Es obligado mostrar nuestra repulsa hacia las últimas condenas a muerte que el Estado de Irán ha estado imponiendo a personas cuyo único “delito” ha sido defender los derechos humanos. Estas condenas a muerte, solo están motivadas por la soberbia de un régimen autoritario en un país donde los derechos más elementales –especialmente el de las mujeres- no están garantizados.
Los últimos casos, como el del ciudadano kurdo Mohammad Mahdi Karami, quien fue detenido en una de las protestas por el asesinato de la joven veinteañera Hadis Najafi, y sometido a graves torturas físicas y psíquicas. Otro ejemplo, más mediático por tratarse de un jugador de fútbol profesional, ha sido el de Amir Nasr-Azadani. Azadani estuvo presente en las masivas protestas por el asesinato en septiembre de este año de Mahsa Amini, una mujer joven que fue hallada sin vida tras haber sido detenida por la Policía de la Moral solamente por llevar mal colocado el velo. El futbolista es el caso que tuvo mayor trascendencia en el contexto del Mundial de Qatar 2022 pero se trata de apenas uno de los 11 detenidos y condenados a muerte de los que se tiene conocimiento en estos días, que se suman a otros ya ejecutados, como los casos de dos jóvenes de 23 años que fueron ahorcados públicamente a modo de mensaje amenazador para el conjunto de un movimiento de protestas que sin embargo no se detiene.
En este sentido, tenemos que recordar que el régimen iraní es una República islámica, una forma de Estado cuyo cuerpo institucional y normativo comparte las normas de la Sharia (ley islámica) que tiene como uno de sus pilares la opresión a la mujer, y donde los líderes religiosos pueden llegar a ejercer un gran poder y control sobre la ciudadanía. De hecho, muchas condenas a muerte se basan en el delito “moharebeh”, que significa “enemistad contra Dios”. Hasta las recientes protestas, el término solo se aplicaba a los activistas armados y después se está repartiendo esta etiqueta a cualquiera que cuestione, incluso pacíficamente, los intereses de la oligarquía militar-clerical.
En este extraño paisaje, el único objetivo de los enviados de Dios –que controlan el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial-, es seguir llevándose la inmensa riqueza de Irán.
Nuestro sindicato mediante escrito ha exigido al Gobierno del Estado español que interceda, a través del Ministerio del Interior, -departamento encargado de coordinar y ejecutar las políticas a nivel internacional sobre derechos humanos-, con el objetivo de frenar las ejecuciones de estas personas, a la vez que ha realizado un llamamiento a toda la sociedad para que respalde todas las acciones de protesta en defensa de la vida y de los derechos humanos.
Manuel Plasencia. Miembro del comité de empresa de Canal Gestión en representación de la Confederación General del Trabajo (CGT)
