El 5 de febrero de 2008 ha marcado un antes y un después en la historia de Yaiza. Ése día, José Francisco Reyes entregaba su bastón de mando después de 14 años sin soltarlo, y lo hacía derrocado por una moción de ...
El 5 de febrero de 2008 ha marcado un antes y un después en la historia de Yaiza. Ése día, José Francisco Reyes entregaba su bastón de mando después de 14 años sin soltarlo, y lo hacía derrocado por una moción de censura, ya que las urnas le dejaron en minoría frente a la oposición.
Tras de sí, Reyes deja un río de cemento en Playa Blanca y una estela de pleitos judiciales y deudas en el Ayuntamiento. Es la triste herencia que ha recibido el nuevo grupo de gobierno, que sin duda no lo va a tener fácil para enderezar el rumbo del Consistorio sureño.
Ahora, habrá que esperar para ver los frutos de este cambio y del compromiso asumido por Gladys Acuña y Leonardo Rodríguez de ordenar la economía y la situación judicial y urbanística del municipio, pero de momento se ha dado un paso importante. El pasado martes, curiosamente martes de Carnaval, PIL y CC ponían fin a casi tres lustros de oscuridad y abrían una nueva etapa para Yaiza.
Sin embargo, que José Francisco Reyes haya dejado de ser rey y señor del Sur no significa que su historia vaya a terminar aquí. En el terreno político su gestión ya ha tenido su veredicto, pero ahora se enfrenta también al terreno judicial, que le investiga por presuntos delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y blanqueo de capitales. Es decir, que la Justicia sospecha que cuando Reyes otorgaba licencias ocultándoselas al Cabildo y al margen de la legalidad vigente, podría haber recibido beneficios económicos, por lo que ha ordenado que la Policía investigue no sólo su patrimonio, sino también el de su entorno, para aclarar si pudo poner bienes a nombre de terceras personas.
Y sólo el hecho de estar envuelto en este proceso penal, que además no es el único que pesa sobre él, ya hubiera sido suficiente motivo para que José Francisco Reyes se hubiera hecho a un lado y, al menos por decoro político, hubiera dimitido mientras terminaba la investigación. Pero no ha sido así y, en lugar de eso, Reyes se ha ido por la puerta de atrás, sin un solo cargo de su partido, el PNL, apoyándole en el pleno en el que se votó la moción de censura y, lo que es peor, permitiéndose el lujo encima de lanzar acusaciones contra el nuevo grupo de gobierno, afirmando que el pacto PIL-CC está alimentado por "una serie de empresarios" que, según sus palabras, "entendían que esos grupos (PIL y CC) les iban a atender mejor que el que estaba (PNL)".
Sin duda un mensaje de despedida curioso para un alcalde que, sin duda, conoce muy bien la conjugación del verbo beneficiar. Porque al margen de si actuó por motivos oscuros, por una ignorancia galopante de la ley o por el simple placer de destrozar Playa Blanca, Papagayo y cualquier terreno virgen que se le pusiera por delante, lo cierto es que Reyes sí benefició y mucho a empresarios que obtuvieron licencias donde la legislación vigente no permitía construir. Y aunque muchas de esas licencias ya han sido anuladas por los tribunales, lo cierto es que esos promotores ya tienen unos derechos, al menos con respecto al Ayuntamiento que les dio luz verde para construir, y que ahora podría tener que hacer frente a indemnizaciones millonarias.
Pero lejos de preocuparle el lamentable legado que deja, el ex alcalde, la gran víctima, el eterno perseguido, supera aún más el límite de la frivolidad al referirse al proceso de negociación que se ha tenido que abrir con los promotores, fundamentalmente por el caos urbanístico que ha creado con su desenfrenada afición a conceder licencias, afirmando que "después de tanto juicio, ahora parece que lo van a arreglar todo de un plumazo".
Igual preferiría José Francisco Reyes que el Ayuntamiento terminara de ir a la quiebra pagando indemnizaciones a todos los hoteles y apartamentos que él ha permitido abrir indebidamente y que hoy funcionan sin licencia, o que simplemente se hiciera la vista gorda y se dejaran las cosas como están y no se pidiera a esos empresarios nada a cambio de permitirles seguir ahí, como por ejemplo suelo para desclasificar y librar de más camas.
En cualquiera de los dos casos, lo que está claro es que quien ha metido al municipio en este lío no puede participar en su resolución, ni sentarse a negociar. Ahora, esperemos que con acierto, son otros los que toman las riendas de este asunto, y la primera señal clave es la de terminar con la república independiente del sur, asumir que Yaiza forma parte de una isla que tiene su ordenamiento urbanístico y que está dentro de un archipiélago que también tiene sus normas territoriales. Y a partir de ahí, todos los implicados deben buscar la salida a este callejón. Y también celebrar que al menos, proyectos como el disparate que Reyes autorizó a escondidas para construir más de mil viviendas y 200 locales comerciales a la entrada de Playa Blanca, se pudieron frenar a tiempo y, en este caso, el problema sólo ha alcanzado al propio Reyes, al promotor y a varios técnicos, que han sido imputados por la vía penal y tendrán que responder por ello ante la Justicia. Y ahí va a ser difícil que el ex alcalde apele a la teoría de la persecución.
