El presidente del Cabildo de Lanzarote, Pedro San Ginés, ha invitado ahora "a cualquiera" de los consejeros de la oposición en la Primera Institución insular a ejecutar el acuerdo plenario que aprobaron el pasado 9 de octubre para tratar resolver el conflicto laboral de los Centros Turísticos. San Ginés comenzó trasladando esa "invitación" a la secretaria general del PSOE en Lanzarote, María Dolores Corujo, y al portavoz del partido en el Cabildo, José Juan Cruz Saavedra, y después la hizo extensiva a otros consejeros socialistas y en particular a Marcos Bergaz, que es quien forma parte del Consejo de Administración de los Centros. Ahora, en un nuevo comunicado, plantea que sea cualquier consejero del Cabildo quien lo ejecute.
Esta nueva propuesta llega después de que el propio San Ginés, junto a dos consejeros de CC, el consejero delegado de los CACT, José Juan Lorenzo, y la presidenta de Asolan, Susana Pérez, votaran en contra del acuerdo en el Consejo de Administración celebrado el pasado martes, al que no asistieron ni la oposición, ni el representante del Comité de Empresa ni el de los ayuntamientos.
En su nueva nota de prensa, San Ginés insiste en que ese acuerdo es "nulo de pleno derecho", aunque a su vez asegura que no será "obstáculo alguno" para que salga adelante. Así, tras afirmar que el PSOE rechazó la "oportunidad" que le había ofrecido, se la traslada a toda la oposición, "para actuar con valentía, honestidad, responsabilidad y compromiso hacia sí mismos, hacia sus votantes y hacia los propios trabajadores de los CACT, a los que han prometido un acuerdo que es inejecutable, no porque lo diga el presidente de esta Institución sino porque así lo dictaminan cinco informes elaborados por distintos departamentos del Cabildo de Lanzarote y un equipo jurídico externo".
Mensaje a Ciudadanos y a Somos Lanzarote
San Ginés hace referencia en particular a dos consejeros del Pleno, el de Ciudadanos, Benjamín Perdomo, y el portavoz de Somos Lanzarote, Tomás López. Respecto a Perdomo, señala que "recientemente declaró ante la opinión pública estar dispuesto a asumir el reto, a ejecutar el acuerdo que votó". En cuanto a Tomás López, hace alusión a las "excusas públicas" que ha dado para justificar su ausencia en el último Consejo de Administración, "aduciendo que de nada serviría asistir a un Consejo en el que la oposición está en minoría ostentando el gobierno el 60 por ciento del voto". Al respecto, San Ginés afirma que "asume el compromiso público" de "utilizar ese 60 por ciento, precisamente, para delegarle a él mismo o cualesquiera otro la aprobación y ejecución del acuerdo plenario".
A continuación, el presidente insiste en que "los informes de la asesoría jurídica y de la dirección de Recursos Humanos del Cabildo de Lanzarote declaraban la nulidad de cualquier acuerdo plenario que se adoptase en este sentido por ser contrario a la Ley General Presupuestaria". Y también vuelve a hacer referencia al informe de Intervención, "el más importante de todos, porque a su sentido supeditaba la oposición su materialización", reiterando su opinión de que es "inequívocamente desfavorable", pese a que la oposición sostiene lo contrario. Además, añade que a esos dictámenes "se unen ahora uno jurídico penalista externo, que advierte sobre la posible comisión de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos por parte de quienes respalden ese acuerdo, y un quinto informe, elaborado también por la asesoría jurídica del Cabildo de Lanzarote, que fue presentado en el Consejo de Administración de los Centros celebrado el pasado martes".
Este informe, firmado por tres letrados de la asesoría jurídica de la Primera Institución insular, concluye según San Ginés que el acuerdo plenario "no puede devenir eficaz pues su presunción de validez queda destruida con la advertencia de ser contrario a Derecho". "El texto explica que el acuerdo fue adoptado sin que los consejeros que votaron a favor tuvieran en consideración el informe elaborado el pasado 11 de septiembre por esta asesoría jurídica, que advertía que de adoptarse el acuerdo plenario en los términos en los que estaba redactado, sin reajustar el complemento personal a aquellos trabajadores existentes en la plantilla antes de la entrada en vigor del convenio, no se ajustaba a la legalidad y, por tanto, el acuerdo sería nulo de pleno derecho", añade el comunicado remitido por el presidente, que agrega que "el documento define también las posibles vías de impugnación del acuerdo plenario".
Por último, Pedro San Ginés pide a Andrés Barreto, "asesor y representante de los trabajadores de los Centros durante el conflicto" y a Intersindical Canaria, a quien acusa de ser el "principal instigador y motor de la huelga", que "actúen con coherencia y exijan la ejecución del acuerdo plenario a los partidos políticos que se alinearon con el Comité de huelga porque, en caso contrario, demostrarán a la opinión pública que todo lo sucedido tiene únicamente una motivación política, tal y como hemos sostenido desde el inicio".
