José Morales, uruguayo, va a/puede ser deportado en virtud de algo que comportaría una sanción administrativa si el afectado fuera de nacionalidad española. Esa es la clave del debate y no otra.Discutir si la policía ...
José Morales, uruguayo, va a/puede ser deportado en virtud de algo que comportaría una sanción administrativa si el afectado fuera de nacionalidad española. Esa es la clave del debate y no otra.
Discutir si la policía debió o no iniciar el expediente, hablar de la corrección del mismo, pontificar sobre su derecho a recurrir y la posterior intervención de un juzgado, es andarse por las ramas. Lo sustantivo es que la ley permite deportar a un residente por cuestiones tan baladíes que a un nacional tan solo le supondrían una sanción administrativa.
De esta manera la pena no solo la sufre él, sino que la sufre su familia, puesto que la deportación de uno de sus miembros obligaría a la familia a salir del país en caso de pretender algo tan básico como mantener la convivencia.
Pero hay, además, un efecto perverso de mayor calado. Si en España residen más de 5,5 millones de extranjeros, de los cuales la mayor parte son trabajadores o trabajadoras y sus familias, el mensaje que se les está enviando es aterrador: o callas o te echamos.
Para el resto, los nacionales, se avisan reformas que dificultaran el legítimo derecho a tomar las calles, las plazas, el espacio público, para protestar.
"La calle es mía" , llegó a afirmar en sus delirios autoritarios el padre "intelectual" de la derecha española. A este paso, sus herederos están a punto de hacer cierta la frase.
