Hace ahora dos años, tras ordenarse la apertura de juicio oral contra él por un delito de prevaricación, Pedro San Ginés afirmó que estaba “deseoso” de sentarse en el banquillo para “aclarar cualquier duda”. Sin embargo, a juzgar por lo ocurrido este martes, la experiencia no le ha debido resultar satisfactoria.
Es verdad que en algunos momentos del juicio pudo recordar sus tiempos gloriosos de presidente, decidiendo a quién le respondía preguntas y a quién no, y hasta indicándole a su abogado qué era lo que tenía que preguntarle. Pero lo que ya no pudo hacer fue hablar por boca de los funcionarios del Cabildo, como había venido haciendo durante años, y más concretamente por el ex secretario, que se sienta con él en el banquillo.
Esta vez, todos los periodistas -y eran muchos los acreditados para la ocasión- pudieron escuchar a Francisco Perdomo explicar que San Ginés no le pidió ningún informe antes de ordenar la incautación de la desaladora. Ni oral, ni escrito, ni por señales de humo. Así, literal y con todas las letras: “No, no se me pidió informe”. De hecho, el ex secretario hasta evitó utilizar la palabra “asesoramiento”, a la que también se aferra ahora San Ginés, y aseguró que solo tuvieron una única conversación sobre el tema y que fue “breve”, “informal” e “improvisada”.
Por su parte, el hombre que presume de arrojo y elocuencia se debió dejar ese día el valor a las puertas de los Juzgados, porque no respondió ni a una sola pregunta de la Fiscalía ni de la acusación popular. Diecisiete minutos, que se dice pronto, estuvo Pedro San Ginés aguantando un aluvión de preguntas de la abogada de la acusación sin dar respuesta a ninguna. El hombre que lleva años diciendo que no tiene nada que ocultar con este tema, de pronto se quedó mudo.
Esa misma noche, ya protegido tras un ordenador, recuperó su desparpajo y envió un comunicado, supuestamente en nombre de sus abogados, en el que tuvo incluso la gallardía de decir que si no había respondido a la fiscal fue “por agilizar el juicio” (sobran hasta comentarios, especialmente después de lo que ocurrió solo unas horas después). Además, en esa misma nota volvía a cargar contra “algunos medios” y en particular, una vez más, contra éste. Y una vez más, pretendía negar la realidad. Pretendía desmentir lo que en esta ocasión todos habían podido ver y escuchar. Pretendía dar su propia versión de lo que había declarado el secretario, pero lo que consiguió fue evidenciar los nervios que esa declaración había desatado.
Por si quedaba alguna duda, ese nerviosismo se terminó confirmando a la mañana siguiente, cuando sus abogados se sacaron un as de la manga para conseguir que se suspendiera el juicio y que se anulara todo lo ocurrido el día anterior. Para convertir lo vivido durante toda la primera jornada en una especie de ensayo general fallido que les conviene repetir. Solo así se entiende que esperaran hasta el martes para decir que un Juzgado de lo Penal no era el competente para celebrar este juicio, porque la pena que se pide supera los diez años de inhabilitación y por tanto debe ser juzgado por la Audiencia Provincial.
Dos años y cuatro meses tenía el escrito de acusación en el que se pide esa pena, pero ni lo dijeron cuando se recibió, ni lo dijeron cuando la causa se remitió al Juzgado de lo Penal Número 3, ni cuando se señaló la fecha del juicio, ni en ninguno de los infinitos recursos que han presentado hasta ante el Tribunal Constitucional, ni tampoco el lunes al empezar la vista. Entonces, cuando se plantearon las cuestiones previas, tampoco hicieron ninguna mención al respecto. Solo volvieron a invocar supuestas causas de nulidad para pedir que se archivara la causa -por parte de una jueza que al día siguiente dijeron que no era competente, por lo que tampoco podía haber resuelto esas cuestiones previas- y que no se celebrara la vista. Y ni siquiera al ver rechazado ese último intento lo plantearon. Lo hicieron ya el martes, después de una primera jornada en la que, al parecer, el banquillo en el que estaba “deseoso” de sentarse San Ginés se había vuelto muy incómodo.
Encontraron una brecha, sí. Un fallo formal al que aferrarse. Sembraron la duda y tras amenazar con denunciar a la magistrada, consiguieron que se inhibiera. Y eso sin duda justificará los honorarios del letrado contratado por San Ginés, que fichó para su defensa a un experto en causas de corrupción. Y también debería hacer revisar a la Justicia y a todos los que han intervenido en el procedimiento sus propios mecanismos, porque evidentemente algo así no debería repetirse, entre otras cosas por el tiempo perdido que esto supone para la propia administración de justicia. Pero al menos, el ex presidente debería tener un mínimo de vergüenza para no volver a decir que lo que pretende es “agilizar” el juicio.
Lo que hizo fue dejar que empezara la partida y cuando no le gustó cómo iba, rompió la baraja y pidió que comenzara de nuevo y con otro árbitro. Ésa era la carta que se había guardado su defensa, porque es de suponer que no fue la noche anterior cuando cayeron en la cuenta de que el juicio debía ser celebrado por la Audiencia. O igual sí, y se iluminaron tras pasar la noche en vela buscando otra forma de parar lo que estaba sucediendo.
Porque lo que estaba sucediendo, por más que lo niegue San Ginés, es que la declaración del ex secretario había atacado la línea de flotación de su defensa. Fue parco, sí. Incluso no terminó muchas frases. Pero dejó que lo hiciera su abogado en su lugar, mientras él asentía, para dejar claro que se desvinculaba totalmente de la decisión que adoptó el presidente cuando ordenó la incautación. Que por su parte no hubo ni “informe verbal”, ni “asesoramiento verbal”, sino solo una única consulta a la que respondió sin haber “estudiado el expediente” ni “conocer las interioridades”. Que se limitó a darle una opinión “con carácter general”, “improvisada”, “informal” y “sin realizar ningún tipo de estudio serio y profundo sobre la materia”. Y todas esas expresiones, por más que se empeñe el ex presidente, no son de La Voz de Lanzarote, sino del ex secretario y de su abogado, que tiene clara cuál es su línea de defensa.
Curiosamente, después de escuchar eso, el abogado de Pedro San Ginés no intentó hacerle una sola pregunta, pese a las evidentes contradicciones con lo que había declarado su cliente. Y tampoco el letrado de Francisco Perdomo dirigió una sola pregunta a San Ginés, que había llegado a afirmar que estuvo “asesorado en todo momento” por el ex secretario e incluso que fue él quien le dijo que no necesitaba ni autorización judicial ni tan siquiera un informe jurídico por escrito para incautar una propiedad privada. Ellos -y sus estrategias de defensa- sabrán por qué decidieron no hurgar más en las posibles heridas. Por qué no intentaron siquiera aclarar esas contradicciones, y permitieron que cada uno descargara en el otro la responsabilidad de la decisión, y por tanto del presunto delito que se juzga.
Es cierto que Francisco Perdomo pudo mentir en el juicio. Y también pudo mentir Pedro San Ginés. Como acusados, a los dos les asiste el derecho a hacerlo. De hecho, para la acusación popular (y también para el juez que instruyó la causa durante años, y que la cerró concluyendo que había indicios de delito para llevarlos a juicio), eso último es precisamente lo que ocurrió, ya que sostiene que los dos actuaron de común acuerdo, junto con el tercer acusado, para llevar a cabo esta medida a sabiendas todos de su ilegalidad.
En cualquier caso, eso lo que tendrá que resolver en su día la sentencia. De momento, San Ginés ha conseguido ganar tiempo y retrasar ese día. Pero hasta entonces, lo que no puede pretender es que se siga difundiendo solo su relato, obviando incluso lo que han declarado el resto de acusados. Si lo que Pedro San Ginés quiere decir es que Francisco Perdomo mintió en su declaración, debería decirlo con claridad -y tener el valor de plantearlo en el próximo juicio- y dejar de intentar matar al mensajero, porque de eso ya lleva demasiados años.
En todo el tiempo que el ex presidente ha pasado acusando a este medio de “mentir”, “tergiversar” o “manipular”, no ha interpuesto ni una sola denuncia, ni demanda, ni nada semejante. Y no lo ha hecho porque La Voz puede acreditar documentalmente absolutamente todo lo que publica. Por eso se ha limitado solo a lanzar arremetidas cíclicas contra este medio, utilizando en su día los salones del Cabildo o enviando a hacerlo a sus consejeros, o ahora en las redes sociales, que es lo único que le queda. Mientras tanto, la realidad es que quien sí está investigado ahora por haber lanzado acusaciones falsas en un Juzgado contra otras personas es él, que acaba de sumar por eso otra imputación. Pero por lo visto, que los medios publiquen las acusaciones que él lanza contra otros no le parece hacer “juicios paralelos”.
La Voz de Lanzarote no tiene la culpa de lo que declaren los acusados que se sientan con él en el banquillo. Igual que no tiene la culpa de que se le impute en una causa (o en varias). Ni de que se rechacen sus recursos. Ni de que perdiera todos los juicios que perdió durante su etapa al frente del Cabildo. Ni de que esta semana se haya sentado en el banquillo, ni de que vaya a volver a sentarse. Ni siquiera, aunque le cueste creerlo, este medio va a tener influencia alguna en la sentencia que se dicte llegado el momento. Sea la que sea, La Voz se hará eco, igual que se ha hecho eco durante todos estos años de todas las resoluciones judiciales que le han afectado a él y a muchos otros como él.
El problema es que durante años, la obsesión de Pedro San Ginés ha sido la de controlar el relato. Solo era noticia lo que él consideraba que era noticia. Solo se le podía preguntar lo que él consideraba que se le debía preguntar. Y solo se debía publicar lo que a él le parecía conveniente. Todo lo demás -incluso aunque fuera recoger el contenido de una sentencia- eran “manipulaciones” y “tergiversaciones”. Y para controlar ese relato se sirvió de su cargo y de los fondos públicos que manejaba a través de él. Con muchos medios, eso le sirvió; pero con éste no, muy a su pesar.
Ahora, en eso mismo ha intentado convertir el juicio, como si la batalla se librara fuera del Juzgado. Para un solo día que se ha llegado a celebrar de vista, San Ginés ha mandado dos comunicados de prensa -uno previo y otro nocturno tras la primera jornada- y ha organizado una comparecencia de sus abogados a las puertas de los Juzgados. Como si lo importante estuviera en lo que se dice fuera y no en lo que se dice dentro de la Sala.
En el juicio le sobraban las preguntas del fiscal, las de la acusación popular y hasta el testimonio de todos los peritos y de la mayoría de los testigos que estaban citados para las siguientes jornadas. De hecho, el primer día su defensa también intentó pedir sin éxito que no declararan.
Igual que hizo durante diez años como presidente del Cabildo, e igual que intenta seguir haciendo ahora, lo único que pretendía que se escuchara era “su verdad”. Lo único que él consideraba que había que contar. Lo que sigue repitiendo como un mantra.
Pedro San Ginés puede repetir hasta el cansancio todos los requerimientos que tenía del Gobierno de Canarias y del Diputado del Común para que actuara en Montaña Roja. Hasta puede llevar si quiere a declarar al Papa al próximo juicio, incluso para que confirme que lo que suministraba Club Lanzarote no era agua bendita. Pero la cuestión es si alguien le dijo que lo que tenía que hacer era incautar una propiedad privada de una empresa, sin orden judicial y sin ningún informe que lo avalara, para entregársela a otra empresa privada. No hay más, por más vueltas que quiera darle. Y ésa fue una de las muchas cosas que perdió la oportunidad de aclarar en el juicio.
En su día, será la Audiencia quien juzgue y valore esa estrategia, y quien determine si están acreditados o no los delitos. Pero de momento, los ciudadanos sí tienen el derecho y hasta el deber de conocer cómo tomaba las decisiones el que fue el principal cargo público de la isla, que además aspira a volver a serlo algún día.
Si realmente San Ginés insiste en que la declaración del ex secretario “confirma” lo que él ha venido diciendo durante años y lo que dijo en el juicio, esta isla ha tenido un problema aún más grave de lo que creíamos. Si el que fue durante diez años presidente del Cabildo considera que para tomar una decisión -que él mismo calificó de “extraordinariamente compleja” y de “extraordinario calado”- no solo no necesitaba informes jurídicos previos por escrito, sino que le valía con un comentario “improvisado” e “informal” del secretario; si considera de verdad que eso es un “informe verbal” válido, hasta pocas cosas pasaron en esa década bajo su gobierno.
