18/Abr/2019

AFIRMA QUE TENÍA INFORMES DEL SECRETARIO, QUE TAMBIÉN ESTÁ SIENDO INVESTIGADO

San Ginés suma otra imputación, tras ser llamado a declarar como investigado en una nueva causa penal

Surge del procedimiento por la quiebra de Inalsa, del que se separó una pieza para investigar contratos del Consejo de Aguas. Dos de ellos se firmaron bajo el mandato de Pedro San Ginés, “omitiendo” las normas de contratación

San Ginés suma otra imputación, tras ser llamado a declarar como investigado en una nueva causa penal

El presidente del Cabildo, Pedro San Ginés, ha sumado otra imputación tras ser llamado a declarar en calidad de investigado en una nueva causa penal. “Me encuentro absolutamente tranquilo y deseoso de aclarar cuanto antes cualquier duda”, señala San Ginés en un comunicado remitido este viernes por la institución, en el que informa de que ha sido citado el próximo 16 de enero.

El procedimiento surge del Juzgado de lnstrucción Número 4 de Arrecife, que investiga desde hace años la quiebra de Inalsa. El pasado mes de noviembre, ese Juzgado ordenó abrir unas nuevas diligencias centradas en tres contratos que no estaban directamente relacionados con la empresa pública de aguas, sino con el Consejo Insular de Aguas.  Esa parte se envió a reparto en el Decanato de los Juzgados y ha recaído en el Juzgado de Instrucción Número 1 de Arrecife, que ya ha abierto diligencias y ha cursado las primeras citaciones.

En la nueva causa se investiga entre otras cosas la adjudicación de obras por valor de 2,7 millones de euros “eludiendo” las normas que deben regir la contratación pública, utilizando para ello “de forma indebida” la declaración de emergencia hídrica que impulsó San Ginés bajo su mandato. Así lo advertía un informe del Tribunal de Cuentas que se aportó a la causa principal y que llevó al juez Ricardo Fiestras a reabrir el procedimiento y a ordenar la apertura de unas diligencias paralelas en otro Juzgado. De esta forma, Fiestras asumió solo un cuarto contrato que sí estaba relacionado directamente con Inalsa, que era la empresa que se investigaba inicialmente, y envió a reparto los otros tres, relacionados con el Consejo de Aguas.

 

Contratos millonarios adjudicados “de forma directa”


En la nota de prensa enviada por el Cabildo se subraya que de los cuatro contratos bajo sospecha, dos se firmaron antes de la llegada de San Ginés a la Presidencia, pero los otros dos sí corresponden a su mandato. Sobre uno de ellos, señala que en ese momento "tenía las competencias delegadas Fabián Martín, del grupo PIL". Respecto al otro, el presidente sostiene que el procedimiento estaba "avalado por un informe favorable de legalidad del secretario del Consejo Insular de Aguas". Cabe recordar que el secretario, Francisco Perdomo, también está imputado junto a San Ginés en la causa por la incautación de la desaladora de Montaña Roja, y distintas fuentes han confirmado a La Voz que también habría sido citado a declarar como investigado en este procedimiento. Además, junto a ellos habrían sido citados otros dos trabajadores de la institución.

Uno de los contratos que se investigan en las nuevas diligencias es de agosto de 2012, cuando se destinaron 1.156.642 euros a la sustitución de tuberías de la red de Inalsa. Según el Tribunal de Cuentas, “la tramitación abreviada por emergencia del expediente de contratación se realizó de forma indebida” y supuso la "adjudicación directa del contrato". 

El otro contrato firmado bajo la Presidencia de San Ginés es de junio de 2010. Aunque en esa fecha aún no se había declarado la emergencia hídrica en toda la isla, lo cierto es que se adoptó esta medida “con carácter parcial” para poder firmar este contrato por la vía de urgencia. En total se destinaron 1.584.240 euros a la sustitución de la tubería Uga-Las Breñas y, “a juicio del Tribunal de Cuentas”, según señalaba el juez instructor en su auto, también “se utilizó de forma indebida la tramitación de emergencia” y se omitieron las normas obligadas de contratación.

 

Afirma que la "propuesta" partió de los gerentes del Consejo y el Consorcio


“Por lo que respecta al que supongo me llaman a declarar, desde el Consejo Insular de Aguas se explica que la declaración de emergencia fue una decisión colegiada y adoptada por unanimidad de los miembros tanto de la Junta de Gobierno como de la Junta General del Consejo Insular de Aguas, que facultaron a la Presidencia a realizar por la vía de emergencia cuantas obras fueran necesarias para minimizar las pérdidas”, sostiene San Ginés en su comunicado. Además, no solo se ampara en el informe del secretario sino también en la intervención los que eran gerentes del Consorcio de Aguas y del Consejo Insular de Aguas, ya que afirma que la "propuesta" partió "expresamente de ellos. En el caso del que era gerente del Consejo, José Juan Hernández Duchemín, también está imputado junto a San Ginés en la causa penal por la incautación.

Además, el presidente defiende que esas obras "pudieron haber sido adjudicadas a una sola empresa por elección directa" y que "se hicieron, sin embargo, por lotes a cuatro empresas locales, tratando así de acelerar su ejecución, y adelantándonos a lo que posteriormente han dictaminado las directivas de la Unión Europea que pretende incentivar a la pequeña y mediana empresa de proximidad".

Junto a esos dos contratos, el magistrado también pedía que se investigara un tercero en unas nuevas diligencias, firmado también por el Consejo Insular de Aguas en el año 2007, bajo la presidencia de la socialista Manuela Armas, que gobernaba entonces con el PIL. La obra, consistente en la ampliación del Centro de producción Sur de Agua desalada, tuvo un coste final de 1.803.368 euros y, en este caso, el Tribunal advierte de ausencia de informes y de “irregularidades” en los pagos.

“A la vista de las irregularidades expuestas entendemos que es absolutamente necesario el exhaustivo examen de dichos expedientes de contratación por si de su tramitación o del destino final del importe pudiera revelarse la comisión de una infracción penal”, señalaba el juez en su auto, fechado el pasado 13 de noviembre.

 

Pendiente de la apertura de juicio oral por la incautación


Esta nueva investigación penal que pesa sobre San Ginés se suma a su imputación en la causa por la incautación de la desaladora de Montaña Roja, cuya instrucción ya está cerrada y a la espera de que se resuelvan los recursos y se presenten los escritos de acusación para ordenar la apertura de juicio oral. En el caso del recurso que interpuso San Ginés contra el auto que puso fin a la instrucción, la Fiscalía Provincial de Las Palmas ha pedido que se rechace, ya que considera que hay “sobrados indicios” para llevar a juicio al presidente del Cabildo por un delito contra la administración pública y otro de coacciones.

Por su parte, en el auto previo a la apertura de juicio oral, el juez del Juzgado Número 2 de Arrecife, Jerónimo Alonso, consideraba “indiciariamente acreditado que el investigado, Pedro San Ginés Gutiérrez, en su condición de presidente del Consejo Insular de Aguas, llevó a efecto su personal voluntad, apartándose de la ley” al ordenar esa incautación. Y que lo hizo sin tener “competencias para ello”, sin que esa medida “desproporcionada” estuviera prevista por ninguna normativa, "sin que concurriera una situación de urgencia que lo justificara” y “sin conceder un trámite previo de audiencia” a la empresa propietaria de la planta, Club Lanzarote, “vulnerando su derecho de defensa”.

Además, añadía que San Ginés se valió de informes elaborados “ad hoc”, tanto por parte del que entonces era gerente del Consejo de Aguas, José Juan Hernández Duchemín, como por parte del abogado externo Ignacio Calatayud, que elaboró un dictamen tras la incautación “para dotar” la actuación del presidente de “una apariencia de legalidad” y para “tratar de dar, en alguna forma, cierta cobertura jurídica a la resolución prevaricadora”. Respecto a este letrado, que “tuvo un papel principal” en todo el procedimiento, el auto recordaba que asesoraba al mismo tiempo al presidente y a Canal Gestión, que fue la empresa a la que se le entregaron las plantas incautadas, obteniendo gracias a ello “el consiguiente beneficio económico”.  Y esa empresa que resultó beneficiada de la medida pagaba 3.300 euros mensuales más IGIC a Calatayud, mientras ejercía de asesor del presidente en la incautación.

La contratación de Calatayud también dio lugar a una pieza separada de esa causa, que actualmente se instruye en el Juzgado de Instrucción Número 4 de Arrecife. En el auto ordenando separar esta pieza, el magistrado señalaba que en ella, “lógicamente”, serían “investigados” el propio Calatayud y el presidente del Cabildo y del Consejo Insular de Aguas, Pedro San Ginés.

En esta sección
Comentarios