El juez del Juzgado de Instrucción número 4 de Arrecife ha imputado cuatro delitos a los tres encarcelados por prostituir menores en clubes de alterne de Lanzarote. En concreto, los tres enviados a prisión provisional, que son el dueño, un portero y una persona que supuestamente se encargaba del traslado de las víctimas desde el apartamento donde se encontraban retenidas, se enfrentan de prostitución, corrupción de menores, pornografía infantil y tráfico de drogas, según han confirmado a La Voz desde el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
Hay que recordar que, en la operación, la Policía Nacional liberó a tres menores de edad y detuvo a un total de ocho personas. En concreto, según han señalado ahora desde el cuerpo policial, se trata de siete hombres y una mujer de nacionalidades española, cubana, colombiana e italiana.
En cuanto a los otros cinco arrestados que no fueron enviados a prisión preventiva, desde el TSJC han apuntado que al menos tres de ellos han quedado en libertad con cargos. Una de estas personas es otro portero de un club de alterne, mientras que las otras dos son presuntos traficantes de droga.
Denuncia de la dirección del centro de menores
Según ha podido saber La Voz de otras fuentes, la investigación se inició tras una denuncia de la propia dirección del centro de menores de Arrecife, que alertó de reiteradas ausencias de algunas jóvenes que se encontraban tuletadas en el mismo. Tras ello, la Policía Nacional pudo acreditar que estos abandonos estaban relacionados con la captación de menores para ser explotadas sexualmente.
Tras ser captadas, según trasladó la Policía Nacional, las víctimas eran aisladas en apartamentos que únicamente abandonaban para ir a comprar ropa o enseres íntimos, siempre acompañadas por miembros de la red criminal. Las menores eran recogidas en estos apartamentos y trasladas a clubes para ser explotadas sexualmente. Una vez en los locales, y durante toda la noche, eran obligadas a consumir sustancias estupefacientes para inhibir su voluntad y obligarlas a mantener relaciones sexuales con cualquier cliente que decidieran los encargados de controlar el negocio.
Según informó la Policía Nacional, la red obtenía el setenta por ciento de los beneficios de la explotación de las menores y, además, les cobraban un alquiler por la vivienda donde permanecían retenidas. Todo el dinero obtenido era blanqueado a través de TPVs asociados a otros negocios, los cuales eran explotados por el líder de la organización a través de un entramado de empresas y de testaferros. Además, todos los integrantes de la organización poseían cuentas bancarias con altas cantidades de dinero.
Para materializar la desarticulación de esta red, la Policía Nacional estableció un dispositivo que culminó con el registro simultáneo de seis inmuebles en Arrecife, en los que se detuvo a los ocho integrantes de la red criminar y se liberó a tres menores. Además se intervinieron 48.000 euros, 200 gramos de cocaína y otras sustancias estupefacientes como MDA, polen, o marihuana, una pistola simulada y documentación con anotaciones de dinero, nombres de chicas, servicios sexuales, teléfonos móviles y un vehículo.
