Nos hemos tragado un modelo social que ha fracasado, se mire por donde se mire. Pero es que el inmovilismo político al respecto produce que la situación se agrave continuamente.
En Canarias no se puede hablar del número de indigentes o personas que quedan fuera de las estadísticas oficiales, porque una acción municipal común o mayoritaria deja fuera de los padrones municipales a comunidades enteras de vecinos; como es el caso de los edificios ocupados en Taco y la cabezonería del ayuntamiento de La Laguna de negarles su derecho al empadronamiento.
Lo cierto es que las cifras oficiales hablan de uno de cada cinco hogares en riesgo de pobreza en España, y uno de cada tres hogares en Canarias. Se cuenta que la renta media por familia en 2008 era de 23.080 euros anuales; mientras que en 2015 la media cayó hasta 18.554 euros anuales, a pesar de que las rentas más altas han seguido subiendo. Eso supone exponer públicamente que los ricos son cada vez más ricos y el resto cada vez más pobre; que la brecha social se amplifica y la sociedad canaria se aleja de conceptos como Igualdad Social o Reparto de la Riqueza.
Como conclusión se evidencia el fracaso del modelo social impuesto en el Archipiélago, así como el sufrimiento que padece la mayoría de los habitantes de esta tierra. Lo peor es que en las cifras oficiales tampoco se cuenta con una población fantasma que la política local oculta e ignora en sus partidas de ayudas presupuestarias. Un sector de población condenada al oscurantismo, condenada a la muerte lenta y silenciosa de los que viven en una sociedad de consumo ignorados por las instituciones y los partidos políticos que las conforman. Una población que apenas vemos, cuando los medios de comunicación se hacen eco parcialmente de las demandas y acusaciones de entes como la Plataforma por la Dignidad; casi siempre cuando el caso ha llegado a tales extremos que lo necesario es que alguien se haga cargo de pagar un entierro.
Lo peor es el silencio. Un silencio que hace cómplices a muchos y cobardes a otros. Cobardes hasta el punto de negar a nadie que fuerce el sistema para recibir los derechos que se suponen; conscientes de que ello puede acabar en el uso de la fuerza y la violencia institucional para expulsar a familias enteras de la chabola donde viven, de la casa ocupada donde habitan menores y ancianos, de las propias cuevas de barrancos o de las mismísimas calles que se suponen espacios públicos. Es que las instituciones se han especializado en esconder la pobreza y la cara más triste de nuestra sociedad: de este fracaso social que los de las rentas ascendentes se empeñan en mantener a toda costa.
Me preocupa que ante tanta violencia institucional el cambio, al final, tenga el mismo calibre.
*Pedro m. González Cánovas, miembro de ANC.
