Las 70 familias de las viviendas de Rocar, Garavilla y Ojeda en Valterra han exigido al Cabildo de Lanzarote que ponga fin al "bloque burocrático" sobre sus casas y se las entregue inmediatamente.
A pesar de que el traspaso estatal se aprobó por ley en el 2022 y las casas ya figuran inscritas en el Registro de la Propiedad a nombre del Cabildo de Lanzarote, la Asociación de la Mesa Negociadora de estas viviendas han denunciado que "se sigue demorando la regularización final de las escrituras".
Los afectados han lamentado públicamente que el Área de Vivienda del Cabildo de Lanzarote "haya recurrido ahora a un nuevo informe jurídico externo, prolongando de forma innecesaria una angustia que dura ya décadas".
Las 70 familias residentes en las viviendas históricas del barrio de Valterra han alzado la voz de forma conjunta para exigir al Cabildo de Lanzarote que ponga fin a las "demoras injustificadas" y proceda, de una vez por todas, a formalizar la entrega de la titularidad de sus hogares. Los moradores, familias de origen humilde vinculadas históricamente al sector pesquero local, denuncian que "se encuentran atrapadas en un bucle administrativo que perpetúa una situación de absoluta inseguridad jurídica".
Así, han recordado que el origen del conflicto se remonta a las casas construidas en 1955 por el Instituto Social de la Marina (ISM). Tras décadas de reivindicación histórica, la Ley 10/2022 de 14 de junio autorizó la donación estatal de estos inmuebles al Cabildo insular con el único propósito de que este los transmitiera definitivamente a sus legítimos moradores. Sin embargo, a pesar de que la corporación insular ya completó la inscripción de las casas a su nombre en el Registro de la Propiedad, los titulos individuales siguen sin llegar a manos de los vecinos.
"Giro burocrático de última hora"
El malestar vecinal se ha agravado tras conocerse que el Área de Vivienda del Cabildo ha contratado recientemente un dictamen jurídico externo para volver a estudiar los términos de la transmisión y dictaminar si los vecinos deben abonar alguna cantidad.
Para los portavoces de los afectados, este movimiento supone una maniobra dilatoria innecesaria: "Es incomprensible que se siga auditando lo que ya fue ratificado por ley y por el propio pleno de la institución no somos nuevos adjudicatarios; somos los moradores históricos y legítimos que han abonado la totalidad del precio de las viviendas y que llevamos esperando este reconocimiento toda la vida", afirman.
Los retrasos acumulados han llevado a los vecinos a tener que sufragar asesoramiento jurídico privado para defender sus derechos e intentar romper el muro de silencio institucional.
Exigencias inmediatas de los afectados:
• Transparencia absoluta sobre los resultados del último informe jurídico externo encargado por el Cabildo.
• Garantía de gratuidad en la transmisión de las viviendas, tal y como dictaba el espíritu del acuerdo original con el Instituto Social de la Marina.
• Disolución de trabas administrativas y atención directa a las necesidades de mantenimiento de las viviendas que acumula décadas de antigüedad.
• Fijación de un calendario vinculante para la firma final de las escrituras de propiedad a favor de cada morador histórico.
Las familias recuerdan que detrás de los expedientes hay realidades humanas, personas mayores y familias vulnerables que viven bajo el temor constante de no ver resuelta la situación patrimonial de sus vidas. Advierten de que, si no se reciben respuestas claras de manera inmediata por parte del presidente insular y su grupo de gobierno, intensificarán las medidas de protesta social y las acciones legales pertinentes.
Si el grupo de gobierno del Cabildo agrede de esta manera el derecho de propiedad de los vecinos más humildes de Lanzarote, lo que con su esfuerzo levantaron la industria pesquera de la isla, serán los vecinos los que se alcen contra el grupo de gobierno del Cabildo Insular.
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