El Juzgado Instructor del caso Unión ya ha ordenado remitir a la Audiencia Provincial la última pieza cerrada de la causa, surgida de la Operación Jable y centrada en la etapa de gobierno de María Isabel Déniz en Arrecife. Fue el pasado mes de enero cuando la juez Silvia Muñoz ordenó abrir juicio oral contra casi una veintena de personas. Ahora, tras cumplirse los últimos trámites y recibirse todos los escritos de defensa, el procedimiento entero pasa al órgano encargado de enjuiciarlo, con lo que queda solo pendiente de que se fije la fecha de la vista.
En una diligencia de ordenación fechada el pasado 21 de junio, el Juzgado dispone que se envíen a la Audiencia tanto los "objetos intervenidos" en la causa como las "cantidades consignadas" para cubrir las fianzas impuestas al ordenarse la apertura del juicio oral. Todo ello se trasladará "a la Sección de la Audiencia que por turno corresponda", que es lo que también se determinará ahora.
Además del Ministerio Fiscal, a través del fiscal anticorrupción Luis del Río, en esta pieza del caso Unión está personado el Ayuntamiento de Arrecife como acusación particular, en calidad de perjudicado, mientras que como acusación popular intervienen la asociación Transparencia Urbanística y la controvertida Asociación de Juristas Jiménez de Asúa.
17 acusados y dos partícipes a título lucrativo
En el caso del Ministerio Fiscal, dirige la acusación contra 17 personas, a las que se suman dos partícipes a título lucrativo –las parejas de Dimas Martín y María Isabel Déniz, Elena Rosario Martín Cabrera y José Domingo Abreut Cabrera- y dos más como responsables civiles subsidiarios, las empresas Urbaser y FCC.
La mayor pena la solicita para el que era jefe de la Oficina Técnica de Arrecife, Rafael Arrocha, para el que pide 19 años y medio de cárcel. En cuanto a la ex alcaldesa, el fiscal le pide 13 años de prisión, mientras que el Ayuntamiento de Arrecife reclama para Isabel Déniz 38 años de cárcel, por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y fraude a la administración.
En esta pieza también están acusados el ex secretario del Ayuntamiento, Felipe Fernandez Camero, para el que la Fiscalía pide 11 años y 9 meses de cárcel; el ex líder del PIL Dimas Martín, para el que reclama 13 años de prisión; el que fuera mano derecha de Dimas, Martías Curbelo, para el que pide 6 meses de cárcel; el ex consejero socialista Miguel Angel Leal, para el que el fiscal solicita 3 años de cárcel; así como directivos de Urbaser, de FCC y de la empresa Gamma Install, de la que eran socios funcionarios públicos como el propio Arrocha y el técnico de Actividades Clasificadas del Cabildo Manuel Jesús Isidro Spínola.
Además, la Fiscalía también pide 45 millones de euros en multas, así como el decomiso de 863.674 euros que presuntamente recibieron cinco de los acusados (Isabel Déniz, Dimas Martín, Rafael Arrocha, Felipe Fernández Camero y Miguel Ángel Leal) en sobornos de Urbaser y Fomento Construcciones y Contratas. El fiscal considera que estas dos empresas recibieron contratos de forma fraudulenta, que después se fueron disparando en el precio, a cambio del pago de comisiones ilegales. Y todo ello "a costa del erario público", ya que el "criterio decisivo" para las adjudicaciones era "el abono de las dádivas solicitadas", y no que las empresas "ofreciesen las mejores condiciones para la Corporación municipal".
