Redacción
La Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación del Senado ha dado luz verde a una moción del Grupo de Senadores de Coalición Canaria (CC) que exige al Gobierno del Estado que respete los derechos históricos de la flota pesquera canaria en el próximo reparto de licencias que permitirá faenar en aguas territoriales del Reino de Marruecos.
La iniciativa parlamentaria, que fue defendida por el portavoz de CC en la Comisión de Agricultura, José Luis Perestelo Rodríguez, prosperó con una enmienda del Grupo Socialista.
La moción aprobada por la Cámara Alta insta al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación a «que en el reparto de las posibilidades de pesca disponibles para España del Acuerdo Unión Europea - Marruecos no se quede fuera del mismo ningún buque que en el anterior acuerdo hubiera obtenido y utilizado una licencia en la misma modalidad que solicitase».
Teniendo en cuenta este condicionante, se demanda al Gobierno que priorice los derechos históricos de la flota canaria, que siempre ha tenido una amplia cuota de participación en los acuerdos con Marruecos.
Enmienda socialista
No obstante, CC no logró que prosperase una enmienda en la que solicitaba que se agregase un apartado en el que se subrayase que «el Gobierno deberá mantener el espíritu de la Orden Ministerial del 27 de mayo de 1993».
El artículo cinco de la norma primera de esta Orden indica que «en lo referente a la modalidad de buques artesanales y atuneros tendrán preferencia los buques con base en las Islas Canarias o que con probada habitualidad vinieran operando a través de puertos de dicho archipiélago».
El acuerdo de paternariado para la práctica de la pesca firmado el pasado mes de julio entre el Reino de Marruecos y la Unión Europea es un convenio que, a juicio de los senadores de CC, permitirá reactivar un sector como el pesquero que, en el caso de Canarias, afronta actualmente un importante periodo de crisis.
Siete años de interrupción del acuerdo
Después de casi siete años de interrupción del acuerdo, los senadores de CC sostienen que el nuevo convenio es un marco para la recuperación y el recrecimiento de la actividad pesquera en Comunidades como la Canaria que sufrieron el desguace de más de setenta unidades, entre ellas toda la flota sardinal más importante del Atlántico, así como de cerca de cuatrocientos puestos de trabajos directos, amén de infinidad de actividades complementarias como fábricas de harina de pescado, empresas de suministros y avituallamiento, etcétera.
