La Asociación Canaria de Alquiler Vacacional (ASCAV) denuncia que la Federación Canaria de Municipios (FECAM) ha encargado un nuevo borrador de Decreto de Viviendas Vacacionales “con el objetivo de concentrar la actividad en manos de fondos de inversión y grandes empresas gestoras”.
De consolidarse el borrador, daría lugar a “la ley más estricta, limitativa, rígida y restrictiva de todas las existentes en España sobre viviendas vacacionales y supondría la desaparición de más del 95% de las viviendas vacacionales", que son el “sustento” de más de 75.000 familias y dan trabajo de unas 37.000 personas en Canarias
Este plan, prosiguen, contribuye a la “evasión de capitales del archipiélago y usurpa al pequeño propietario, que contribuye a que el dinero se quede en Canarias, la gestión de su vivienda vacacional”.
Esta actividad económica, explica ASCAV, “genera más de 1.500 millones de euros, que se quedan íntegros en nuestro archipiélago y que va a afectar a más del 27% de las plazas alojativas de Canarias”.
Las viviendas vacacionales solo representan el 3,5% del total
La Asociación explica que tuvieron acceso al borrador “gracias a muchos ayuntamientos que están tan indignados como la propia ASCAV” y que llevan más de cinco meses esperando la llamada de la presidenta de la FECAM.
ASCAV entiende que la Federación de municipios “justifica este atropello en la escasez y carestía de viviendas para sus vecinos”, lo que han tachado de “demagogia”.
ASCAV recuerda que “todos los partidos, Cabildos y Ayuntamientos de Canarias disponen de un informe de más de 150 páginas elaborado por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Instituto TIDES), que desmonta esa mitificación”.
El informe del Instituto TIDES explica la escasez y carestía en el “imparable aumento de población, la ausencia de más de 20 años de un Plan de Vivienda, así como otros muchos factores”.
“Las viviendas vacacionales de Canarias representan poco más del 3.5% del parque total de viviendas en el Archipiélago”, añaden desde ASCAV.
ASCAV considera que la norma de 2015 “es una buena norma de la que podemos estar orgullosos en Canarias. Tenemos el sector más estable y menos conflictivo de España, signo más que evidente de que la norma de que disponemos en la actualidad se adapta perfectamente a la realidad que regula”.
La Asociación tacha el borrador de “auténtico esperpento jurídico”, que invade competencias exclusivas del Estado, de las Comunidades Autónomas y de los Cabildos”. Vamos a estar muy pendiente de la evolución de este Decreto, ya que, tenemos experiencia suficiente de lo que suele ocurrir antes y después de las elecciones”.