planes de Yaiza y Teguise.
Y eso, en realidad, supone reconocer que para encajar en la legalidad las ilegalidades que se han cometido en Lanzarote en las tres últimas décadas, sería necesario borrar de un plumazo todas las normas vigentes en la isla en materia urbanística. Y es que aunque el dictamen obvie hacer un análisis de la situación de cada establecimiento, deja claro que lejos de lo que sostienen los afectados y determinados políticos, aquí no estamos hablando de que faltaran sólo "papelitos".
Es evidente que los hoteles incumplen el Plan Insular e incluso sus respectivos planes municipales, porque de lo contrario, no sería necesario dejar estas normativas en suspenso para poder legalizarlos, y bastaría con que volvieran a pedir la licencia. El desmedido crecimiento insular que se produjo con las licencias anuladas por los tribunales no sólo supone la constatación del exceso de camas que se hicieron incumpliendo los máximos establecidos en la norma insular, sino que además se hizo a costa de los suelos para equipamientos: ¿dónde está el 25 por ciento de reserva de suelo para equipamientos complementarios que exige el PIOT en cada plan parcial, y que se "comieron" las camas que se hicieron en ellos?
Asumido esto, se puede discutir si aporta más seguridad jurídica abordar este proceso desde una iniciativa legislativa o desde unas normas transitorias de planeamiento que se trasladen luego al Plan en revisión, pero el problema es que el dictamen de Parejo se limita a fijar los pasos a seguir, pero no concreta nada de cómo se llevarían a cabo. No explica el contenido de esas normas, ni qué parámetros se seguirían. Y difícilmente puede hacerlo, cuando ni siquiera entra a analizar la situación de cada establecimiento, pese a que sería fundamental distinguir la gravedad de cada caso a la hora de abordar este problema.
Es decir, que el documento presentado el pasado lunes, y que parece haberse convertido en la "Biblia" del grupo de gobierno, realmente no resuelve nada. Da una vía de escape para poder "superar" el actual planeamiento, pero no concreta cómo se va a materializar. Y es que si se pretende establecer unas nuevas "reglas del juego" temporales, para poder dar cobertura a lo ilegal, lo importante es conocer el contenido de esas normas, o al menos tener una explicación de con qué criterios se elaborarán.
Porque por más que intenten defender que lo bueno de esta opción es que va a contar con la supervisión de los órganos judiciales, las "normas" de planeamiento no las van a redactar los jueces, sino los políticos. Y obviamente estarán sujetas al criterio del tribunal, al igual que cualquier iniciativa que se emprenda, legislativa o de cualquier tipo, que afecte a la ejecución de las sentencias, porque es evidente que la ley que se propuso en su momento se aplicaría con actos que también serían controlados por los Tribunales.
Precisamente por eso, la iniciativa legislativa propuesta por el anterior grupo de gobierno incluía un mecanismo de compensaciones al interés general, en forma por ejemplo de desclasificación de camas o cesiones de suelo para dotaciones públicas (conviene recordar que el informe de la Oficina del PIOT puso de manifiesto que en muchos planes apenas se alcanzaba un 4 por ciento de suelo para equipamientos, cuando el mínimo establecido en el PIOT es del 25 por ciento), a cambio de la legalización de los establecimientos. Por un lado, porque lo contrario supondría sólo un premio a los infractores. Por otro, porque ya hay precedentes en los que la Justicia ha tumbado cambios en el planeamiento dirigidos únicamente a dar cobertura a lo ilegal. Y es que aunque es evidente que no se puede tirar al suelo una treintena de hoteles, tampoco se puede hacer borrón y cuenta nueva a cambio de nada, ni tratar igual a los casos más "leves" que a los que revisten una sangrante gravedad.
Por eso, es fundamental saber cómo se va a resolver todo eso y tener unos parámetros a los que atenerse. Pueden ser los que ya establecía la iniciativa legislativa propuesta durante el gobierno socialista o pueden ser otros, pero el problema es que el nuevo dictamen, no propone ninguno.
Sin embargo, sí se extiende y mucho en analizar las bases mismas sobre las que se sustenta el planeamiento insular y las competencias del Cabildo en esta materia. Y en eso, curiosamente, el dictamen de Luciano Parejo defiende los mismos argumentos que han sostenido durante años los infractores, con el abogado Felipe Fernández Camero a la cabeza. Es decir, sostiene que el Cabildo no debe mantener en su planeamiento el informe de compatibilidad con el PIOT con carácter preceptivo, porque supondría invadir las competencias municipales para la concesión de licencias. Sin embargo, Parejo pasa por alto que esa teoría ha sido tumbada por decenas de sentencias judiciales, que han dado la razón al Cabildo en todos los pleitos que durante años se han interpuesto no ya bajo el gobierno del PSOE, sino también de CC, del PP e incluso del PIL.
¿Es eso lo que se celebra de este informe? ¿Es ésa la parte que se han leído algunos? ¿Pretenden renunciar al derecho que le han reconocido los tribunales al Cabildo de velar por el cumplimiento del Plan Insular? Porque si es así, la preocupación no es sólo qué se va a hacer con las ilegalidades cometidas hasta el momento, sino también, qué caminos se están pretendiendo abrir hacia el futuro.
La contradicción llega a tal punto que, después de sugerir que se elimine el informe de compatibilidad (se considera una intromisión en la autonomía de los ayuntamientos), propone que, en caso de que se produzcan incumplimientos, el Cabildo recurra a los tribunales cuando los ayuntamientos le notifiquen las licencias. Si con el informe preceptivo del Cabildo en vigor se ha llegado a esta situación, ¿qué pasaría si ni siquiera se exige?
¿Se confía en que ahora los ayuntamientos sí van a respetar todas las normas, incluido el PIOT, y van a notificar las licencias al Cabildo? ¿Se hará la vista gorda en caso de que no sea así? ¿O nos veremos en unos años con un problema igual o mayor al actual? Y de ser así, si se vuelve a tener lo que para algunos parece la "mala suerte" de ganar todas las sentencias, ¿sacaremos de la chistera otro "Nuevo Testamento" para volver a tirar piedras contra el tejado de la ley?
