ACN
El consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del Gobierno regional, Pedro Rodríguez Zaragoza, consideró estemartes que el retraso en la puesta en marcha de puntos de inspección fronteriza (PIF) -encargados de los controles fitosanitarios y de sanidad exterior- en las islas periféricas se debe a un problema económico y de falta de los medios y recursos para su puesta en marcha por parte del Gobierno estatal.
Así lo indicó Rodríguez durante su comparecencia en pleno de la Cámara regional a petición del PSOE para informar sobre las negociaciones realizadas con el Estado para atender a las demandas de Lanzarote, Fuerteventura y La Palma sobre la puesta en marcha de estos puestos de control fitosanitario y de sanidad exterior.
El consejero indicó el Ejecutivo canario se mantiene a la espera de que el Gobierno central cumpla los compromisos adquiridos y en los que esperó se avance en la próxima reunión de la Comisión Bilateral Canarias-Estado, convocada para febrero.
Al respecto, apuntó que todavía no se ha firmado el convenio de colaboración al que se comprometió el Gobierno estatal para el control fitosanitario y tampoco se ha dado respuesta del acuerdo entre los presidentes de ambos Ejecutivos, José Luís Rodríguez Zapatero y Adán Martín, para definir la figura de transferencia, delegación o coparticipación en la gestión de este ámbito.
Rodríguez indicó que el Estado se ha comprometido a realizar los esfuerzos para la apertura de estos puestos y "ha dejado abierta la puerta al futuro" para la implantación de estos servicios en las islas no capitalinas que lo han solicitado.
El consejero consideró que es un problema económico lo que ha retrasado la puesta en marcha de estos PIF y se mostró conforme en que esta aplicación se tiene que hacer de manera gradual, ya que reconoció que se requieren muchos medios económicos, materiales y personales e incluso recordó que no están completos las relaciones de puestos de trabajo Guardia Civil en los puestos existentes.
Rodríguez Zaragoza recordó que desde hace más de cinco años el Ejecutivo regional ha venido la demandando la puesta en marcha de estos servicios, que actualmente sólo se prestan en Gran Canaria y Tenerife. Así, indicó que se han planteado múltiples solicitudes al Estado, entre las que recordó sus intervenciones en las Conferencias Sectoriales de Agricultura demandando estos servicios "porque Canarias es un coladero de plagas y productos prohibidos" por su transmisión de enfermedades en el ámbito agrario.
Asimismo, apuntó que también la Consejería de Sanidad se ha puesto en contacto con el Ministerio de Sanidad sobre los servicios de sanidad exterior -encargados de la vacunación de personas que viajan a terceros países- y que actualmente son prestados por el Servicio Canario de Salud (SCS), con el complemento de algunos profesionales médicos del ministerio.
Así, sostuvo que el Gobierno regional "no está siendo cicatero" en la colaboración con el Estado para la prestación de estos servicios, cuyo coste fue de 45.000 y 30.000 euros en Gran Canaria y Tenerife, respectivamente, durante 2005. Mientras que la atención a inmigrantes irregulares en Fuerteventura se realiza a través de un convenio con Cruz Roja por importe de 39.000 euros.
Respecto al puerto de Arrecife (Lanzarote), Rodríguez Zaragoza indicó que éste si está incluido entre los 31 que el Estado tiene con Puestos de Inspección Fronteriza (PIF) y se está a la espera del visto bueno por parte de la Unión Europea.
Buscar soluciones
Todos los grupos parlamentarios coincidieron en la necesidad de que los puertos de las islas no capitalinas cuenten con este servicio de control fitosanitario y reclamaron la búsqueda de soluciones para su puesta en marcha. El diputado del grupo Mixto, Celso Betancor, apuntó que este servicio supondría múltiples ventajas para el consumidor y un aumento de eficacia y reducción de tiempo y costes añadidos por tener que realizar la inspección en las islas de Gran Canaria y Tenerife.
El diputado socialista, Eustaquio Santana, recordó que han sido varias las iniciativas parlamentarias aprobadas desde hace cinco años para reclamar al Estado la puesta en marcha de estos servicios e insistió en que ésta es una reivindicación planteada por las Instituciones de estas Islas.
En esta línea se pronunció el diputado del grupo Popular (PP), Ernesto Aguiar, quien consideró "lamentable" que a estas alturas, y pese a que se trata de una reivindicación que cuenta con el apoyo de todas las fuerzas políticas, no se haya buscado una solución.
La diputada de Coalición Canaria (CC), Flora Marrero, que realizó un repaso por los trámites iniciados hace más de cinco años ante el Estado, recordó que en 2000 se iniciaron los trabajos interministeriales para la creación de estos PIF y precisó que se continúa a la espera de la decisión final del Estado, que recordó es el que tiene la competencia "pura y exclusivamente" en este ámbito.
