Una nueva universidad canaria "en el aire" por los nuevos criterios del Gobierno

Informes vinculantes de la ANECA; mínimo de enseñanzas; alumnos e investigación; capacidad financiera; más doctorados, entre los nuevos requisitos para garantizar la calidad

7 de octubre de 2025 (10:33 WEST)
Sede en Tenerife de la Universidad Europea de Canarias, del mismo grupo empresarial que UDDI.
Sede en Tenerife de la Universidad Europea de Canarias, del mismo grupo empresarial que UDDI.

El Consejo de Ministros tiene previsto dar luz verde este martes al decreto que endurecerá los criterios para crear nuevas universidades y que pretende evitar que proliferen centros privados de enseñanza superior que no cumplan con los estándares de excelencia.

Actualmente el sistema universitario español (SUE) está integrado por 96 universidades -50 públicas y 46 privadas- y el objetivo del Ejecutivo es que todas ellas cumplan con una serie de requisitos para proteger un modelo universitario que apueste por la docencia y la investigación.

Actualmente hay ocho proyectos de universidad que se verán afectados ya que todavía están pendientes del informe del Ministerio.En Canarias pende de un hilo la Universidad Digital UDDI, con sede en Tenerife y con una propuesta de formación digital. 

La UDDI es parte del grupo Europa Education, que incluye a la Universidad Europea de Canarias, con campus presencial en La Orotava. Si se aprobara, sería  la tercera universidad privada de formación a distancia del archipiélago, tras la Hespérides y la Tech, aprobada en marzo de 2024. 

En el resto del país siguen pendientes de aprobación tres en Aragón (Universidad Internacional de Aragón UNIAR, The Power University, Universidad  NCI Aragón); dos en Extremadura (Universidad Europea de Extremadura, CEU Nuñez de Balboa); uno en Andalucía (Universidad Internacional de Estepona Antonio Guerrero) y uno en Asturias (Universidad Europea de Asturias).

Según el último informe de la Fundación Conocimiento y Desarrollo (CYD) basado en datos del Ministerio, desde la creación de la última universidad pública en 1998 el número de universidades privadas casi se ha triplicado.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció hace seis meses la intención de frenar la creación de "chiringuitos" y reforzar las exigencias para garantizar que las universidades tengan proyectos de calidad y no sean "una máquina expendedora de títulos".

La norma ha sido flexibilizada durante su proceso de debate con las comunidades autónomas, tras recibir alegaciones de todos los agentes de la comunidad educativa y también tras los informes de organismos como la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) o del Consejo de Estado.

 

Informes vinculantes de ANECA, mínimo de enseñanzas, alumnos e investigación

Uno de los objetivos del decreto que entrará en vigor una vez esté publicado en el BOE -con el que se reforma el de 2021- es reforzar el papel de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) y de las agencias de calidad que evalúan los proyectos universitarios.

A partir de ahora, los informes que emitan serán vinculantes y para reforzar su independencia, se creará una comisión de evaluación específica compuesta por una mayoría de profesorado universitario elegido por sorteo.

La nueva norma también exigirá un número mínimo de 4.500 estudiantes a alcanzar durante los seis primeros años desde el inicio de la actividad del centro, aunque se contemplan diferentes plazos de cumplimiento, de 3 a 8 años, dependiendo de si las universidades ya estaban implantadas en los últimos 3 ejercicios.

Las agencias territoriales revisarán el grado de cumplimiento de este criterio y darán margen para alcanzarlo, incluso rebajando en algunos casos el número de estudiantes exigidos hasta los 3.150.

El decreto también establece que los promotores de nuevos centros universitarios demuestren capacidad financiera suficiente desde su apertura. Por ello deberán presentar un aval económico equivalente al presupuesto de la universidad en el tercer año de funcionamiento.

Según el último borrador de julio, el decreto podría contemplar otros criterios, entre ellos que los nuevos centros tengan que garantizar un 10% de plazas de alojamientos a estudiantes en un plazo determinado; que la plantilla del profesorado tenga un 50% de doctores o la obligación de captar en proyectos de investigación como mínimo el equivalente al 2% de su presupuesto total anual en un plazo por establecer.

Otra de las claves de ese borrador era la oferta mínima de enseñanza que las nuevas universidades tenían que cumplir: diez títulos oficiales de Grado, seis títulos oficiales de máster y tres programas oficiales de doctorado en tres ramas de conocimiento distintas.

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