Los trabajadores y trabajadoras estamos acostumbradas a que no se nos regale nada. El acuerdo del Gobierno con la patronal, las cúpulas de CCOO y UGT y la Unión Europea, aprobado por la mínima con “error” telemático incluido, el pasado 3 de febrero en el Congreso de los Diputados, no es una excepción. Más allá de la propaganda, lo cierto es que el Gobierno incumple sus promesas y abandona su compromiso de derogar la reforma laboral del Partido Popular que ha sumido a los trabajadores del estado español en la mayor precariedad laboral que se recuerda. Esta nueva reforma refuerza los pilares centrales de las reformas laborales impuestas por el PSOE de Zapatero primero, abriendo el camino a la pérdida de derechos laborales y Mariano Rajoy después.
Es incomprensible que PSOE y Unidas Podemos hayan renunciado tan ligeramente a su compromiso en documento público la derogación de la reforma laboral, creemos que la tomadura de pelo hacia los trabajadores es de las que hacen época.
Se trata de una oportunidad perdida, se trata de un compromiso incumplido, se trata de una claudicación ante una de las partes -la patronal- y ante Bruselas, una claudicación que mantiene condiciones de precariedad a cambio de unas ayudas en forma de fondos Next Generation, cuantiosos sí, pero que básicamente quedarán en manos de un puñado de multinacionales, de grandes corporaciones, pero que no llegarán a la clase trabajadora, ni se destinarán a mejorar la vida de la mayoría social.
Con este acuerdo no se recuperan las indemnizaciones por despido ni los salarios de tramitación, no se recupera la autorización administrativa de los despidos colectivos (ERE), se mantiene la flexibilidad para los despidos objetivos, no se recupera la prioridad del convenio sectorial sobre el de empresa, excepto en el cuestión salarial. Se recupera parcialmente la ultraactividad de los convenios, pero eso no implica mantener el poder adquisitivo de la mayoría de la clase trabajadora, ya que a día de hoy sólo el 14% de las trabajadoras están incluidas en convenios que cuentan con una clausula que garantice la subida salarial al mismo nivel que el IPC, a diferencia de 2008, en donde estaban incluidos un 70% de los asalariados Esta “no reforma” sigue permitiendo que la empresa puede llevar a cabo unilateralmente modificaciones sustanciales de las condiciones laborales. Como han reconocido desde Aznar, Ana
Botín (Santander) al propio presidente de la patronal CEOE, Antonio Garamendi, este acuerdo no toca los pilares básicos de las anteriores reformas, por tanto esto no puede considerarse de ningún modo un avance.
Se trata de una ilusión considerar que es posible mejorar las condiciones laborales permitiendo que la patronal tenga derecho a veto en la legislación laboral. El famoso “consenso social” significa renunciar a establecer una legislación más favorable hacia la clase trabajadora: hay una mayoría parlamentaria y social que podría haber permitido avanzar y revertir los retrocesos impuestos durante décadas. En un contexto de crisis económica y ecológica como el actual, impulsar una legislación valiente en favor de la clase trabajadora y que reduzca el poder empresarial, es lo mínimo que podemos exigir a un gobierno que se autodenomina el más progresista de la historia.
Miembro del comité de empresa de Canal Gestión en representación de la Confederación General del Trabajo (CGT).
