Los trabajadores que atienden a menores cobrarán un plus de 100 euros en Canarias

El plus de residencia ya estaba contemplado en el convenio estatal, pero su aplicación efectiva en Canarias se garantizará ahora mediante su inclusión obligatoria en los pliegos de contratación pública

23 de abril de 2026 (09:05 WEST)
Una trabajadora social con dos menores.
Una trabajadora social con dos menores.

 El Gobierno de Canarias aplicará un plus de residencia o insularidad de unos 100 euros mensuales a cerca de 5.000 trabajadores del sector de atención a menores, de ellos el 80% mujeres, una medida que se incorporará de forma inmediata en las nuevas licitaciones públicas y que supondrá alrededor de 1.400 euros anuales por empleado.

El acuerdo, firmado por el presidente de Canarias, Fernando Clavijo; la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado y representantes de UGT y CCOO, busca mejorar las condiciones laborales en un sector considerado estratégico y con alta demanda de personal, además de favorecer la estabilidad de las plantillas y atraer nuevos profesionales.

El presidente de Canarias ha señalado que esta medida responde a un ejercicio de “coherencia”, al trasladar a las contrataciones públicas las mejoras salariales que se reclaman al sector privado, evitando que los procesos de licitación prioricen únicamente el precio en detrimento de los derechos laborales.

Asimismo, subrayó el papel de los trabajadores que atienden a menores, especialmente en contextos de alta presión como el aumento de la inmigración, y agradeció su labor “en condiciones complejas” durante los últimos años.

José Ramón Barroso, de CCOO; y Francisco Bautista, de UGT, valoraron el acuerdo como un avance tras 15 años de reivindicación y señalaron que el complemento beneficiará a miles de familias en un contexto económico incierto, además de marcar el inicio de futuras mejoras en otros ámbitos.

El plus de residencia ya está contemplado en el convenio estatal del sector, pero su aplicación efectiva en Canarias se garantizará ahora mediante su inclusión obligatoria en los pliegos de contratación pública.

El Gobierno canario considera que esta medida contribuirá a hacer más atractivo el sector de los cuidados, donde existe una creciente necesidad de personal, y reforzará la calidad del servicio prestado a la ciudadanía, según ha detallado la consejera de Bienestar Social.

Tanto el Ejecutivo autonómico como los sindicatos avanzaron que ya trabajan en la negociación de convenios colectivos específicos en Canarias para sectores como la dependencia y la discapacidad, con el objetivo de adaptarlos a las singularidades del archipiélago.