“Yo sé por dónde van a venir las críticas”. Esas fueron las palabras pronunciadas por el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, cuando anunció la supresión del Impuesto sobre el Patrimonio en la comunidad autónoma andaluza. Y estaba en lo cierto.
Esta rebaja fiscal anunciada por el líder popular viene marcada por su notoria inclinación a favor de las minorías privilegiadas, que tan sólo representan un 0,2% de la población andaluza, y por su tendencia hacia unos pocos a costa de reducir los recursos públicos destinados al estado del bienestar.
Pero la eliminación del “impuesto a los ricos” no es solo una clara representación de los intereses de la política de derecha, sino una amenaza a la búsqueda de una mayor justicia social. Nuestro partido no busca dar privilegios ni enriquecer a unos pocos a costa del empobrecimiento de millones de españoles y españolas.
Nosotros seguimos al lado de la mayoría social y un ejemplo claro es el anuncio de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, de que establecerá un impuesto especial a las grandes fortunas con el fin de aumentar la recaudación entre los grandes patrimonios y rentas.
Según los datos ofrecidos por la Agencia Tributaria con respecto al ejercicio de 2021, la recaudación por el Impuesto sobre el Patrimonio ascendió a 120 millones de euros y el número de contribuyentes a 20.661. Y es que, mientras el Gobierno de España, en línea con la Comisión Europea, trabaja para que las energéticas y bancos contribuyan más, el popular Moreno Bonilla se dedica a regalar 6.000 euros a los más ricos.
Su nuevo paquete fiscal es una medida minoritaria que supondrá un regalo económico de 36.500 euros para un patrimonio neto de cuatro millones de euros, lo que se traduce en una decisión que solo beneficia a las rentas más altas y no ataja los problemas de inflación de las más bajas.
Un planteamiento que no tiene nada que ver con el trabajo que el Partido Socialista hace por lograr un equilibrio más justo y por garantizar la igualdad de oportunidades, tal y como ha quedado patente en la propuesta a la Comisión Europea de establecer un tope a los ingresos de las empresas que producen energía a bajo coste, incluidas las grandes empresas de petróleo, gas y carbón.
Probablemente, todos los avances que hemos conseguido sean fruto de nuestra capacidad de empatía y de ponernos en el lugar de los menos favorecidos. En todo momento, nuestro objetivo ha sido proteger a la clase media y trabajadora, a las pequeñas y medianas empresas de España, con el fin de garantizar, en mayor proporción, al bienestar colectivo y, especialmente, favorecer a los más vulnerables.
Desde las elecciones andaluzas del pasado mes de junio, las opciones para candidato al próximo gobierno han ido encaminadas hacia la derecha. Este hecho es un claro ejemplo de lo que se espera de los partidos conservadores, caracterizados por subir todos los impuestos a la clase obrera y aprobar amnistías fiscales para los ricos. Y es que ninguna de las medidas tributarias aprobadas hasta ahora por Moreno Bonilla ha beneficiado a los bolsillos de las familias que peor lo están pasando con esta crisis económica.
El Partido Socialista ha sido y es el partido de la mayoría social y de la clase trabajadora y es, en estos momentos, cuando más hay que demostrar cuáles son nuestros intereses y desenmascarar quiénes se esfuerzan por sacar proyectos e iniciativas adelante y quiénes prefieren quedarse en la confrontación y la demagogia.
En esta línea es en la que seguiremos trabajando hasta el final del mandato y en la que continuaremos trabajando tras los comicios de 2023 si los ciudadanos deciden apostar por los que, a diferencia de los que se dedican al populismo, luchamos por defender los intereses de la mayoría, por el bienestar de las clases medias y trabajadoras, por hacer de este país un territorio igualitario y justo.
No es Moreno Bonilla. No es Feijóo. No es Ayuso. Es el PP al que estamos acostumbrados, que gobierna a favor de unos pocos a costa de la mayoría. Es el de los recortes y menos servicios públicos en beneficio de las grandes fortunas. Es el que arremete contra los derechos fundamentales de todos los españoles y españolas y va en contra de aquellos que luchamos por la educación y la sanidad pública. Por lo tanto, que no nos engañen, que no queremos más populismo fiscal.
