No será hasta que se conozcan los balances de las mutuas que colaboran con la Seguridad Social cuando podrá saberse con certeza el coste que las bajas laborales les están acarreando este año a las arcas públicas. No en vano, las mutuas gestionan alrededor de siete de cada diez euros que el sistema de protección social destina para los trabajadores que sufren una incapacidad temporal. No obstante, el avance de los datos de las entidades gestoras y los servicios centrales sí permite al menos hacerse una idea de la tendencia. En este sentido, y en datos nacionales, las bajas laborales han costado hasta la fecha prácticamente 4.105 millones de euros, una suma que supone un 15% más que a estas mismas alturas del año pasado, un sensible incremento que da una idea del impacto del coronavirus también en esta cuestión. De esos más de 4.000 millones, exactamente 36,6 millones de euros corresponden al desembolso en favor de enfermos de la Covid-19 y personas aisladas por haber estado en contacto con infectados. Eso sí, hay que recordar que el impacto de la pandemia en el mercado laboral excede con mucho del coste de las bajas, casi anecdótico en comparación con el gasto en ERTE y prestaciones sociales, en alza por la subida del paro.
Más de 11.000 trabajadores canarios estuvieron de baja por el coronavirus entre marzo y abril, los dos primeros meses de la pandemia. El estado de alarma nacional para contener el avance de la Covid-19 se decretó el 14 de marzo y entró en vigor a las 00.00 horas del día siguiente. Ya antes de ese momento, el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social había aclarado que tanto los trabajadores infectados por el virus como aquellos otros que tuvieran que permanecer aislados por haber entrado en contacto con enfermos tendrían a efectos de la baja la misma consideración que quienes sufren un accidente laboral.
En un primer momento, la intención fue que los aislados preventivos, no necesariamente enfermos, fueran tratados como si padecieran una incapacidad temporal por contingencias comunes, como, por ejemplo, por un resfriado o una gripe estacional. Sin embargo, finalmente el Gobierno rectificó para que el importe de la prestación a cobrar por estos aislados asintomáticos llegara al 75% de la base reguladora con cargo a las arcas públicas.
De no haber sido así, este colectivo no habría cobrado ni un solo euro por los tres primeros días de baja, un 60% entre el cuarto y el vigésimo día y únicamente a partir de ese momento habría percibido el 75% de la base reguladora, aunque el equivalente a la primera quincena de baja lo tendría que haber desembolsado la empresa. ¿Cuántos españoles se han visto en esta situación? Alrededor de medio millón en los dos meses iniciales y más duros de la pandemia, según los datos que acaba de publicar el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. En la Comunidad Autónoma fueron exactamente 11.139 trabajadores.
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