El acceso a una vivienda digna en condiciones razonables es hoy una de las principales preocupaciones de la ciudadanía en Canarias. Una circunstancia que afecta, por supuesto, a las personas más vulnerables en una sociedad que sigue padeciendo unos elevados índices de pobreza. Pero no solo. También afecta a personas trabajadoras con ingresos bajos y medios, así como a nuestra gente joven, que o no encuentran vivienda o les es imposible pagar las que el mercado les ofrece por la constante subida de sus precios, sea en régimen de compra o en alquiler. Por eso, las administraciones públicas canarias deben priorizar la adopción de medidas que ayuden a resolver este grave problema social.
Respecto al derecho a la vivienda, el artículo 47 de la Constitución señala que “los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”. Por su parte, el artículo 22 del Estatuto de Autonomía de Canarias señala que “los poderes públicos deberán garantizar el derecho de todas las personas a una vivienda digna, mediante un sistema de promoción pública en condiciones de igualdad y en los términos que establezcan las leyes, poniendo especial atención sobre aquellos colectivos sociales más vulnerables. Se regulará el uso del suelo de acuerdo con el interés general para evitar la especulación.”
Derecho vulnerado
Sin embargo, su concreción práctica resulta hoy una auténtica utopía para decenas de miles de canarios y canarias. Se trata, por tanto, de un derecho constitucional y estatutario claramente vulnerado. La mayoría de la gente no puede acceder a una vivienda en propiedad a precio razonable; y tampoco resulta de recibo que, en caso de alquilarla, la cuota suponga la mitad o más del salario de los ya de por sí bajos sueldos de las Islas.
La carestía de las viviendas supone hoy en Canarias uno de los factores más graves de riesgo de exclusión social. Agudizándose en nuestras grandes urbes y en los municipios turísticos, en los que el mercado habitacional se encuentra muy tensionado y es prácticamente imposible acceder a un alquiler o a la compra de una vivienda digna.
Además, las circunstancias económicas más negativas hacen que en nuestra tierra el número de desahucios y de alzamientos sea superior a la media estatal. Respecto a los desahucios por impago de hipoteca, pese a disminuir a partir de 2015, en 2019 son claramente superiores a la media española: 3,91 por 10.000 habitantes frente a 3,02. En cuanto a los lanzamientos por impago de la cuota del alquiler no bajan desde el año 2016, alcanzando en 2019 las 10,88 personas por 10.000 habitantes frente a las 7,75 en el conjunto del Estado.
En nuestra Comunidad, el número de viviendas supera el millón. La vivienda principal supone el 77,16% (844.404), frente al 22,84% de la no principal (249.926). Disponiendo de algo más de 22.000 viviendas públicas, algo menos del 3% del total de viviendas principales de Canarias.
Numerosos factores contribuyen a que en el Archipiélago sea cada vez más difícil acceder a una vivienda. Por un lado, influye el importante crecimiento poblacional experimentado, más de 540.000 personas en lo que va de siglo XXI, un porcentaje superior al 32%. En el mismo periodo, Euskadi apenas aumentaba su población en un 6,7% y el conjunto del Estado español en un 18,7%.
Sin embargo, se persiste en la misma línea que no hará más que agravar las cosas. Con ocurrencias como la del Gobierno de Canarias de facilitar la construcción de viviendas en suelo rústico. O con macroproyectos como el del convenio urbanístico que desbloquea el plan parcial de El Mojón, en Arona; y que supone construir una nueva ciudad con 9.000 camas, siete mil de ellas serán fundamentalmente chalés ubicados sobre solares de 300 metros, que serán pasto de la especulación.
Responder a ello exige muchas actuaciones. Canarias debe agilizar el cumplimiento del vigente Plan de Vivienda 2000-2025, que pusimos en marcha la pasada legislatura tras una década sin actuación alguna. Un Plan que dispone de ficha financiera, más de 600 millones de euros, definiendo casi 6.000 nuevas viviendas en suelo que ya es de la comunidad canaria o cedido por los ayuntamientos. Hay que intensificarlo, para tratar de duplicar el número de viviendas del Plan, actualizando los módulos de construcción y consiguiendo más suelo público.
220.000 viviendas vacías
Otro condicionante significativo es la enorme cantidad de viviendas vacías: más de 220.000 en el Archipiélago, una de cada cinco. En Lanzarote, por ejemplo, hay censadas unas 20.000 casas sin habitar. Según datos recientes del Instituto Nacional de Estadística (INE), entre las ciudades de más de 200.000 habitantes, Santa Cruz de Tenerife aparece a la cabeza de viviendas vacías de todo el Estado, con un 17,3%, y en el cuarto lugar se sitúa Las Palmas de Gran Canaria (14,3%), por detrás de Vigo (15,1%) y A Coruña (14,7%). En el caso de los municipios mayores de 10.000 habitantes el listado de casas sin habitar lo encabeza Tías (48%) y entre los veinte primeros figuran Antigua (37,2%), Mogán (33,7%), Santiago del Teide (35,7%) y San Miguel de Abona (33,1%).
Hay que analizar en profundidad las razones (¿problema de herencias, deterioro, inseguridad…?) por las que estas casas no se encuentran en el mercado de alquiler y buscar alternativas (fiscales, ayudas a la rehabilitación, seguros…) que estimulen un profundo cambio, ayudando a ampliar significativamente la actual oferta, especialmente en las dos ciudades más pobladas del Archipiélago, pero no solo.
Otro factor distorsionante en las islas es el crecimiento exponencial del alquiler vacacional en los últimos años. Especialmente cuando se produce en barrios que se gentrifican, imposibilitando el acceso a la vivienda a los residentes; y con extremos como la proliferación de edificios dedicados enteramente al alquiler vacacional, unas instalaciones que, como he señalado en otras ocasiones, no distribuyen renta entre la población local, apenas generan empleo y compiten con los hoteles.
Especulación
Asimismo, desde Nueva Canarias-Bloque Canarista (NC-bc) consideramos que hay que poner freno a la adquisición de viviendas por extranjeros sin arraigo en las Islas, y que se convierten en pura y dura especulación. Canarias es la segunda comunidad más afectada por este fenómeno. Canadá decidió prohibir, a partir de 2023 y hasta 2025, la compra de vivienda a los extranjeros no residentes en el país, una medida que acaba de ampliar hasta 2027. Con ello, el gobierno del liberal Trudeau pretende combatir la especulación inmobiliaria y la elevación de los precios en el sector. Nueva Zelanda también ha comenzado a tomar medidas restrictivas para evitar la especulación y proteger a su población local. Hay que buscar mecanismos que lo hagan posible también aquí.
La situación de la vivienda en Canarias es grave. Lo que obliga a las instituciones públicas a comprometerse firmemente para implementar soluciones que transformen esta negativa realidad. En ningún caso desde la improvisación y las ocurrencias -que empezaron con el suelo rústico y pueden terminar autorizando construir viviendas en los locales comerciales de los edificios-, sino desde la planificación, la visión de futuro y la sostenibilidad. Atemperando el crecimiento demográfico. Ofertando viviendas de protección pública para los sectores más vulnerables, así como viviendas de promoción privada a precios competitivos, mediante la cooperación público-privada, tanto en venta cono en alquiler. Regulando adecuadamente el alquiler vacacional, especialmente en las zonas más tensionadas, y limitando la venta a extranjeros no residentes. Favoreciendo la incorporación al mercado de un relevante porcentaje de las casas que hoy se encuentran vacías… Actuaciones tan múltiples como urgentes para cumplir con este derecho constitucional y estatutario.
