El Consejo de Ministros ha decidido este martes cuáles serán los criterios que deben cumplir los inmuebles de La Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) para ser destinados a alquiler asequible. Además ha decidido que estos activos sean transmitidos a SEPES, la sociedad estatal de vivienda y suelo del Estado.
La Sareb, también conocido como banco malo, nació en 2012 con el objetivo de rescatar a varios bancos afectados por la crisis financiera e inmobiliaria de 2008. En total, el Gobierno de España ha identificado 40.000 viviendas, así como 2.400 suelos sobre los que se podrían construir otras 55.000. Ahora la Sareb transmitirá a Patrimonio Nacional estas propiedades y luego se incorporarán a la nueva empresa pública de vivienda.
Según los datos adelantados por La Voz de Lanzarote, la Sareb tiene cerca de un centenar de viviendas en la isla. En total, cinco de sus siete municipios albergan viviendas del banco malo. El que más, Arrecife, 67 viviendas, 26 anejos y ocho unidades terciarias; seguido de Teguise, San Bartolomé, Yaiza y Tías.
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha explicado los detalles de este acuerdo centrándose en su objetivo: “Se trata de enviar aquello que un día sirvió para rescatar a los bancos, hoy a rescatar a las familias”, ha subrayado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Además ha defendido que es "un componente de determinación política" y "de distintas formas de actuar ante una crisis, que es la de salvar a los bancos o bien salvar a las familias. Y nuestro modelo es lo público; es salvar a las familias”.
Rodríguez ha asegurado que con ello se reparan "las secuelas derivadas de la anterior crisis financiera, que fue el uso de estas viviendas procedentes de los desahucios de las familias para pagar el rescate financiero”.
Las viviendas de la Sareb que pasarán a formar parte de esta iniciativa para promocionar el alquiler asequible deberán seguir criterios geográficos, económicos y técnicos.
Así pues, tendrán prioridad las islas y municipios metropolitanos, los que tienen población superior a 5.000 habitantes o a 1.000 si han tenido un crecimiento poblacional de más del 5 % en los últimos diez años.
Además, se incorpora un criterio mínimo de concentración de diez viviendas en aquellos municipios que no pertenezcan a las áreas metropolitanas e islas, que contribuya a la eficiencia en la gestión de estas.
En cuanto al criterio económico, se incluyen las viviendas con una superficie de hasta 85 metros cuadrados útiles independientemente del valor de tasación y aquellas con una superficie de hasta 150 metros cuadrados útiles cuyo valor de tasación no supere en un 40% el valor que resultaría de multiplicar la extensión del inmueble por el precio medio por metro cuadrado para vivienda libre que arroje la Estadística de Valor Tasado de Vivienda publicada por el MIVAU para la provincia en que esté radicado dicho bien o para el municipio, en el caso de que exista esta Estadística y el valor sea mayor que para la provincia.
Sobre las condiciones técnicas, los edificios y viviendas no presentarán patologías estructurales y estarán acordes con la legislación urbanística y tendrán condiciones de habitabilidad adecuadas. Sin embargo, estos criterios no serán tenidos en cuenta en el caso de las viviendas con un contrato de alquiler social en vigor, donde serán adscritas todas las viviendas.
En cuanto a los suelos disponibles, están ubicados en municipios de más de 5.000 habitantes y contarán con una superficie superior a 150 m²; tendrán calificación de uso global residencial plurifamiliar o colectiva; y tendrán que poder albergar promociones de 30 o más viviendas. Asimismo, los suelos deben estar inscritos en el Registro de la Propiedad y en la Dirección General del Catastro, en pleno dominio de SAREB
