Las universidades públicas advierten de "proliferación de centros privados de dudosa calidad" en Canarias

 Los rectores de las universidades públicas canarias y andaluzas han suscrito un manifiesto en el que advierten sobre "la proliferación desmedida" de centros privados "dudosa calidad" en ambas comunidades autónomas.

En el encuentro de los rectores, celebrado en Sevilla, los rectores de Andalucía y Canarias han acordado trasladar a los gobiernos autonómicos y estatal su creciente preocupación por la autorización de seis y cinco campus privados respectivamente.

Piden que se garantice por ley que nuevos centros de formación cumplen con los requisitos mínimos exigibles para ser considerados universidades, atendiendo de forma adecuada todas las misiones básicas de la educación superior, que son la enseñanza, la investigación y la transferencia del conocimiento.

También reclaman a los dos gobiernos autonómicos que la autorización de nuevos títulos se realice en base a criterios estratégicos que antepongan el interés general al lucro particular.

Los rectores alertan además de que ambos sistemas universitarios están infrafinanciados respecto al mínimo exigido por la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que sitúa en el 1% del PIB el suelo de inversión pública en educación superior.

Por ello, demandan "un marco de financiación plurianual que defina de forma clara, estable y ambiciosa cómo y cuándo se va a dar cumplimiento al mandato que establece la nueva legislación".

El manifiesto hace hincapié sobre que la autonomía universitaria "está siendo puesta en entredicho por algunas de las recientes iniciativas legislativas, como la Ley de Consejos Sociales y Coordinación del Sistema Universitario de Canarias".

Esta ley "subvierte la legitimidad democrática de los órganos colegiados y unipersonales de la universidad y abre la puerta a la injerencia política en el funcionamiento ordinario de la academia", afirman los representantes de las universidades públicas, que se muestran preocupados por la tendencia intervencionista que "amenaza la autonomía del sistema universitario español en su conjunto".

Los rectores andaluces y canarios reivindican ante los gobiernos autonómicos y estatal la necesidad de impulsar la inversión en ciencia y tecnología, "principal motor del desarrollo económico y social de cualquier territorio".

"Solicitamos que se incremente y se creen nuevos instrumentos de financiación de la I+D+i de excelencia, que nos permita converger con la media europea en inversión en ciencia básica y aplicada", señalan, y plantean que los países más desarrollados y con mayor crecimiento superan el 3% del PIB en inversión total en su sistema científico.