La hora de la verdad del caso Unión ya ha llegado. Aunque les pese, los acusados comienzan a sentarse en el banquillo y a enfrentarse a las arrolladoras pruebas que existen contra ellos. Y ante eso, como vienen haciendo desde hace ya tiempo a través de distintos canales, no centran sus esfuerzos en la defensa, sino en el ataque.
El objetivo es doble. Por un lado, desviar la atención sobre el fondo de lo que se está juzgando, que es el saqueo de la administración pública en beneficio de unos cuantos. Por otro, y fundamental, buscar cualquier resquicio para que se anule la causa. Y es que ante las grabaciones, las pruebas documentales y, sobre todo, la confesión de muchos de los acusados, la defensa del resto pasa por atacar la instrucción, esperando que se declaren nulas pruebas, autos o la causa entera.
Sin embargo, por más ruido que hayan intentado hacer durante este tiempo, la realidad es otra. Y la realidad es que con un trabajo tan silencioso y discreto como riguroso, la actual juez que instruye el caso Unión, Silvia Muñoz, ha llevado la causa hasta su recta final. Con un primer juicio celebrándose, con otro con fecha fijada y con varios más para los que ya se ha ordenado la apertura de juicio oral. Y esto, significa que las cascadas de recursos que han ido presentando los acusados han sido desestimadas por la instancia superior, la Audiencia Provincial, que rechazó suspender este primer juicio y también había rechazado antes otros intentos similares en ésta y en otras piezas.
Por más que intenten enmarañarla, hasta ahora la realidad es que, efectivamente, se tuvieron que anular las pruebas obtenidas en el registro de la casa y las oficinas de uno de los acusados, Luis Lleó, porque el auto no estaba debidamente "motivado". Pero que no estuviera debidamente "motivado", no significa que no hubiera motivos más que sobrados para ese registro, considerando que Lleó había sido denunciado por ofrecer un soborno de cientos de miles de euros, y había grabaciones que así lo corroboraban.
Fue un error en la redacción de ese auto, o la "desaparición" o la "sustracción" del original (un tema que se dirime en otro Juzgado y en otra causa, a raíz de la denuncia que presentó el juez Romero Pamparacuatro), lo que llevó a anularlo. Y lo hizo la propia Justicia, la propia Audiencia Provincial, porque tenemos un sistema sobradamente garantista y con mecanismos para velar por los derechos de los imputados. Y esa misma Audiencia, sí ha validado hasta ahora otras actuaciones de la instrucción.
Y en caso de que no lo hiciera, en caso de que se anularan pruebas por motivos similares, desde luego eso no convertiría en "víctimas" a los acusados. Al contrario, ellos saldrían beneficiados. La verdadera perjudicada sería la sociedad, y también la propia Justicia y las personas que han trabajado en esta causa durante años. Desde los que la iniciaron con trabajo y coraje allá por 2008, trayendo un balón de oxígeno al ciudadano honrado que creyó ver en esto el fin de la impunidad, hasta los que la siguen a día de hoy.
Y a día de hoy, lo que tenemos es que incluso en la pieza en la que está imputado Lleó, la de Costa Roja, sigue habiendo pruebas más que sobradas para continuar la causa, y de hecho la juez acaba de ordenar la apertura de juicio oral. Y entre esas pruebas, se encuentra la confesión del otro acusado, Fernando Becerra, que reconoce que hizo de intermediario en el ofrecimiento de ese soborno.
Lo mismo sucede con la pieza que ya ha empezado a juzgarse por el pago de más de 45.000 euros a Francisco Rodríguez Batllori desde Inalsa y el Ayuntamiento de Arrecife con facturas presuntamente falsas. Ahí, uno de los acusados, José Miguel Rodríguez, también ha reconocido los hechos. Y no son los únicos. Ante la contundencia de las pruebas, varios acusados en distintas piezas pendientes de juicio han decidido confesar. Obviamente, algo se habrá hecho bien, muy bien, en esta causa, para llegar hasta ahí.
"La instrucción no ha sido un modelo a seguir". La frase la dejó el presidente de la sala de la Audiencia que está juzgando la primera pieza de Unión, ante las solicitudes que plantearon las defensas en la primera jornada, pidiendo que se anulara todo habido y por haber. A continuación, eso sí, el magistrado dejó claro que el juicio seguía adelante, y volvió a rechazar los mismos recursos que ya había rechazado previamente. Y en definitiva, eso es lo importante. Porque lo que hubiera sido un milagro es que además de afrontar la mayor causa de corrupción de Lanzarote y probablemente de Canarias, y una de las mayores de España, con una evidente falta de medios y con un Consejo General del Poder Judicial que puso más trabas que ayuda, el sumario fuera un modelo ejemplar de orden y pulcritud.
Pero hasta la fecha, pese a que la operación Unión estalló hace ya más de cinco años, y pese a los múltiples recursos que han presentado los acusados, no hay ni una sola imputación que haya tenido que archivarse por causas vinculadas al modo en que se ha desarrollado la instrucción. Las que se han archivado (como sucede a diario en decenas de causas en toda España), ha sido precisamente a instancias de la Fiscalía y de la actual juez instructora, que entienden que había indicios para investigar, pero tras hacerlo no han hallado pruebas para mantener la acusación contra esas personas.
Sin embargo, las defensas de los que sí tendrán que sentarse en el banquillo juegan a la grande y, lanzadas en la estrategia de atacar todo, más que en demostrar la inocencia de sus clientes, se atreven a hablar de "detenciones ilegales", de "escuchas ilegales", de "cintas manipuladas"… Y hacerse eco de eso como si fuera una verdad revelada, y no una simple estrategia de defensa, sí es manipular.
¿De verdad una persona que escucha una grabación en la que han imitado su voz para incriminarle en un delito (porque eso es lo que insinúan, aunque sin decirlo) o que ve una carta en la que han "falsificado" su firma, se limitaría a decir en un juicio "no me reconozco"? ¿De verdad no hubieran denunciado ya hace años semejante atrocidad? ¿De verdad nos pretenden decir que cinco años después, y tras haber reconocido su voz en su primera declaración en los Juzgados, ahora de pronto en el juicio no se reconocen? Es tan absurdo, que hasta ofende a la inteligencia. Casi tanto como escuchar al señor Martín (que al parecer tampoco se reconoce por su apellido), decir que es una "leyenda urbana de esta isla" eso de que él era el que mandaba en el PIL.
Durante el último año, muchas veces a través de otros, han hablado los acusados, cargando contra jueces, fiscales, agentes de la UCO y todo el que se atreviera a plantarle cara a la corrupción que durante años ha campado a sus anchas en esta isla. Ahora, con la llegada del primer juicio y la cercanía de otros, vamos a escuchar a los jueces, y también a los fiscales que llevan años trabajando en esta causa, y que a través de sus escritos, o en las vistas orales, van a poner la realidad negro sobre blanco. Y la realidad es que si alguien no es un modelo a seguir, son precisamente las personas que se están sentando en el banquillo.
