En nuestro país carece de encaje político y legal recurrir a la violencia en las calles para reivindicar el derecho de manifestación y el derecho a la libertad de expresión. España es un Estado de Derecho que consagra las libertades individuales y colectivas, y nos regimos por las leyes para garantizar la convivencia. Por eso, resulta increíble que a estas alturas nos veamos obligados a recordar estas cuestiones tan elementales, lo cual nos da una idea de la fragilidad de la democracia y refuerza la necesidad de ejercitarla y defenderla cada día.
No se puede utilizar el derecho de manifestación y el derecho a la libertad de expresión por algunos individuos como coartada para el pillaje, el vandalismo y el enfrentamiento gratuito con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. De ninguna manera. Algunos lo hacen por motivos políticos, como los independentistas en algunas ciudades catalanas, y otros por pertenecer a grupúsculos antisistema en busca de su minuto de gloria en forma de cuota de pantalla.
Los disturbios se iniciaron tras el ingreso en prisión de Pablo Hasél, en cuyo historial figuran varias condenas. La primera en 2014, cuando la justicia le impuso dos años de cárcel por considerar que hacía apología del terrorismo al mencionar a organizaciones como ETA o Al Qaeda en sus canciones y en sus redes sociales. Al ser la primera pena, la sentencia quedó en suspenso, pero en 2018 volvió a ser condenado a prisión por enaltecimiento del terrorismo, con agravante de reincidencia. El motivo de su ingreso han sido decenas de mensajes publicados en Twitter y una canción en YouTube que los tribunales consideran constitutivos de delito.
Como todos sabemos, la libertad de expresión no es absoluta y tiene límites, aunque los delitos de opinión establecidos en nuestro ordenamiento jurídico están pendientes de una reforma, anunciada por el Ministerio de Justicia a principios de febrero. Así, las conductas que supongan claramente la creación de un riesgo para el orden público o la provocación de algún tipo de conducta violenta se castigarán con penas disuasorias, pero no privativas de libertad. Además, aquellos excesos verbales que se cometieran en el contexto de manifestaciones artísticas, culturales o intelectuales permanecerán al margen del castigo penal.
En cualquier caso, debemos ser conscientes de que este tipo de altercados y la sensación de inseguridad que generan sólo consiguen beneficiar a las auto proclamadas personas de orden, como los ultraderechistas, quienes no dudan en reclaman mano dura, represión y recortes de derechos y libertades a la menor oportunidad, dando pie a propuestas autoritarias que las y los progresistas no queremos ver ni en pintura. Las y los socialistas lo tenemos muy claro: los derechos se defienden a través de la palabra, de los argumentos, a través de la política.
Fco. Manuel Fajardo Palarea, senador del PSOE por Lanzarote y La Graciosa.
