Canarias comprará primero casas inacabadas para hacer frente a la demanda de vivienda pública

La lista de demandantes de vivienda de protección oficial en Canarias aumentó un 23,5% en la última legislatura

EFE-EKN

26 de septiembre de 2023 (13:11 CET)
Actualizado el 26 de septiembre de 2023 (14:10 CET)
Viviendas en Playa Blanca. Foto: José Luis Carrasco.
Viviendas en Playa Blanca. Foto: José Luis Carrasco.

El Gobierno de Canarias priorizará la compra de vivienda inacabada, "numerosa tras la crisis de 2008", y potenciará la colaboración público-privada para dar respuesta a la alta demanda de vivienda que existe en Canarias.

Es lo que ha afirmado este martes el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Ejecutivo autonómico, Pablo Rodríguez, en el pleno del Parlamento de Canarias en respuesta a una pregunta realizada por la diputada de Coalición Canaria Vidina Espino.

"Vamos a ser más ambiciosos con las viviendas vacías y a impulsar la colaboración público-privada para dar respuesta a la demanda. En política de vivienda llegamos tarde, pero no vamos a tirar la toalla", ha señalado Rodríguez, quien ha recordado que al Plan Canario de Vivienda 2020-2025 solo le quedan dos años de ejecución.

A su juicio, es "muy difícil" dar cumplimiento a las cifras planteadas por el anterior Gobierno (PSOE, NC, Podemos y ASG) de llegar a la construcción de 6.000 viviendas de protección oficial, si bien se ha comprometido a evaluar el Plan "y priorizar su ejecución".

"Es fundamental ejecutar el máximo número de viviendas en todas las modalidades y multiplicar los instrumentos. El Instituto Canario de Vivienda debe seguir construyendo vivienda pública", ha rematado Rodríguez.

Durante su intervención, Vidina Espino ha apuntado que una de las principales preocupaciones de los canarios es la vivienda y que si antes de la pandemia el acceso era "difícil", esto se ha agravado con la subida de los tipos de interés y la presión que ejerce en los precios el alquiler vacacional, especialmente en zonas turísticas.

Espino ha acusado al anterior Gobierno de incumplir sus promesas en materia de vivienda y de "entregar las viviendas en absoluto sigilo y secreto" mientras la lista de demandantes aumentó en la pasada legislatura de 17.000 a 21.000 personas

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