El empresario Juan Francisco Rosa acaba de comprar parte del terreno donde levantó la bodega Stratvs, reconociendo así que ocupó suelo que no le pertenecía. De esta forma, Rosa ha conseguido que la familia Negrín se retire de la causa penal abierta por la construcción de esta bodega, que continúa a la espera de juicio y en la que entre otras cosas está acusado de un delito de usurpación.
El acuerdo extrajudicial se firmó a finales de diciembre y el día 28 de ese mes el abogado de los Negrín remitió un escrito a la Sección Sexta de la Audiencia Provincial comunicando que se retiraban de la causa. "Esta acusación particular renuncia a seguir ejercitando las acciones penales y civiles que le correspondían en este procedimiento, apartándose del mismo", señala el escrito.
En total, tres familias reclamaban a Rosa por la ocupación de suelo, aunque solo una acudió a la vía penal. Las otras, con las que el empresario también ha llegado a un acuerdo, habían iniciado procedimientos civiles, que ahora quedarán archivados. En cuanto a la causa penal, seguirá su curso con la acusación de la Fiscalía y de la acusación popular representada por Transparencia Urbanística, que reclaman respectivamente 15 y 21 años de cárcel para Rosa en la pieza principal de la causa, que sigue a la espera de juicio.
Además de un delito de usurpación, en esa pieza se juzgarán delitos contra el medio ambiente, contra la ordenación del territorio, contra el patrimonio histórico, de falsedad documental, de estafa y de tráfico de influencias, entre otros. Respecto a la otra pieza que ya fue juzgada, se centraba solo en los hechos posteriores a la construcción de la bodega, cuando recibió la licencia de apertura bajo la Alcaldía de Gladys Acuña. La familia Negrín estuvo personada en ese juicio y ahora también se ha retirado, cuando está en fase de resolverse los recursos contra el fallo de primera instancia.
Reclamaban casi 400.000 euros
El acuerdo extrajudicial fue firmado ante notario por la empresa titular de Stratvs, BTL Lanzarote, aunque no han trascendido los términos económicos. Lo que sí han confirmado a La Voz fuentes cercanas a la familia es que han conseguido que Rosa reconozca todo lo que reclamaban en cuanto a la cantidad de suelo ocupado y que pague por él. En su escrito de acusación, que ahora han retirado, pedían en total 389.673 euros, además de las costas generadas con este pleito, a las que ahora también han renunciado.
Además, a esta cantidad hay que sumar lo que reclamaban los otros herederos de ese suelo, que habían acudido a la vía civil. En total, el empresario ha tenido que comprar ahora más de 16 por ciento del suelo donde levantó Stratvs. El primer acuerdo lo cerró hace cerca de dos meses, con los herederos de Domingo Negrín que habían acudido a la vía civil, y el pasado mes de diciembre firmó otro con la parte de la familia que había acudido a la vía penal.
Repite el patrón que usó para evitar las denuncias contra Marina Rubicón
Ésta no es la primera vez en la que Juan Francisco Rosa llega a un acuerdo extrajudicial para conseguir que un particular retire su acusación contra él, ya que también ocurrió durante la construcción del puerto deportivo ilegal Marina Rubicón. En marzo de 2002, la empresa Consulting Turístico Canaria S.A., del empresario grancanario Juan Padrón, que estaba construyendo un centro comercial en la parcela colindante, se dirigió al Ayuntamiento de Yaiza pidiendo la suspensión de las obras, ya que carecían de licencia municipal. Además, denunciaba que había irregularidades en la concesión que recibió del Gobierno de Canarias y cuestionaba que ese suelo no era apto para uso comercial y que incumplía los condicionantes medioambientales. También subrayaba que a él le obligaron a retranquear la edificación que tenía prevista para cumplir con la servidumbre de protección de costas y, sin embargo, a Marina Rubicón le permitieron instalar una zona comercial delante de su parcela, y por tanto pegada al mar.
Ante la falta de respuesta del Consistorio, Padrón acudió a los tribunales interponiendo un recurso contencioso y el Juzgado llegó a suspender las obras. Sin embargo, los dueños de Marina Rubicón incumplieron esa orden y Juan Padrón presentó una denuncia, esta vez penal, por un delito de desobediencia contra Rafael Lasso, propietario del puerto junto a Rosa y Francisco Armas.
En marzo de 2003, dos años y medio después de haber iniciado las obras, Lasso pidió licencia al Ayuntamiento y la obtuvo en solo seis días (tanto el entonces alcalde, José Francisco Reyes, como el secretario, Vicente Bartolomé Fuentes, fueron después condenados en el caso Yate por conceder ese permiso a sabiendas de que era ilegal y Reyes llegó a confesar que lo otorgó a cambio de un soborno). Tras obtener esa licencia, los promotores del puerto pidieron que se archivara la causa alegando que ya no tenía sentido porque habían obtenido licencia, pero ese permiso fue impugnado por Juan Padrón, que volvió a denunciar que las obras seguían adelante y acusó al Ayuntamiento de "connivencia" con los infractores.
El Tribunal dictó entonces un nuevo auto manteniendo la medida cautelar de paralización de las obras y advirtiendo de que la causa seguiría su curso, pero un mes después Juan Francisco Rosa y Jesús Escribano, en nombre de Marina Rubicón, firmaron un contrato con Juan Padrón por el que le pagaron 1,8 millones de euros. A cambio, Padrón se comprometía a desistir de los cinco pleitos contenciosos que había abiertos, a abandonar también el pleito penal, a presentar escritos en todas las administraciones en las que impugnó cualquier acto relativo a Marina Rubicón y desistir del mismo y a no presentar en el futuro cualquier otra denuncia o reclamación. En caso contrario, debería devolver el dinero a los dueños de Marina Rubicón, además de pagarles 3 millones de euros de indemnización.
En aquel caso, tras retirarse de los pleitos el denunciante, tanto los contenciosos como como la causa penal fueron archivadas y hubo que esperar diez años para que se investigara lo ocurrido con la construcción del puerto, dentro del caso Yate. Sin embargo, esto no ocurrirá con el caso Stratvs, donde desde el inicio está personada la Fiscalía y donde también continúa la acusación popular de Transparencia Urbanística, que fue quien denunció la causa.
