El Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas que condenó a la web satírica El Agitador a pagar 3.000 euros. Aquel fallo, ratificado ahora por la nueva sentencia, entendía que se había "vulnerado" el derecho al honor y la propia imagen del demandante, el fiscal coordinador de Lanzarote Miguel Pallarés, al caracterizarlo como el humorista Chiquito de la Calzada en la viñeta "Demolition Man".
Ante la decisión del Supremo, El Agitador, aunque la acata, ha vuelto a incidir en que la considera "absolutamente desproporcionada". Considera, además, que "pone en entredicho la libertad de expresión en este país". La web recalca que su única intención fue "denunciar una situación de ilegalidad", la de la vivienda del fiscal, y adelanta que seguirá "denunciando la corrupción".
Ha sido la propia web satírica quien ha hecho pública esta sentencia, explicando que, nuevamente, alude exclusivamente a la imagen de la viñeta, que "considera tenía como único fin la burla contra el fiscal Miguel Pallarés". "La sentencia del Supremo no ha considerado el contexto significante que argumentó la defensa de El Agitador, esto es, la situación de ilegalidad en la que sigue encontrándose la vivienda que el fiscal posee en Lanzarote, al estar en suelo rústico y con orden de derribo" parcial, explica El Agitador, que recalca que la intención de la viñeta era "denunciar esta situación, y no la simple burla hacia el fiscal".
Un fiscal con una "vivienda ilegal con orden de derribo", algo "insólito"
"Frente al hecho, a nuestro entender insólito, de que un fiscal posea una vivienda ilegal con orden de derribo, junto con unas declaraciones que realizó Miguel Pallarés a la salida de un juicio en las que afirmó que ‘es importante que no nos acostumbremos a la corrupción, aunque sea pequeña, porque al final acabaremos viviendo en un Estado podrido’, El Agitador ideó la imagen del fiscal caracterizado como un humorista, para denotar la incoherencia de pronunciar esa frase al tiempo que es propietario de una vivienda ilegal que se encuentra inmersa en uno de los grandes casos de corrupción urbanística de Lanzarote, como es el caso Bufona", agrega el comunicado de El Agitador.
A su entender, la sentencia del Supremo "supone un nuevo golpe a la libertad de expresión en nuestro país, en una época en que las denuncias y la protesta social intenta ser acallada desde el Gobierno con instrumentos legales como la Ley Mordaza". "El Agitador continuará denunciando la corrupción como lleva haciendo los últimos diez años, con humor y con risas, porque el objetivo sigue siendo que podamos vivir en un país donde la democracia se fortalezca cada día frente a quienes han hecho de la corrupción y el mal gobierno una forma de vida", concluye.
