El abogado y ex secretario del Ayuntamiento de Arrecife, Felipe Fernández Camero, está intentando cobrar una segunda factura del Consistorio que se suma a la que reclama por el pleito de Ginory, y que también sería irregular, al superar con creces el importe por el que fue contratado como letrado.
De hecho, fuentes del Ayuntamiento han confirmado a La Voz que ya han impugnado esa segunda factura, que corresponde a la intervención de Camero como letrado en otro procedimiento, relacionado con una demanda interpuesta por los vecinos de Las Caletas contra unos permisos otorgados a la central de Unelco.
En aquel caso, cuando se le contrató para este pleito sí se especificó la cantidad que cobraría del Ayuntamiento, fijándola en 3.531 euros. Sin embargo, en la factura que ha presentado ahora reclama 5.964. La cifra está no obstante muy alejada de la que pide por el pleito del solar de Ginory, para el que se le contrató sin establecer el precio y por el que ahora pretende cobrar más de 277.000 euros. Y todo ello pese a que era un contrato menor, adjudicado por decreto en 2011 por Cándido Reguera, y por tanto no podía superar los 18.000 euros.
Reclamó ante el Juzgado sin haber presentado la factura a Arrecife
En el caso de ambas facturas, Fernández Camero no las había presentado ante el Ayuntamiento sino que ha acudido directamente al Juzgado donde se dirimió cada procedimiento, para que sea éste el que inste al pago a la Corporación. Ésta es una opción que tienen los letrados, pero está prevista para los casos en los que el abogado se ha dirigido previamente al cliente (en este caso el Consistorio) sin haber conseguido el abono, cosa que no ha ocurrido con estas facturas, dado que ni siquiera constaban en el Ayuntamiento.
Así, en los dos casos ha sido el Juzgado quien le ha dado traslado de las facturas a Arrecife, instándole a proceder al pago o a impugnarlas. Y en lo que respecta a la del pleito de Ginory, que asciende a más de un cuarto de millón de euros, esas notificaciones judiciales no fueron entregadas a la entonces alcaldesa, Eva de Anta, hasta que ya había caducado el plazo para alegar. Así, la orden judicial se hizo firme, en circunstancias que aún no han sido aclaradas.
En cuanto a esta nueva factura que reclama ahora Camero, el abogado tampoco la había presentado al Ayuntamiento y acudió directamente al Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 4 de Las Palmas, donde se dirimió el otro pleito en el que intervino, para que éste reclamara el pago.
Sin embargo, en esta ocasión la notificación del Juzgado sí ha llegado a la primera edil, Ástrid Pérez, que el pasado 30 de septiembre firmó un decreto designando a la técnico municipal Elena Martín, que está adscrita al departamento de asesoramiento jurídico, para que represente al Consistorio frente a esa reclamación de cantidad de Camero. Y la decisión del Ayuntamiento ha sido impugnar la factura, "porque no coincide lo que está contratado con lo que pretende cobrar".
Con la factura de Ginory consiguió evitar que se fiscalizara
Según el Consistorio, esta vez sí han llegado a tiempo para presentar esta impugnación, a diferencia de lo que ocurrió con la factura correspondiente al pleito de Ginory. En aquel caso, al haber vencido el plazo para alegar ante el Juzgado ya no se aceptaría la impugnación, y solo podría intentar evitarse abriendo otras vías en los tribunales, dadas las "irregularidades" que se detectaron.
Entre ellas está el propio importe -"manifiestamente improcedente y absolutamente desproporcionado" según advirtió la ex alcaldesa-, cuando se trataba de un contrato menor que no podía superar los 18.000 euros. Además, la factura ni siquiera estaba a nombre de Camero, que es a quien se contrató como persona física, sino a nombre de una empresa, Adelfas SL, con la que el Ayuntamiento no tenía contrato alguno. Y por último, el ex secretario -que actualmente está a la espera de juicio acusado de cohecho y de malversar fondos públicos de Arrecife-, ni siquiera registró la factura en el Consistorio como cualquier proveedor para que pudiera ser fiscalizada, sino que acudió directamente al Juzgado, y con ello terminó evitando que se produjera esa fiscalización.
Además, en el importe de esa factura solo hace referencia a sus honorarios por la primera instancia y el incidente de ejecución de la sentencia, que son los que se resolvieron en el Juzgado al que se dirigió para reclamar ese abono. Sin embargo no menciona la segunda instancia, que se resolvió ante el TSJC, por lo que aún podría intentar hacer otro cargo al Consistorio. Y todo ello por un pleito que perdió y que supone una de las mayores losas económicas a las que se enfrenta el Ayuntamiento, que tiene que pagar a los dueños de ese suelo más de 30 millones de euros, después de no haberse recurrido siquiera la tasación.
